La organización liderada por el productor televisivo José Luis Moreno se habría beneficiado de «multitud» de créditos ICO concedidos por los bancos por el covid-19, como las Ayudas COVID aprobadas por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia por valor de 10.000 euros.

Así consta en el sumario al que tuvo acceso Europa Press, en el que se detalla que uno de los investigados conocía a la persona encargada de aprobar las solicitudes y conceder las ayudas en la Región, que cobraría un 10% de cada una de las mismas por «favorecer las empresas» que estos presentaban. De la misma forma, también recibirían comisiones dos de los integrantes de la organización, José Luis Meseguer y Luis Ochoa.

En concreto, ambos eran los encargados de contactar con los bancos y preparar la documentación que estos le requerían, agendar las entrevistas de los administradores testaferros con los directores de las entidades y organizar las visitas a las sedes de las sociedades creadas por Antonio José Salazar.

Los investigadores señalan que la organización buscaba lucrarse a través de los créditos ICO que se concedían a raíz del coronavirus porque, según sostenían, eran «los más fáciles de conseguir y las entidades bancarias están deseando concederlos».

La Policía cree que Salazar, junto con Antonio Aguilera, era el encargado de obtener los fondos gracias a sus «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil». Así, ambos se «encargaban de conseguir las sociedades, maquillarlas, poner un administrador y presentarlas antes los bancos como las beneficiarias de la financiación necesaria para el desarrollo de sus actividades».

Créditos para supuestas empresas de venta de frutas y hortalizas

Con todo, estas sociedades carecían «casi siempre de actividad real» y su finalidad no era otra más que la de «lucrarse de manera ilegítima». Para ello se valían de empresas pantalla, administradas todas ellas por testaferros, que los investigadores constataron gracias a la colaboración de la Agencia Tributaria y a comprobaciones en los supuestos domicilios sociales de las mercantiles.

De esta forma, el grupo habría conseguido la financiación fraudulenta solicitando ayuda a los bancos para distintas sociedades limitadas que se dedicaban a ofrecer servicios de publicidad, al comercio al por mayor de frutas y hortalizas o a la venta de textiles.

Así, y para conseguir la financiación, los investigadores creen que Salazar se habría servido de una serie de empleados de banca que «claramente estaban en connivencia con la organización, participando en los hechos y recibiendo compensación económica y obsequios a cambio».

De hecho, el director de una oficina bancaria en Madrid habría visitado presencialmente en la sede de una de las sociedades «participando en la simulación de actividad» de una entidad que realmente no tenía, actuando como fiador en la firma de un protocolo por la concesión de un préstamo por importe de 50.000 euros.

De esta forma, la organización habría conseguido estafar entre el 2017 y el 2020 un total de 19.180.899 euros a distintas sociedades bancarias a través de productos como préstamos, líneas de crédito y descuento, leasing, pagarés y renting de vehículos.