Antonio Fernández Villacorta*. (Remitido) Corría el mes de septiembre de 2017 cuando sin previo aviso todos los permisos fueron suspendidos y las órdenes eran claras: maleta y saliendo para Barcelona, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había emitido un auto ordenando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado impedir la celebración del referéndum separatista del uno de octubre y el gobierno parecía dispuesto a cumplir este mandato.

El plan parecía inmejorable, combatir al separatismo catalán con amparo judicial y voluntad política y todo eso alojados en barcos en el mismo puerto de Barcelona.

Pero nada más lejos de la realidad, todo fue un espejismo en el panorama nacional una vez más y nosotros, los agentes de la Unidad de Intervención Policial junto con el resto de policías y Guardias Civiles íbamos a ser de nuevo, esa delgada línea azul a la que unos iban a “manosear” y otros iban a “escupir”.

Sin duda un muelle de inflamables en el puerto, cargado de almacenes de productos químicos y depósitos de gas no parecía el lugar ideal para atracar un barco para alojar a cientos de policías, por cierto un barco con tripulación italiana de escaso castellano y sobrada mala educación (¿Dónde estaban las navieras españolas? De perfil). No obstante la moral era alta y las ganas de neutralizar el referéndum separatista eran tan inflamables como aquellos depósitos que nos rodeaban.

Los días pasaban entre la monotonía, el entrenamiento, y la protección de edificios del estado que comenzaban a verse amenazados, aun mas, por las hordas separatistas bien teledirigidas por sus amos políticos.

¿Pasábamos hambre? Si, por su puesto. Una dieta barata digna del camping de carretera más cutre posible y en ocasiones de dudosa calidad. Dieta que había que complementar con un kilométrico paseo hasta el supermercado más próximo. Pero no estábamos ahí para quejarnos, sino para combatir al separatismo. La motivación seguía por las nubes y solo había un objetivo posible: el uno de octubre.

Y el uno de octubre llegó.

Las órdenes eran concisas. Un auto del T.S.J.C. nos ampara para impedir la celebración del referéndum separatista y a la vez se debe de incautar todo el material relacionado con el mismo, especialmente urnas y ordenadores.

¿Detener a los autores de delitos relacionados con el referéndum y desordenes públicos ese día? Esa habría sido la aplicación estricta de la legalidad y del código penal y lo normal en un Estado democrático de Derecho, pero… ¿Quería el gobierno del Partido Popular titulares al día siguiente hablando de cientos de detenidos separatistas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña? Probablemente no.

Y comenzamos con el dispositivo.

Colegio electoral tras colegio el patrón de actuación separatista se repite. En el exterior un grupo de independentistas móvil en mano impidiendo el acceso, en ocasiones sentados en ocasiones formando barreras, cadenas en las puertas, y en el interior otro grupo de independentistas mitad sentados mitad de pie estos ya si utilizando la resistencia, empujones, patadas, insultos, etc. Por supuesto ordenadores y urnas a buen recaudo escondidos por los inverosímiles recovecos de un colegio donde días antes niños y jóvenes jugaban y aprendían, eso sí, en catalán. Niños por cierto, que en no pocos casos eran utilizados como escudos por estos miserables separatistas brazos en alto y todo bien documentado para la campaña psicológica –publicitaria que vendría a continuación.

Y por supuesto no podía faltar la pareja de policía autonómica catalana en las proximidades, de brazos cruzados en el mejor de los casos (pero eso sí, a sueldo del Ministerio del Interior con un coste para todos los españoles de 630 millones de euros en 2019).

La jornada transcurre con el cumplimiento de las órdenes y del auto del T.S.J.C. como no podía ser de otra manera tratándose de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Colegios electorales desalojados, cerrados y el material electoral intervenido. No había descanso, sin tregua. Las órdenes son para cumplirlas, en especial cuando se trata de combatir al separatismo.

Sin embargo a las trece horas todo se detiene, la jornada da un vuelco y hay contraorden: furgonetas y repliegue a los barcos.

La estupefacción es máxima, a penas se habrá hecho el 30% del trabajo y nos retiran. Nadie entiende nada, hasta que alguien con mando da una posible explicación: “se está viendo en las televisiones el uso de la fuerza y alguna carga policial y el Gobierno no quiero que el dispositivo continúe”.

¿Es esa la verdad del repliegue?, si lo fuera, ¿a alguien le sorprende?

Cincuenta días después muchos policías y guardias civiles regresaron a sus hogares con sus familias.
Aproximadamente 120 de ellos investigados por la Justicia catalana tras ser denunciados por organizaciones separatistas bien regadas de dinero público para entre otros cometidos la discriminación contra todo lo español.

Separatistas y sus líderes impunes de nuevo en las calles e instituciones amenazando con volver a hacerlo, represión en las calles y aulas de Cataluña, caudal de dinero de todos los españoles que no cesa tras el chantaje de los partidos separatistas en el Congreso. ¿Mereció la pena dar la cara por el gobierno español? NO rotundo. ¿Mereció la pena el sacrificio para enfrentarse al separatismo y defender a la Nación española? SI SIEMPRE. Y LO VOLVEREMOS A HACER.

Si bochornoso fuel el resultado final, decepcionante también fue el ver al Capitán General de los Ejércitos y Jefe del Estado, firmar el Real decreto que indultaba de la alta traición y rebelión a los golpistas.

En respuesta final al desprecio que nos trae hasta este artículo y usando nuestro refranero del loable idioma castellano, lo hable quien lo hable: “no ofende quien quiere sino quien puede” y “no hay mas desprecio que no hacer aprecio”.

Postdata: para acabar con el separatismo no miren ni a la Justicia ni a la delgada línea azul. El comienzo del fin está en una reforma Constitucional. Pero, ¿le interesa realmente al bipartidismo acabar con quien quiere romper España?

VIVA LA GUARDIA CIVIL, VIVA LA POLICÍA NACIONAL Y VIVA ESPAÑA.

*Agente de las Unidades de Intervención Policial (U.I.P.)