La Junta de Andalucía enterró ayudas por 80,5 millones de euros en una empresa que valía un euro
Protesta de trabajadores de Isofotón en la sede judicial de Málaga
La empresa malagueña Isofotón S.A. funcionó como un pozo sin fondo capaz de engullir toneladas y toneladas de dinero público que no evitaron su cierre y el despido de sus 700 trabajadores. Entre 2005 y 2012, bajo distintos gobiernos socialistas, la sociedad de energía fotovoltaica y sus filiales recibieron 80,49 millones de euros mediante ayudas de distinta clase (incentivos a fondo perdido, avales y préstamos) a través de la agencia pública IDEA y su empresa Soprea.
La fuerte suma de dinero público invertido en Isofotón, cuando ya estaba en una situación «absolutamente precaria», contrasta con su reducido valor. En 2010, «las participaciones sociales fueron vendidas al grupo Affirma, que adquirió el 80%, y a la sociedad Top Tec, que adquirió el 20%, todo ello a un precio simbólico de 1 euro debido a la delicada situación financiera que atravesaba la sociedad y que requería la entrada de nuevos inversores», llama la atención la Fiscalía Anticorrupción en un informe del 16 de julio pasado remitido al juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla.
Malversación y falsedad
De la mano del Ministerio Público y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, estas diligencias previas han recibido un nuevo impulso con la investigación de tres directivos de Isofotón y 37 antiguos altos cargos y responsables autonómicos por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.
La juez Patricia Fernández Franco ha llamado a declarar entre octubre y noviembre a cuatro exconsejeros de la Junta de Andalucía bajo los gobiernos de José Antonio Griñán: Francisco Vallejo Serrano, Antonio Ávila Cano, Martín Soler Márquez y Manuel Recio Meléndez.
En esta causa, que tiene su origen en el sumario que indaga las irregularidades en los Avales de IDEA, están citados exdirectores generales de la agencia autonómica como Antonio Valverde y Miguel Ángel Serrano; distintos consejeros de IDEA, exsecretarios generales de Innovación, Hacienda y Telecomunicaciones, exviceconsejeros como Agustín Barberá o Jesús Rodríguez Román y, en su condición de miembros del consejo rector, José María Bueno Lidón, expresidente de El Monte, o el exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta, Francisco del Río (absuelto en el caso ERE). Francisco Álvaro Julio o Juan María González Mejías, sobrino del expresidente Felipe González ya acusado por otra pieza del caso Invercaria, también figuran en la larga lista de encausados.
En su auto del 24 de julio, la magistrada destaca que, «pese a tratarse de cantidades millonarias, no habrían evitado el cierre de la empresa y el despido de los trabajadores», tal y como denunció el comité de empresa. Se investiga si las ayudas contaron con las autorizaciones y trámites preceptivos, si se excedió el límite de asignación presupuestaria de los préstamos de IDEA y «si, efectivamente, se hubieran otorgado prescindiendo de los cauces correctos», especifica la juez.
La Fiscalía emplea términos más duros para describir la sucesión de irregularidades que convergen en Isofotón. En su informe, los fiscales delegados Fernando Soto y Nazaret Salguero destacan que «la agencia IDEA conocía la deficitaria e irregular situación de Isofotón S.A. por informe de fecha de 23 de marzo de 2009, elaborado por la propia agencia» y en el que, como curiosidad, «no consta firma alguna».
La fuerte suma de dinero público gastado no impidió el cierre de Isofotón y los despidos
La empresa de energía solar proyectaba muchas sombras, pero la Junta mantuvo abierta la manguera de dinero público. Entre abril de 2010 y noviembre de 2011, la agencia IDEA concedió a Isofotón tres avales: uno de 5 millones y dos más de 12 millones cada uno, presentando como garantía bienes inmuebles sobre los que ya pesaba una carga por una ayuda previa.
El 10 de agosto de 2012 Isofotón se benefició de otro préstamo de 8,39 millones otorgado por Soprea, una filial de IDEA dedicada a «favorecer el desarrollo económico y social de Andalucía y mejorar su estructura productiva», según sus estatutos. El crédito público se concedió «con la finalidad de permitir el reintegro de un préstamo anterior, incluso sin que este se realizara», reseñan los fiscales. Soprea emitió un informe favorable amparado en la «importancia estratégica» de la firma, «cuanto menos con negligencia grave rayana en la intención», porque la ficha informativa suscrita por un técnico ponía de manifiesto datos erróneos como que Isofotón no se encontraba en situación de crisis y «no ha recibido ayudas o subvenciones».
En el año 2007 Isofotón había recibido un incentivo a fondo perdido de 19,32 millones de euros y otro de 23,78 millones a través de la filial Silicio Energía S.A. «El segundo se revocó al no haberse justificado el proyecto». Respecto al primero, IDEA abrió un expediente de reintegro y luego dio por perdido el derecho a recuperar el dinero.
