El Govern ha abierto un nuevo frente político al crear un fondo de 10 millones de euros para ayudar a los ex altos cargos de la Generalitat a quienes el Tribunal de Cuentas pide fianzas millonarias por promocionar el 1-O, mecanismo que el Gobierno ha avisado que “revisará”, y que PP, Cs y Vox recurrirán.

Los servicios jurídicos de la administración catalana estudiaban desde hace días cómo auxiliar a los 34 ex altos cargos de la Generalitat a quienes el mencionado tribunal administrativo reclama que liquiden antes del 21 de julio fianzas por un valor total de 5,4 millones, mientras sigue la investigación que pretende discernir si malversaron dinero público para promover el procés en el extranjero.

La respuesta ha llegado este martes con la creación, mediante decreto ley, del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (FCRCAT), que tendrá una dotación inicial de 10 millones de euros.

El encargado de explicar cómo funcionará este mecanismo ha sido el conseller de Economía, Jaume Giró, que ha defendido la “solidez jurídica” del mismo y ha descartado que el ejecutivo catalán pueda incurrir en un delito de malversación porque “no es un aval directo” y no habrá “desplazamiento de patrimonio”.

La mecánica, ha detallado, se asemejará a la de un seguro privado: será una entidad financiera -aún por concretar, el Govern está conversando con varias- quien avale las mencionadas fianzas, con un contraaval de la Generalitat, que se canalizará a través del Instituto Catalán de Finanzas, que actuará como gestor provisional hasta que cree un órgano específico con este fin.

Giró ha subrayado que el dinero no se transferirá hasta que haya una sentencia firme que lo exija y se hayan agotado todas las vías de recurso “nacionales e internacionales”; llegado ese punto, “el beneficiario deberá devolver el dinero, los intereses y las costas a la administración”.

“No se darán 10 millones a nadie”, ha insistido el conseller, que no ha aclarado de qué partida se nutrirá el fondo. En paralelo a la puesta en marcha de este mecanismo, que ha recibido el aval de la CUP y los comunes -aunque estos piden que se asegure la “solvencia jurídica” del mismo-, las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural han reactivado la llamada Caja de Solidaridad, que cuenta en estos momentos con 400.000 euros.

Pese a los argumentos esgrimidos por el Govern, que asegura que el fondo que han creado cumple con el “principio de indemnidad” por el cual una administración debe “proteger” a sus funcionarios si se les exigen responsabilidades por cuestiones relacionadas con su desempeño, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apuntado desde Estonia que el Ejecutivo está estudiando si el mecanismo se ajusta a derecho.

“Si está sujeto a derecho nada que objetar y, si no está sujeto a derecho, -ha precisado el presidente-, evidentemente tendremos que recurrirlo”. Más contundentes han sido PP, Ciudadanos y Vox, que ya han anunciado que llevarán a la Generalitat a los tribunales.

El líder de los populares, Pablo Casado, ha señalado que su partido interpondrá recurso y además denunciará a la Generalitat por prevaricación y malversación, con el objetivo de que los responsables de crear ese fondo sean “inhabilitados”.

Asimismo, el portavoz de Cs en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha indicado que su formación pondrá “en conocimiento de la justicia” el caso si se concreta el contraaval de la Generalitat a los encausados por el Tribunal de Cuentas, ya que considera que constituiría un “robo” y una “doble imposición” para los contribuyentes catalanes.

Por su parte, fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por EFE no han querido adelantar tampoco si aceptarán como fianza de los líderes del procés el fondo aprobado por la Generalitat. Las fuentes han indicado que el trámite de afianzamiento está actualmente en curso y cuando se termine el expediente se decidirá si esa vía es legal o no.