VB.- La democracia contiene multitud de mecanismos destinados a controlar el poder y a impedir que los partidos y los gobiernos se desmadren y aplasten al ciudadano. En España, todos esos controles, cautelas y mecanismos han sido dinamitados, pero hay uno sólo que, por fortuna, sigue funcionando, aunque con ciertas limitaciones, y sirve de freno a los desmanes de una clase política degradada hasta el extremo: la lucha entre los partidos.

Los partidos luchan y se despedazan entre sí y utilizan sus votos para frenar al adversario, lo que constituye el único rasgo democrático que funciona en España. La oposición es vital para que el país no caiga por completo bajo la bota de los tiranos.

Sin embargo, ese mecanismo de la lucha partidista también tiene en España su rasgo corrupto porque los grandes partidos políticos suelen ponerse de acuerdo y no compiten a la hora de defender sus privilegios y de construir para ellos un auténtico paraíso de dinero, privilegios y poder desmedido, así como para bloquear cualquier intento ciudadano por cambiar las reglas del juego.

El Ejecutivo es, sin duda, el poder dominante. El actual gobierno de Sánchez ha llegado demasiado lejos en ese control y es una amenaza real para lo que queda de democracia. Controla el Parlamento, que ha dejado de ser el templo del debate nacional para operar como una jauría disciplinada de pulsadores de botones y de intervenciones dictadas por los líderes de los distintos partidos. En el Congreso español hay menos debate real que en cualquier taberna de España, lo que constituye un verdadero drama, pues sin debate, la democracia es una cáscara inútil.

La Justicia resiste en parte al embate del Ejecutivo y de los partidos, pero cada día está más politizada y con su independencia amenazada. El gobierno ya controla la Fiscalía y la Abogacía del Estado, dos fuerzas que utiliza contra el poder judicial, como ha quedado claro en muchos juicios, procesos y leyes, como los recientes indultos de delincuentes catalanes golpistas, aprobados en contra del criterio del Tribunal Supremo.

Al no existir democracia interna en los partidos, ni una auténtica separación de poderes, el Ejecutivo no compite con el legislativo ni con el judicial y la democracia se convierte en un discurso vacío y falso. Tampoco funcionan en España otros controles ideados por el sistema como la existencia de una prensa crítica e independiente, capaz de fiscalizar a los poderosos, y de una sociedad civil fuerte y organizada que sirva de contrapeso al poder político. Ni siquiera podemos contar con una ley que intimide a los poderosos y les haga respetar las reglas, porque ellos se han rodeado de impunidad y arrogancia. La ciudadanía, desarmada e impotente, tampoco es capaz de controlar a los políticos y a sus partidos y ni siquiera funciona el recurso supremo de las elecciones libres porque el engaño, la manipulación y otras trampas desvirtúan los procesos electorales y les restan eficacia democrática.

La democracia española, sin frenos ni controles suficientes, es una tiranía camuflada.

Lo único que funciona como freno en España es la lucha entre partidos, que es el único mecanismo que impide que los ciudadanos queden plenamente aplastados por el poder y los políticos y sus partidos funcionen como tiranías invencibles.

En la práctica, los partidos funcionan como corruptores del sistema y como envenenadores del progreso. Al cometer de manera reiterada el peor pecado contra la democracia, que es anteponer sus propios intereses al bien común, han convertido la corrupción en un mal terminal e incurable porque ya es imposible lograr un proceso real de regeneración dentro de los partidos políticos podridos.

Pese a ser considerados como una pieza esencial del Estado representativo, los partidos actuales no cumplen su función ni sirven para sostener la democracia. En realidad son percibidos por la sociedad como organizaciones cerradas y con escasa democracia interna, más perniciosos que positivos. Para recuperar la necesaria confianza ciudadana en los partidos y el protagonismo social que deben tener en un Estado democrático de Derecho, es urgente e imprescindible incrementar e intensificar los controles sobre ellos.

Su deber es someterse a los controles y limitaciones que establece la democracia, pero son tan arrogantes que los rechazan. Al oponerse a esas regulaciones, que son básicas en democracia e imprescindibles porque los ciudadanos, cansados de tanta corrupción demandan transparencia y limites al poder de los políticos, demuestran su degradación y su profundo alejamiento de la verdadera democracia.

Si no lucharan entre ellos y compitieran por el poder, los ciudadanos habrían sido aplastados y esclavizados hace mucho. Casi la totalidad de las denuncias por corrupción y el descubrimiento de los grandes escándalos en España se deben a filtraciones internas y a denuncias de otros partidos, producto de la lucha que mantienen entre ellos por el poder y el reparto de privilegios. Comparada con las filtraciones y denuncias de los mismos partidos, la labor de la investigación periodística es ridícula y apenas afecta a uno de cada diez casos destapados.