Bernardo Fernández.- Me siento orgulloso de formar parte de una sociedad bilingüe, como es la catalana. Poder hablar dos idiomas, de forma indistinta, en el día a día, con absoluta normalidad, es un lujo intelectual y una riqueza cultural de la que pocos seres humanos pueden presumir. Por eso me parece una aberración que algunos descerebrados quieran imponer la primacía de una lengua sobre otra en un país como Cataluña porque tenemos la inmensa fortuna de tener dos idiomas oficiales. Sin embargo, para nuestra desgracia, las lenguas se han convertido en un arma arrojadiza de unos contra otros y de otros contra unos, y así se azuzan las más bajas pasiones.

La polémica sobre la inmersión lingüística es recurrente en nuestro país. Cada equis tiempo surge algún motivo que reaviva el debate. Lo estamos viviendo estos días con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a un colegio de Canet de Mar a dar el 25% de las clases en castellano, a petición de los padres de un alumno.

Da la sensación que hemos olvidado que el catalán, al igual que otras muchas cosas, fue duramente reprimido por la dictadura franquista en sus casi cuarenta años de existencia. Además de eso, se da la circunstancia de que es una lengua minoritaria y, por lo tanto, debe ser tratada con especial delicadeza para que no quede en algo puramente anecdótico.

Así lo entendieron las fuerzas de izquierda (PSC y PSUC) en los comienzos de nuestra democracia, de tal manera que esa inquietud quedó plasmada en la ley de normalización lingüística que se aprobó en el Parlament en 1983. CiU que era partidaria de una doble red escolar (educar en catalán y castellano por separado), acabó sumándose al acuerdo, logrando, de ese modo, un amplio consenso sobre la cuestión.

Más tarde, se aprobó la Ley 1/1998 de 7 de enero de Política Lingüística. El apartado II del marco jurídico de dice que El Estatuto de Autonomía, en el artículo 3, dispone: «1. La lengua propia de Cataluña es el catalán. 2. El idioma catalán es el oficial de Cataluña, así como también lo es el castellano, oficial en todo el Estado español. 3. La Generalidad garantizará el uso normal y oficial de los dos idiomas, adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y creará las condiciones que permitan alcanzar su plena igualdad en lo que se refiere a los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña… ».

Así pues, en Cataluña se viene practicando la inmersión lingüística desde 1983. La inmersión es un sistema diseñado para garantizar la competencia en catalán y en castellano de todos los alumnos. Nació con la idea de que los hijos de los no nacidos en Cataluña, a partir de la lengua, tuviesen una integración social y cultural plena. Otra cosa es el uso y/o abuso indebido que en alguna ocasión se haya podido hacer de la norma

Ahora bien, desde que se puso en marcha la inmersión han ocurrido muchas cosas, como, por ejemplo, la globalización económica, social y cultural o la aparición de las redes sociales y, todo eso, está incidiendo en el uso, no solo del catalán, sino de todos los idiomas. Quizás, por eso, ha llegado el momento de abrir un debate sobre la efectividad real de la inmersión y si son necesarios cambios.

La convivencia de lenguas en la democracia española, mal pese a algunos, es un éxito. Los conflictos son escasos, pero preocupantes porque ponen de manifiesto que alguna cosa falla en el sistema. En Cataluña existen más de 5.000 centros escolares y se pueden contar con los dedos de las manos los lugares en que ha habido roces significativos. De todas formas, es un mal síntoma que los jueces tengan que decidir sobre cuestiones que tiene que ver con la educación, pero es peor, todavía, buscar pingüe rentabilidad socio política exacerbando al personal con una materia tan sensible como la lengua.

Lo que no es de recibo, y deberíamos rechazar todos, es convertir el uso de una lengua u otra en un campo de batalla. Es inadmisible que se presione a los dependientes de comercios, bares o restaurantes a que se dirijan a sus clientes en una lengua determinada. Como tampoco se puede admitir que algún que otro hiperventilado de las élites políticas y/o sociales ha llegado a criticar a la Generalitat por contratar a 600 profesionales de la sanidad provenientes de Andalucía porque no hablaban catalán.

De la misma manera, tampoco es admisible la actitud de un repartidor que no dejó un paquete en su destino porque el receptor le cantó el número de su Documento Nacional en catalán. Al igual que es reprobable la actitud de una familia en Lleida que se llevó el ataúd, en mitad del funeral, porque el párroco estaba haciendo la ceremonia en catalán.

La realidad es tozuda y el hecho cierto es que en la Cataluña de hoy más de la mitad de los ciudadanos tenemos nuestros orígenes fuera del país y, por lo tanto, nuestra lengua materna no es el catalán y renunciar a eso es algo que pocos , muy pocos están, dispuestos a hacer. Aunque, como se demuestra en la vida cotidiana, hablar dos idiomas de forma indistinta, no supone, para la inmensa mayoría, ningún problema.

Otra cosa es la actuación torticera del Govern, haciendo de pirómano y bombero a la vez. Porque mientras jalea al independentismo más recalcitrante y anima a los profesionales de la enseñanza a la desobediencia, el conseller Josep González Cambray aplica la resolución dictada por el TSJC. Eso ha hecho que se abriera una nueva grieta entre los socios del Ejecutivo y ya van unas cuantas. Otros han preferido banalizar el lenguaje con expresiones como “apartheid lingüístico”, han magnificado el problema y han hecho de la lengua un arma arrojadiza, para estar unos días en las portadas. Pero todo eso, si les parece, lo trataremos en una nueva entrega.

De momento celebren las Fiestas de forma prudente que, merecido lo tenemos, sean razonablemente felices y, si les apetece, nos volvemos a encontrar en 2022. Para mí será un placer.