Francina Armengol, presidenta del Gobierno balear

El Gobierno socialista de Baleares ha traspasado una frontera que el sector inmobiliario considera crítica para garantizar la estabilidad jurídica del sector y no espantar a los inversores.

El consejero de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, ha firmado este martes la primera resolución por la que el Ejecutivo autonómico va a iniciar el proceso de expropiación de 56 viviendas de grandes propietarios inscritas en el registro oficial. En compensación, Baleares pagará a estos propietarios 1,8 millones de euros por disponer de ellas durante un plazo de siete años. Este precio supone una rebaja del 40% respecto a los precios de mercado en Baleares, con una media de 391 euros mensuales por vivienda

Las viviendas afectadas por la medida están en Mallorca (27), Menorca (23) en Menorca y en Ibiza (6). Todas ellas pertenecen a bancos y sociedades inmobiliarias. Una vez que pasen a ser controladas por el Ejecutivo balear, se ofrecerán como alquiler social a través del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), con rentas que no superen el 30% de los ingresos de las familias.

En cualquier caso, hasta que estén a disposición del Ibavi todavía queda un largo recorrido. En los próximos días se publicará la resolución en el Boletín Oficial (BOIB), se notificará a los afectados y después se abrirá un plazo de presentación de alegaciones. Además, también cabe la posibilidad de que los propietarios recurran ante los tribunales. El director general de Vivienda, Eduardo Robsy, no obstante, ha advertido que de la tramitación de un recurso por la vía judicial no paraliza “per se” la expropiación, a menos que un Juzgado dicte medidas cautelares.

Los precios que el Gobierno balear pagará por los pisos varían según la zona. Para los de Mallorca, la media del precio que el Ejecutivo regional pagará es de 408 euros al mes (926.000 euros en compensación por el traspaso); en Menorca, el precio medio por estos siete años será de 336 euros mensuales (un total de 649.000 euros); y en Ibiza es donde se pagará el precio más alto, 530 euros mensuales (266.00 euros).

Meses planeando la operación

Desde la Consejería de Movilidad y Vivienda han explicado que llevan “meses estudiando las viviendas inscritas en el registro”, pero que la pandemia ha ralentizado estas tareas. Las viviendas seleccionadas han sido visitados por personal técnico de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura y se han considerado adecuadas para incorporarse al parque de vivienda social, por sus dimensiones, características y estado.

El responsable del departamento ha destacado el carácter “pionero” de la Ley de Vivienda que habilita esta posibilidad y ha resaltado que les permite “sacar pisos del mercado libre especulativo para ponerlas en manos de quien más lo necesita”, devolviendo a estas viviendas “una función social que se incumple cuando están cerradas”. Al mismo tiempo, espera que tenga un efecto disuasorio que estimule a los propietarios a no mantener los pisos cerrados y sacarlos al mercado ordinario. El consejero ha recordado que, paralelamente a esta medida, el Ejecutivo balear tiene la capacidad de ejercer el derecho de tanteo y retracto en las operaciones de compraventa entre grandes propietarios. El objetivo por esta segunda vía es adquirir unas 40 viviendas para destinarlas también a alquiler social; de momento, se ha iniciado ya el proceso de ocho viviendas ubicadas en Palma, Manacor y Mercadal.