El 8-M de 2021 se ha convertido nuevamente en una fuente de polémicas, pero, a diferencia de otros años, es la propia izquierda la que ha generado tensiones y divisiones en el seno del feminismo. El último episodio ha sido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de avalar al delegado del Gobierno de esta comunidad autónoma, el socialista José Manuel Franco, en su acuerdo de no autorizar la celebración de las manifestaciones convocadas por grupos feministas e impulsadas desde del Ministerio de Igualdad. Su titular, Irene Montero, calificó la decisión de Franco como una «criminalización del movimiento feminista», en un nuevo alarde de la simpleza política de la ministra, un auténtico desdoro para el feminismo. Ha pesado mucho el recuerdo de las multitudinarias manifestaciones del año pasado, casualmente celebradas el día antes de que el Ejecutivo central descubriera la gravedad de la pandemia de la Covid-19. Las decisiones del delegado del Gobierno y de los jueces madrileños son muy razonables, por mucho que sus críticos se rasguen ahora las vestiduras por las restricciones al derecho a manifestarse, el mismo que con tanto ahínco negaban a otros.

La diferencia, entre otras, es que ahora se conoce mejor cómo se transmite el virus y la peligrosidad de sus últimas variantes, mucho más contagiosas.

El negacionismo del feminismo oficial -recuérdese aquello de que ‘el machismo mata más que el virus’- es llamativo en un contexto en que son las mujeres quienes protagonizan la lucha contra la pandemia en el frente sanitario, en el de la atención familiar y en el de las residencias. Al discurso de Montero y de sus seguidoras le falta coherencia con la realidad de las mujeres en España, y esto explica que su mensaje sea el de confundir el feminismo real con el activismo ideológico. Ha sido una ocasión perdida para reivindicar el papel de la mujer en la lucha contra la Covid-19, pero se debe a que el oficialismo feminista está ofuscado con el conflicto político y social.

Montero y gente como ella dan la impresión de que necesitan convertir la situación de la mujer en una patología constante de la sociedad española. Su diagnóstico se construye con eslóganes ya usados y reivindicaciones ajenas al estado real de la mujer en España, uno de los mejores países del mundo para ser mujer. Subsisten, por supuesto, hábitos sociales y estructuras laborales que discriminan a la mujer, carencias de la sociedad que resulten indemnes al politiqueo del Ministerio de Igualdad, pero que cambiarían con unas buenas políticas públicas de ayuda económica a la familia, a la maternidad y a la mujer trabajadora. También cambiarían con mensajes eficaces en la juventud, que presenta porcentajes inadmisibles de tolerancia con la violencia machista y la superioridad del hombre sobre la mujer. Pero parece que el feminismo oficialista tiene otros objetivos, repetitivos en otros escenarios de la izquierda, como el liberalismo político, la economía capitalista y, no podía faltar, la Iglesia católica. Este feminismo del primer mundo -liberal, capitalista y de base cristiana- poco habla de la opresión que sufre la mujer en otras sociedades. Quizá porque quieren evitar que la realidad estropee ese prurito multiétnico de la izquierda.

El feminismo real ha dado paso al negocio feminista, que es el que practica el Ministerio de Igualdad, con polémicas que solo buscan justificar su propia existencia (y su política de subvenciones), aun a costa de diluir la causa feminista en el movimiento trangénero, por ejemplo, o de presentarse con la intolerancia de unas puristas que las verdaderas feministas, las que se preocupan por la mujer, no aceptan.