El Gobierno aprobará una nueva ley del aborto para desactivar el recurso del PP ante el Constitucional
Activistas proabortistas.
La ley permitirá el aborto para las chicas de 16 y 17 años sin permiso de sus padres, según el borrador del Gobierno del que informa la Cadena SER. La nueva ley quiere cambiar el modelo para garantizar que el aborto se realice en un centro sanitario público y, excepcionalmente, en una clínica privada acreditada. Regula la objeción de conciencia de los profesionales y crea un registro de objetores en cada comunidad autónoma. Dice que el acceso al aborto no se verá afectado por esa objeción individual. Para ello, los servicios públicos se organizarán y asegurarán el personal sanitario suficiente para que la mujer pueda interrumpir su embarazo.
Además, mantiene los plazos: aborto libre y a petición de la mujer dentro de de las 14 semanas de gestación. Según el borrador, hay una disposición que deroga la actual norma de 2010 recurrida desde hace 12 años ante el Constitucional, por lo que el recurso del PP quedaría vacío de contenido porque esta es una ley nueva.
Se reconoce el derecho a la salud menstrual
Hay otras medidas que se conocían menos y que reconocen el derecho a la salud menstrual. Las bajas por reglas dolorosas serán de tres días y los centros educativos deberán garantizar productos para la menstruación cuando sea necesario.
También tendrán acceso gratuito a los productos para la menstruación las mujeres en riesgo de exclusión, lo que se llama pobreza menstrual, así como las mujeres en las prisiones. La ley elimina el IVA para los artículos de higiene femenina. Y prevé baja laboral también para la interrupción del embarazo.
El anteproyecto garantiza la financiación pública de los anticonceptivos hormonales, de la píldora del día después y la distribución gratuita en institutos vinculada a campañas de educación sexual. Además, recoge como una forma de violencia contra las mujeres los vientres de alquiler. Prohibirá la publicidad de las agencias con sanciones y da un paso más. Dice que los tribunales españoles podrán perseguir a las parejas que recurran al extranjero para la gestación subrogada, práctica ilegal en España.
