El ministro Ábalos.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha dado un nuevo giro de guion a su postura respecto al papel que tuvo el Ministerio de Transporte en el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra, que tuvo un coste total de 53 millones de euros.

En este sentido, José Luis Ábalos defendió a mediados del pasado mes de marzo que hubiera existido intervención alguna de la cartera de la que es responsable. Posteriormente señaló que existía un informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, pero que “no fue vinculante”. Ahora, el político socialista ha admitido que hubo un segundo informe de su Dirección General de Aviación Civil, tal y como informó el diario ‘El Mundo’ el pasado 10 de mayo.

El propio José Luis Ábalos lo ha confirmado en su comparecencia en el Senado ante las preguntas del Partido Popular, llegando a justificar su nueva versión en que ahora ha “averiguado” que efectivamente ha habido dos informes pedidos directamente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y ha querido defender que sus subordinados mandaron directamente estos informes al SEPI sin que pasasen por sus manos, aprovechando para defender que los directores de los organismos que emitieron estos dos informes ya estaban en el Ministerio de Transporte durante el Gobierno de Rajoy.

En cuanto a la finalidad de la ayuda, Ábalos ha querido reiterar que ambos informes eran favorables al rescate de la aerolínea, ya que según estos análisis era “obvio” que la empresa necesitaba financiación para poder seguir operando en un “sector estratégico”.

Tras confirmar que tenían conocimiento de los informes, Ábalos ha querido seguir desvinculándose del rescate, llegando a defender que el SEPI está adscrito al Ministerio de Hacienda y que su cartera no forma parte del órgano gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

Tampoco ha dudado en mirar a la oposición para destacar la ‘complejidad’ con la que se ha encontrado el Gobierno para conceder nuevos rescates después de la judicialización del caso de la aerolínea venezolana.

En respuesta a la postura de Ábalos, el Partido Popular ha defendido que esta aerolínea tiene una pequeña cuota de mercado en nuestro país, por lo que no se entiende el carácter estratégico que desde el Gobierno se le ha dado. Incluso, los populares han relacionado su cúpula directiva a Venezuela, señalando que existe un “expediente secreto” detrás, mientras “cientos de empresas esperan angustiadas las ayudas para no ir a la quiebra”.

Ciudadanos sigue analizando el caso en Bruselas

El jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha explicado que la ayuda de 53 millones concedida a Plus Ultra por parte del Gobierno español presenta “irregularidades claras”, como tener en cuenta un préstamo participativo “simulado” por valor de 6,3 millones “para evitar figurar como empresa en crisis”.

En las alegaciones que el eurodiputado ha presentado ante la Comisión Europea contra el rescate a Plus Ultra por valor de 53 millones se argumenta que con este préstamo por parte de la sociedad panameña Panacorp, Plus Ultra evitó ser considerada empresa en crisis, que según la normativa europea son aquellas en las que “haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas acumuladas”.

De esta forma, la compañía pudo acceder a este rescate, catalogado como “ayuda desproporcionada” por Garicano, ya que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no podría haber rescatado a empresas con problemas económicos anteriores a la pandemia.

En concreto, resalta que el informe externo realizado por el asesor financiero DC Advisory recoge que las pérdidas acumuladas por la compañía en diciembre de 2019 ascendían a 13,4 millones de euros, mientras que los fondos asimilables al capital eran de 25,5 millones de euros como capital social suscrito y 6,3 millones del citado préstamo participativo de Panacorp, alcanzando de esta forma solo el 37% del capital social suscrito.

El eurodiputado manifiesta que se trata de un “truco contable”, ya que la compañía sí sería una “empresa en crisis” si no se tuviera en cuenta este préstamo participativo. En ese sentido, destaca que la asimilación de este préstamo participativo al capital social de la compañía “no es sostenible desde el punto de vista jurídico ni económico”.