Representantes de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acaban de concluir en Mallorca una investigación sobre el indignante caso de la prostitución de menores tuteladas en Baleares. Habrá que esperar tres meses para conocer las conclusiones del informe sobre unos hechos que han despertado la indignación ciudadana.

La pésima gestión del Ejecutivo de la socialista Francina Armengol ha sido, entre otros motivos, la causa de que el Parlamento Europeo haya tomado cartas en un caso que se destapó hace más de dos años por las denuncias de las madres de las menores, y que tiene como foco el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. Un Administración que se ha empeñado en los últimos días en calificar la misión europea como “partidista”.

No hay que olvidar que, en febrero de 2020, PSOE, Més y Unidas Podemos votaron contra la creación de una comisión de investigación de este caso. Desde entonces el Gobierno de Armengol tomó una sospechosa actitud de entorpecimiento ante las investigaciones, quizás para evitar las responsabilidades políticas de un escándalo que destapó una red de drogas y prostitución que ponía en cuestión la tutela que la Administración regional ejercía sobre los menores vulnerables. Este caso tiene similitudes con el de la Comunidad Valenciana, que implica a la vicepresidenta Mónica Oltra. Sorprende la doble vara de medir del PSOE que en el parlamento español alienta la investigación de los abusos sexuales en el ámbito eclesial, pero se niega a que se investiguen allí donde los menores están bajo tutela de la administración.