Las posiciones estaban fijadas de partida, tras dos años de disquisiciones, debates y matices en el proyecto de ley que ha llegado al Congreso de los Diputados, así que durante su discusión en el Pleno no se han producido sorpresas. Las palabras, más gruesas de la bancada de la derecha, y más tibias desde partidos como el PSOE al proyecto de Igualdad, que ha considerado que la ley se queda corta porque no contiene medidas contra la prostitución. «Lo único que veo al mirar clubes de alterne son campos de concentración de mujeres», se ha enconado Laura Berja (PSOE) para justificar por qué su partido estuvo a un ¡ay! de hacer saltar la norma la semana pasada. La norma también ha recabado halagos en la izquierda parlamentaria, PNV y Cs, que han cedido posiciones con tal de que haya una ley que garantice reparación a todas las víctimas de abusos sexuales.

«Hoy es un día de felicitación», ha saludado Inés Sabanés, del Grupo Plural a la ministra Irene Montero. La ministra ha señalado que por «mucho ruido reaccionario» que haya se va a aprobar su ley. «Esta norma reconoce que las violencias sexuales, el acoso, la mutilación genital, el matrimonio forzado, la violencia digital, económica y vicaria, y el exhibicionismo son todas violencias machistas».

El debate en el pleno del Congreso de los Diputados del proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual ha transcurrido este jueves 26 de mayo por cauces más tranquilos de los que ha tenido la propia norma, tras dos años de camino tortuoso y complejo desde que salió del Consejo de Ministros en marzo de 2020. Con grandes dudas acerca de su encaje jurídico y de algunas tipificaciones reformuladas en el Código Penal, como la fusión del delito de abuso y agresión sexual (que supone rebajar las penas para las agresiones más graves, ha afeado Marta González, del PP), lo cierto es que las numerosísimas enmiendas introducidas durante la tramitación parlamentaria de la norma ha tamizado por completo el proyecto impulsado por el Ministerio de Igualdad. El mejor ejemplo es el epicentro de la norma: el consentimiento. «Se pone en el foco de todas las relaciones, en el centro», se han felicitado desde Unidas Podemos, pero el consentimiento se modificó a instancias del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el propio Tribunal Supremo porque quebrantaba el pilar básico de todo Estado de Derecho, que es la presunción de inocencia. «Invierte la carga de la prueba» contra el hombre, invocaron los organismos judiciales. Hoy lo han repetido los dos partidos que votan en contra de la norma, PP y Vox.

En su intervención, la diputada Carla Toscano, de Vox, ha protagonizado el mayor cruce de acusaciones contra la ministra de Igualdad. «Es una pena que se quieran cargar aquello tan bonito de ‘dime quién eres y te pido para Reyes’ o ‘eso es un cuerpo y no el de la Guardia Civil», eliminando, ha reprochado Toscano, «tamañas muestras de ingenio popular». «Mire, ministra -ha instruido- la grosería no es un delito». Toscano ha leído palabras del hijo de Rafael Marcos y María Sevilla, la expresidenta de la asociación Infancia Libre, con el consentimiento del padre, acerca de que no quería ir con su madre, a la que la ministra defendió y pidió al Estado que blinde a las madres protectoras de sus hijos aunque los secuestren en contra del criterio de los padres. «El espíritu de esta ley es el odio al hombre: dan pie a que cualquier mujer se vengue de cualquier inocente, porque van a tener que demostrar ellos que sí recibieron el consentimiento para mantener una relación», ha objetado Toscano.

(ABC)