La ocupación de viviendas en España va a más, cada vez tienen más impunidad e incluso se han incorporado mafias que se lucran a los tradicionales movimientos antisistema y a las personas más vulnerables. Es la opinión de Toni Miranda, presidente de la Organización Nacional de Afectados por la Okupación (ONAO), una entidad creada hace un año ante el «avance imparable» en España de «este fenómeno delictivo».

Miranda ha denunciado a 20minutos que el Gobierno no da los datos reales del incremento del fenómeno okupa pero, según las estimaciones de ONAO, en España hay 120.000 viviendas ocupadas (tanto de bancos y fondos de inversión como de ciudadanos particulares) y un millón de afectados.

Lo que sí son públicas son las denuncias interpuestas ante la policía por delitos de usurpación y allanamiento de morada, y el crecimiento es evidente. En concreto, el Ministerio del Interior registró 14.675 denuncias por okupación de viviendas en 2020, lo que se traduce en un promedio de 40 diarias, y suponen un 41% más que en 2015.

«Antes teníamos okupas que eran grupos de ultraizquierda, anarquistas, que ocupaban viviendas por ideología. Además, había una pequeña parte de personas pobres, vulnerables, que lo hacía por necesidad y por falta de ayuda de las Administraciones, pero con los cambios del Gobierno que favorecen la ocupación se han sumado mafias delictivas que se lucran invadiendo viviendas y cobrando alquiler», asegura Toni Miranda.

Según el presidente de ONAO, «en España hay un grave problema de legislación que ampara a los okupas, se ha legislado de una manera ideológica y se ha demostrado que no funciona, hay miles de familias sufriendo mucho, tanto psicológicamente, con problemas de ansiedad y depresión, como económicamente, porque se ha optado por proteger a quienes delinquen».

Toni Miranda sostiene que España debe alinearse con la mayoría de países de la Unión Europea y endurecer las leyes «para proteger a los propietarios que han adquirido viviendas con su esfuerzo durante una vida para poder entregárselas a sus hijos o para poder disponer de unos ingresos de alquiler que les ayuden durante su vida».

Preguntado por qué hacen desde su organización para combatir el fenómeno de la ocupación de viviendas, Miranda indica que están solicitando cambios legislativos, «pero de momento solo nos escuchan los partidos de la oposición». Además, asegura que asesoran a los afectados «de toda España» que se ponen en contacto con ellos «estudiando cada caso porque es diferente la ocupación de la vivienda en la que vivimos a un inquilino que deja de pagar su renta de alquiler y pasa a convertirse en un okupa».

Oficina pionera en Collado Villalba

El presidente de ONAO también recalca que están gestionando una oficina municipal en Collado Villalba (Madrid) para informar a los vecinos afectados, pero avanza que «pronto anunciaremos avances espectaculares en este sentido» ya que, indica, «queremos extendernos por todas las CCAA». «En la oficina de Collado Villalba estamos en contacto con la Policía, con el área de Bienestar Social, y derivamos cada casuística hacia un sentido», afirma.

«Las personas vulnerables son afectados»

Toni Miranda recalca que «las personas vulnerables que se ven forzadas a ocupar viviendas son afectados también porque el Gobierno ha hecho dejación de funciones y ha trasladado su responsabilidad de fomentar alquiler social y viviendas de protección pública a las clases medias y trabajadoras, a las que se les deja indefensas frente a los okupas».

Preguntado por el auge de empresas privadas como Desokupa, Miranda afirma que «no es la vía idónea porque es el Estado quien debería solucionar estos problemas», pero el presidente de ONAO entiende que «hay personas muy desesperadas que optan por buscar soluciones ante el abandono y la desprotección de la Administración».