Iván Orellana.- «Hablamos de restringir derechos fundamentales de millones de personas. Hagámoslo bien».

Esta frase, a primera vista inquietante, fue formulada vía Twitter por la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hace unos días, en referencia a las restricciones que el Gobierno nacional aspira a imponer sobre los habitantes de la ciudad. Lo notable es que estas palabras han sido escritas por quien a estas horas es bastión y modelo de libertades para toda España frente a la coalición izquierdista del Gobierno socialcomunista, conformada por el PSOE y Podemos.

Concretamente, el Gobierno ha acudido a un procedimiento sui generis que asigna carácter de obligado cumplimiento a una resolución del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Dicha resolución, no obstante, fue votada en contra por diversas comunidades gobernadas por el PP, entre las cuales por supuesto, se ubica Madrid, pero también Cataluña, Galicia, Andalucía y Ceuta. Lo que subyace a toda la discusión es una puja de poder: el Gobierno central aspira a prevalecer sobre una Madrid que lo viene desafiando.

Díaz Ayuso ya ha manifestado que, ante la aplicación coactiva de la norma nacional publicada ya en el Boletín Oficial, la Comunidad de Madrid recurrirá a la justicia, pues el control sanitario de la pandemia no puede pasar por cercenar sin más las libertades de cinco millones de personas. Y a eso alude el tuit que comentamos.

Y en esta misma línea otros tuits señalan otras cuestiones esenciales.

Una primera, que lo que importa a efectos de una política de salud pública, es evaluar la cantidad de hospitalizaciones y en particular la tasa de ocupación de las UCI por sobre sus parámetros históricos normales.

Otra, que toda medida restrictiva asestará un nuevo impacto sobre la ya devastada economía española, que transita hoy la peor recesión y ostenta el porcentaje de paro más elevado de toda Europa. Cerrar territorios a modo de fortalezas medievales no solo ha demostrado ser una estrategia ineficaz, sino que afecta brutalmente un pilar de la economía española como es el turismo, que representa nada menos que el 15 % de su producto interno bruto (PBI). Turismo, al cual contribuyen muy especialmente aquellas comunidades que el Gobierno central procura afanosamente cerrar en un proyecto de suicidio económico que no se alcanza a comprender.

Y no solo el turismo. Cualquier actividad económica requiere un mínimo de previsibilidad. Por muchas propagandas sobre “remontadas” que inunden calles y televisores, no habrá proyección empresarial alguna ni recuperación sostenible si cambiamos las reglas de juego a cada paso.

Por supuesto, esto no le interesa al Gobierno nacional, cuya ideología es por definición ajena a las vicisitudes de la actividad privada. Si lo que proponen expresamente desde el Gobierno central es dejar de lado la disciplina fiscal y al mismo tiempo planean aumentar impuestos, es evidente que sus líderes no tienen la mas mínima noción de cómo funciona la economía real.

Por el bien de los españoles, esperemos que el “motto” que Díaz Ayuso consigna en su cuenta de Twitter, «Libertad, y después todo lo demás», logre triunfar.