“No soy proisraeli, pero en muchos asuntos aplaudo la determinación del Estado hebreo para protegerse sin miramientos de sus enemigos”. Son declaraciones hechas hoy por el empresario catalán Gerard Bellalta, quien compara la débil respuesta de España con el fugado Puigdemont con la que en circunstancias similares, según él, hubiese dado Israel. En ese sentido dice no tener dudas de cuál sería la respuesta de las autoridades israelíes a un acusado de pretenden romper el Estado y que hubiese podido eludir la acción de la Justicia y encontrado refugio en otro país. “El Mossad (agencia de inteligencia de Israel) ya habría hecho su trabajo y el traidor estaría, o bien criando malvas, o enjaulado en una cárcel israelí de máxima seguridad. Yo no deseo que el señor Puigdemont sufra percance físico alguno, pero sí le exijo a mi Gobierno que haga algo para revertir una situación intolerable, sobre todo cuando el objetivo de Puigdemont ya no es conseguir la independencia, sino simplemente desprestigiar a España y a los representantes del Estado”. Bellalta va más allá y cree que “el Gobierno tendría que hacer con el hijo puta de Puigdemont lo que ya hubiera hecho el Mossad: “devolverlo a España dentro de una valija diplomática y ponerlo a disposición del juez”.

Bellalta se muestra muy crítico con el separatismo en su conjunto, al que acusa de destruir la convivencia y la economía catalanas. “Soy empresario y lo sufro cada día. Estos señores están destruyendo Cataluña y no habría para ellos castigo suficiente que esté recogido en nuestro ordenamiento legal”. Y añade: “Si de mi dependiese, el separatismo sería ilegal en toda Cataluña y todos los dirigentes separatistas, encarcelados, incluidos alcaldes y concejales”.

El empresario barcelonés descarta que el Gobierno de Sánchez pueda endurecer su posición con respecto al secesionismo dada la actual aritmética parlamentaria y responsabiliza a todos los gobiernos de la democracia de la situación “de permanente insurrección” que se vive en la región. “Se ha permitido utilizar la sede de la Generalitat como centro de mando y de operaciones del proceso independentista, se ha financiado con nuestro dinero la secesión. Todos los presidentes han sido, con su dejadez y su cobardía, los colaboradores más importantes que han tenido los secesionistas, algo que está penado con cárcel en el Código Penal. Se permitió que se celebrara el referéndum ilegal del 1 de octubre y permitieron a Artur Mas que convocara el del 9 de noviembre de 2014. Si ese mismo día se hubiese encarcelado a Mas, a todos sus colaboradores y suspendida la autonomía catalana, ahora no estaríamos en este callejón sin salida”.

Subraya por último la necesidad de declarar el estado de sitio en Cataluña “de forma permanente” y se muestra convencido de la existencia de una “mayoría sociológica” en España que apoyaría cualquier medida de fuerza contra el separatismo y sus cómplices.