Pablo Casado.- La reciente sesión constitutiva de las Cortes Españolas y las fórmulas de juramento empleadas por medio centenar de parlamentarios electos fueron una verdadera afrenta para la institucionalidad democrática. Si comparamos la firme respuesta del entonces presidente del Congreso, Félix Pons, a una situación similar hace treinta años, con la pasividad con la que se toleró el pasado martes la degradación de tan solemne acto, se evidencia una crisis institucional ante la que es imprescindible rebelarse y cuya conllevancia sería un inmenso error.

La serenidad con la que en 1989 se defendió la dignidad del Parlamento era fruto de la conciencia clara por parte de los dos grandes partidos políticos de que no se puede tolerar la humillación a las instituciones que representan al pueblo español. Este antecedente tuvo lugar, además, pocos días después de que se tirara abajo el telón de acero que separaba el mundo libre de una dictadura que había aniquilado las instituciones y la democracia de sus respectivos países durante décadas.

España se colocó en el lugar correcto de la historia desde 1975 cuando iniciamos un proyecto sugestivo de vida en común con la Transición, una de las obras más exitosas de la arquitectura política del siglo XX. Y la Constitución de 1978 es su gran legado que todos deberíamos defender con determinación y entusiasmo, ante los cada vez más numerosos ataques que sufre. Por algo fue refrendada por casi el 90% de los ciudadanos consiguiendo que los puentes derribaran a los muros y que los españoles gozáramos de los mejores años de nuestra historia reciente.

La España constitucional es un magnífico ejemplo de lo acertadas que son las tesis de los profesores Robinson y Acemoglu en su libro «Por qué fracasan los países». Son las instituciones de las que gozan unos países y no otros las que justifican las diferencias que existen, por ejemplo, entre la ciudad de Nogales en Arizona y la ciudad de Nogales en Sonora, tan solo separadas por pocos metros de frontera.

Las instituciones son las velas indispensables para que los vientos del progreso acaricien una nación, y la España actual ha sido durante más de tres décadas impulsada por esos vientos. Por eso es tan grave tolerar la degradación de las instituciones. Aceptar que una comunidad autónoma viva instalada en la deslealtad o en la abierta ilegalidad, o que una cárcel pueda ser un lugar de peregrinación para negociar la investidura de un presidente de Gobierno no sólo supone una aberración para la dignidad de una democracia sino la garantía del fracaso de un país.

Disfrutamos de una democracia ejemplar cuyo origen es una Constitución de todos y para todos que superó las dos Españas que helaban el corazón de Machado y el cainismo irrefrenable que a lo largo de nuestra historia había devorado a los españoles. Nos reconciliamos, el futuro venció al pasado, las ansias de libertad al miedo, la esperanza al rencor y la concordia a la ira. Ese fue el espíritu de la Transición para solucionar los debates que durante siglos habían dividido a los españoles. Por eso la Memoria Histórica nunca ha sido el rescate del olvido de víctimas del pasado sino una enmienda a la totalidad a la reconciliación de la Transición y a los artífices que la hicieron posible incluidos los provenientes de la izquierda política.

La Constitución de 1978 es la clave de bóveda de nuestro Estado de Derecho, el imperio de la Ley que ha salido triunfante de los dos grandes desafíos que ha padecido nuestra democracia en estas cuatro décadas. Si Don Juan Carlos silenció los sables el 23 de febrero de 1981, Don Felipe lideró al pueblo español en su respuesta al golpe separatista a nuestro orden constitucional, y en la actuación de las fuerzas políticas responsables, los cuerpos de seguridad y los jueces y fiscales para derrotar a la «rauxa del procés».

Sin duda, España tiene en la Constitución la herramienta más útil para recuperar la estabilidad política, y por eso, en estos tiempos recios todos los partidos deberían defenderla sin reservas. Sin embargo, hoy el Partido Popular es el único que tiene los dos pies dentro de la Constitución, que la acepta de manera íntegra, desde el preámbulo hasta la disposición final y por eso nos oponemos a los intentos de ruptura del acuerdo que la alumbró, tanto por quienes desean acabar con la unidad de la Nación española introduciendo la plurinacionalidad, como por quienes pretenden abrir en canal nuestro sistema institucional suprimiendo las autonomías o el Senado.

Vivimos horas graves para nuestra democracia. El Gobierno en funciones no busca socios sino cómplices en una mutación que pretende enterrar cuarenta años de concordia. Eso es lo que significa la hoja de ruta pactada en la cumbre de Pedralbes y los acuerdos con Bildu en no pocas instituciones. Los terroristas de ayer no pueden ser los socios de hoy, como denunció hace pocas fechas un antiguo ministro socialista. Es hora de dejar de jugar con el Estado y de hacer verdadera política de Estado. La Constitución es la solución, no el problema, y por ello lo urgente no es plantear su reforma sino hacerla cumplir de forma decidida. No hay modificación posible ni oportuna cuando lo que se pretende atacar por parte de algunos es el fundamento mismo de nuestro sistema político, que es la unidad de España.

Sin instituciones no hay democracia, y es el momento de ponerlas en valor como expresión genuina de la libertad y los derechos de los españoles. Solo así podremos hacer real esa «España siempre noble» que glosaba Cernuda de Galdós. En nuestra mano está el hacerlo posible defendiendo la Constitución de la Concordia, la verdadera punta de compás de la España contemporánea, que nos convirtió en una Nación de ciudadanos libres e iguales.

*Presidente del Partido Popular