El debate que el ala socialista del Gobierno ha vuelto a generar en relación con los indultos ha vuelto a provocar un nuevo cisma dentro del PSOE, después de que diversos presidentes autonómicos, así como históricos socialistas, se hayan mostrado en contra de dar la medida de gracia a los autores de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) en octubre del 2017.

Unas críticas que se suman al rechazo que el Gobierno ha recibido, a través de un informe, por parte del Tribunal Supremo. La Sala de lo penal del Supremo ha emitido este miércoles un informe no vinculante que rechaza la idea de que el Ejecutivo pueda conceder este ‘beneficio’ a los líderes del 1-O al considerar que no se encuentra ningún argumento que lo pueda justificar.

El Alto Tribunal, en concreto, no aprecia razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificasen esta medida, algo que es necesario, tal y como está regulado en nuestra legislación y que se suma al ya emitido por la Fiscalía, quien también se mostró en contra.

Los indultos a los líderes soberanistas dividen al PSOE

Las críticas dentro de las filas del PSOE han ido adquiriendo notoriedad tras las palabras de Felipe González, quien en una entrevista en ‘El Hormiguero’ advirtió que él no cree que se den las circunstancias para conceder esta medida a los soberanistas, ya que no hay arrepentimiento en lo que hicieron. “En estas condiciones yo no haría el indulto”, subrayó, algo que ha hecho que otras figuras históricas así como líderes autonómicos se posicionen.

El último en hacerlo, y además en una actitud contundente, ha sido precisamente el que fuera número dos de González, Alfonso Guerra, quien ha explicado este miércoles en el espacio ‘España a debate’ que “es políticamente indeseable y jurídicamente no es legal” concederles esta ‘ventaja’ a los líderes soberanistas. Según ha explicado, las amenazas que en reiteradas ocasiones han hecho algunos de los líderes ahora en prisión así como “las reivindicaciones colectivas” que pretenden llevar a cabo, son argumentos suficientes para mostrase en contra. “Clarísimo que no se puede dar, ni se debe dar”, ha insistido.

Antes, sin embargo, han sido los presidentes autonómicos quienes han tomado la palabra. Emiliano García-Page, Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara— que ya se han mostrado en contra en más de una ocasión con algunas de las decisiones de Moncloa— han rechazado la idea que en los últimos días ha dejado entreabierta el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, así como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ambos han sido quienes han explicado que la decisión final se adoptará en base a los valores constitucionales de concordia y han pedido “normalizar” su concesión.

El que más lejos ha llegado en su total oposición a estas tesis ha sido el presidente de Castilla La-Mancha, quien ha querido advertir que conceder los indultos podría suponer una “condena” para el PSOE. “Lo último que querría es que un indulto injustificado a alguien que quiere seguir haciendo lo mismo se convierta en una condena para la organización que lo sustenta”, ha apostillado.

En esta misma dirección han apuntado Lambán y Fernández Vara. Este último, precisamente, fue el primero en oponerse a contemplar la opción de medida de gracia vía Twitter, aunque guardó silencio cuando le preguntaron sobre ello en una rueda de prensa.

“Resulta evidente que no debe ser indultado quien no quiere serlo porque no respeta ni cree en las leyes que lo hacen posible. E igualmente es evidente que los problemas que tiene nuestro país de construcción de un modelo de convivencia no se resolverán mientras nadie quiera”, expuso.

El Ejecutivo advierte de que la decisión final es de ellos

Estas críticas han provocado que la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en un consejo de ministros extraordinaria, haya incidido en que la decisión sobre este asunto es solo competencia del Ejecutivo. Y es que, aunque el Gobierno tenga encima de la mesa los informes contrarios al indulto por parte de la Sala de lo Penal así como de la Fiscalía, estos no son vinculantes y es, a petición del Ministro de Justicia, la forma en la que se toma decisión que debe firmar el Jefe del Estado, en este caso Felipe VI.

“Respetamos todas las posiciones que se puedan trasladar”, ha explicado la ministra María Jesús Montero cuando ha sido preguntada por esto, antes de recalcar que la concesión de esta medida de gracia “es una prerrogativa” del Consejo de Ministros, al cual le corresponde además “velar por el interés general y adoptar las decisiones “que mejor preservan ese interés por la concordia, la convivencia y el fortalecimiento de nuestra democracia”.

Esto ha sido, lo que ha motivado, que haya otras voces internas dentro del PSOE que sí se hayan mostrado a favor de adoptar esta medida. La más significativa ha sido la de José Luis Rodríguez Zapatero, ya que entiende que “esta decisión puede ayudar de manera significativa a lo que todos los españoles queremos, que es que las cosas estén mejor entre Catalunya y el resto de España, que el independentismo pierda fuerza y que el diálogo se recupere”.