En la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 17 de abril de 2020, el Gobierno autoriza a las unidades NBQ (Nuclear, Biológico y Químico) de las Fuerzas Armadas y a la UME Unidad Militar de Emergencias) a utilizar biocidas autorizados por el Ministerio de Sanidad en las labores de desinfección para hacer frente al coronavirus.

“Se autoriza a las Unidades NBQ de las Fuerzas Armadas y a la Unidad Militar de Emergencias, dentro de las actuaciones generales de desinfección de espacios, tanto públicos como privados, que con ocasión de la situación del estado de alarma vienen realizando las citadas unidades, a utilizar aquellos biocidas del grupo principal 1, descritos en el artículo 1.1 del Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas, que están autorizados y relacionados por el Ministerio de Sanidad como eficaces para la lucha contra el COVID-19.“

“Asimismo, se autoriza a las unidades señaladas en el párrafo anterior a la utilización de procedimientos de desinfección aérea, a través de las técnicas de nebulización, termonebulización y micronebulización para la ejecución de las referidas labores de desinfección.“

Expertos en tratamientos aéreos fitosanitarios creen que la medida tiene poco sentido y poco efectiva, “menos con los aviones que utiliza el Ejército del Aire, ya que no están preparados para este tipo de misiones“.

Uno de nuestros expertos nos comenta: “En algunos sitios de Sudamérica lo están haciendo, aunque no le veo el sentido. Hacerlo desde tierra con vehículos como se está haciendo hasta ahora, es mas quirúrgico y menos contaminante. El problema está principalmente en el interior de los centros, autobuses, residencias… tal y cómo la experiencia nos está enseñando.“

“Fumigar desde el aire es más contaminante y menos efectivo teniendo en cuenta que las azoteas de los edificios no suelen estar muy transitadas, y el producto al lanzarlo se expande de manera indiscriminada. En mi opinión, con los pocos datos de los que dispongo, este tratamiento casi no serviría para nada: es lo mismo que usar el Jumbo para aparentemente apagar fuegos pero realmente lo que apagan es la opinión pública“, sentencia nuestro experto.

EL SUPREMO DENEGÓ PROHIBIR DE URGENCIA EL USO DE BIOCIDAS POR EL EJÉRCITO

Por su parte, el Tribunal Supremo denegó la medida cautelarísima que dos particulares presentaron contra la Orden del Ministerio de Sanidad por la que se autorizaba el 16 de abril a las Unidades de Defensa Nuclear, Biológica y Química (NBQ) de las Fuerzas Armadas y a la Unidad Militar de Emergencias (UME) a utilizar determinados biocidas en las labores de desinfección para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo subrayó en su auto que dicha orden “no aprueba ni introduce nuevos biocidas” ni extiende las indicaciones de uso y aplicación de los mismos “más allá de las que ya vigentes desde hace largo tiempo”.

En su recurso, estos particulares, el abogado Luis de Miguel Ortega y Josép Pámies Breu, presentado por el cauce especial de protección de derechos fundamentales, señalaban que se debía suspender dicha orden ministerial porque “los productos que se empleen, la dosis o la técnica, pueden perjudicar a la salud”.

Ambos particulares, que residen en pequeñas localidades de Burgos y de Lérida, ahondaban en su escrito sobre los distintos tipos de biocidas existentes y los eventuales efectos sobre la salud y el medioambiente que podían provocar, y llegaban a afirmar que ninguno de los productos que planteaba esa directriz ministerial era específico para combatir el virus que causa la Covid-19.

UNA ORDEN “HUMILLANTE Y PELIGROSA”

Asimismo, mantenían que la orden de Sanidad que aprobaba el uso de determinados biocidas al Ejército suponía “una interferencia ilícita en los derechos fundamentales del demandante” y citaban los artículos 15 y 24 de la Constitución Española por hacer referencia al derecho a la vida e integridad física, y al derecho a la tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión.

“La orden impugnada es una medida que aparenta humillante y peligrosa” para la salud, y confiere al Estado de Alarma “preferencia” sobre otras normas como la Ley Orgánica de medidas excepcionales en materia de Salud Pública, aducían, para luego añadir que se pretende “desarmar a los ciudadanos y hacer imposible cualquier tipo de resistencia razonable y efectiva ante órdenes sin habilitación alguna y nulas de pleno derecho por afectar más allá de lo razonable y legal, el contenido esencial de Derechos Fundamentales”.

A esto los particulares sumaban que la orden del ministerio atentaba también contra derechos fundamentales invocados en los artículos 9 y 10 de la Carta Magna porque “no aparenta respetar ninguna dignidad el hecho de fumigar a la población con no se sabe qué sustancias como si se tratase de parásitos o animales”.

PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCIÓN AÉREA

Sin embargo, el alto tribunal señala en su auto que la orden ministerial de 16 de abril sólo autorizaba al Ejército el uso de biocidas “del grupo principal 1”, tipo que ya estaba comprendido en la normativa reguladora y permitía “procedimientos de desinfección aérea, a través de las técnicas de nebulización, termonebulización y micronebulización para la ejecución de las referidas labores de desinfección”.

“De lo que se trata con la Orden impugnada es de autorizar y capacitar a las unidades militares a que se refiere, y tan solo durante el periodo de vigencia del estado de alarma, en orden a la aplicación de tratamientos de desinfección con determinados biocidas” que sean “señalados como eficaces para el control de la pandemia de Covid-19”, inciden.

Tras esto, el tribunal resuelve que “no cabe apreciar las especiales razones de urgencia que aduce la parte recurrente” y que son presupuesto indispensable para la resolución sobre medidas cautelares ‘inaudita parte’. Y recuerda que la orden de Sanidad “no aprueba ni introduce nuevos biocidas, ni extiende las indicaciones de uso y aplicación de los mismos más allá de las que ya venían vigentes desde hace largo tiempo, sino que se limita a habilitar temporalmente a determinadas unidades militares” para su uso.