El diputado del PP Alberto Casero tiene previsto comparecer este lunes en el Tribunal Supremo como investigado para prestar declaración voluntaria, sin necesidad de cursar el suplicatorio, sobre las adjudicaciones irregulares de cinco contratos públicos cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres).

El instructor del procedimiento Andrés Palomo le ha citado a las 11.30 al amparo del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite eludir el trámite del suplicatorio al Congreso o al Senado.

Se da la circunstancia de que en las últimas ocasiones en que el Supremo ha ofrecido la posibilidad de comparecer voluntariamente a diputados o senadores, estos lo han rechazado, como fueron los casos de los diputados de Unidas Podemos Diego Cañamero y Alberto Rodríguez o la entonces diputada de JxCAT Laura Borrás.

Fuentes del Grupo Parlamentario Popular han informado a Efe de que el diputado Alberto Casero sí que tiene previsto comparecer voluntariamente ante el alto tribunal que, como ha hecho en anteriores ocasiones con parlamentarios, le da la opción de declarar lo que estime procedente para su defensa sobre la causa abierta por supuestamente adjudicar hasta cinco contratos a dedo y sin expedientes en Trujillo.

En el supuesto de que eludiera su comparecencia, el instructor deberá acordar bien el archivo de la causa o la petición a las Cortes del suplicatorio para poder citar a Casero como investigado.

A finales de marzo, la Sala de lo Penal dictó un auto en el que acordaba la apertura de la causa según la exposición razonada elevada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo (Cáceres) por un presunto delito de prevaricación, si bien la Fiscalía ve indicios también de malversación.

El Juzgado de Trujillo abrió diligencias previas en virtud de una denuncia de la Fiscalía relativa a determinados contratos, acuerdos o convenios concertados por Alberto Casero, en su condición de alcalde de Trujillo, en 2017 y 2018, con terceros.

Será el Supremo el que tenga que dilucidar ahora si Casero, como alcalde trujillano (2011-2019), adjudicó hasta cinco contratos a dedo, sin expedientes y saltándose la ley de contratos públicos, contratos que terminaron judicializados por los impagos del consistorio, como relata el escrito de la jueza, que respalda la fiscalía del Supremo.