Un trabajador social de un centro tutelado de menores de Teruel está siendo investigado como presunto autor de un delito de agresión sexual dentro del edificio y del que la víctima sería una menor de 16 años que reside allí.

El investigado, de 34 años, fue detenido este fin de semana y puesto a disposición judicial. Tras declarar ante el juez, este decretó libertad provisional con la correspondiente orden de alejamiento, por lo que en estos momentos el hombre no trabaja en el centro.

El juez tomó declaración también a la menor y a siete personas más y está pendiente de recibir los resultados de informes toxicológicos, análisis de teléfonos móviles y estudios de médicos forenses. Desde el Gobierno de Aragón indicaron este martes que respetan “todas las decisiones tomadas por parte de los tribunales” y que, en los casos de menores tutelados, “todas las medidas que se toman son en defensa del interés superior del menor”, por lo que no ofrecen información de causas vinculadas a ellos.

También el fin de semana fue detenido un hombre de 48 años denunciado por dos menores de 15 y 17 años que habrían sufrido tocamientos en la carpa festiva instalada en el barrio del Ensanche aprovechando la aglomeración de gente. Tras prestar declaración, el juez lo dejó en libertad provisional a la espera de las conclusiones de los informes médicos forenses.

Además, la Audiencia de Teruel condena a dos años de prisión a un joven vecino de una pequeña localidad de la Sierra de Albarracín que en octubre de 2021, durante unas fiestas, realizó tocamientos a una chica de 15 años y la besó. El procesado ha sido inhabilitado para trabajar con menores durante 7 años.

El acusado, que al día siguiente del suceso acudió acompañado de su madre a pedir perdón a la joven por lo sucedido, reconoció este martes los hechos y se conformó con la pena propuesta por el Ministerio Fiscal, por lo que no fue necesario continuar con el juicio.

La abogada defensora del joven, Olga Sánchez, solicitó a la Sala la suspensión de la pena de prisión con la condición de que el procesado no cometa ningún delito durante el tiempo fijado para la condena, mientras que la Fiscalía informó favorablemente sobre esta posibilidad, sumándose a ello la acusación particular -ejercida por la familia de la joven-. Esta última, si bien ha renunciado a percibir una indemnización, ha mantenido la acción penal.