Sánchez y Puigdemont.

Con los encarcelados por el procés indultados este martes, el Gobierno de Sánchez estaría dispuesto a reformar el delito de sedición en busca de una salida para el expresident Carles Puigdemont y los políticos que optaron por la huida, lo que les libraría de ser juzgados en España y exponerse a penas de prisión.

El independentismo se mantiene firme en su apuesta por la amnistía como única solución para los cerca de 3.000 encausados que, según sus cálculos, tienen cuentas pendientes en los tribunales por los distintos procesos penales derivados del procés y las protestas que lo apuntalaron desde la calle.

E insiste en que los indultos vienen a aliviar la situación de los presos, sin paliar ni un ápice las consecuencias penales para el resto: quedan los huidos, pero también los cargos del Govern procesados por los preparativos del referéndum -con delitos castigados con elevadas penas de cárcel-, los que ven ahogada su carrera política por posibles condenas de inhabilitación o los que afrontan embargos millonarias por los gastos del procés.

LA REFORMA DE LA SEDICIÓN

Podemos, socio de Sánchez en el Gobierno, confía que la reforma del delito sedición facilite una pista de aterrizaje para el regreso de Puigdemont a España,al considerar que su situación  personal constituye uno los principales escollos que impiden desbloquear el conflicto catalán.

Pocos detalles se han dado sobre los términos en que el Gobierno impulsará la reforma, que podría moverse entre la derogación que exige Podemos -para quienes la sedición se basa en un “concepto predemocrático” del orden público-, la modificación del redactado del artículo o una rebaja de las penas que lleva aparejadas.