Calvo Sotelo yace en el suelo sin vida tras ser asesinado.

Pedro Fernández Barbadillo.- En un país donde los terroristas de izquierdas habían asesinado entre 1897 y 1921 a tres presidentes de Gobierno y realizado en 1934 la mayor sublevación revolucionaria de Europa occidental desde la revolución bolchevique (con unos 1.400 muertos), en el que además entre mediados de febrero de 1936 y mediados de julio de ese año habían muerto en torno a 330 personas por motivos políticos (en Alemania, mucho más poblada, en las peleas entre los rojos y los pardos murieron en 1930, 17 nazis y 44 comunistas, en 1931, 42 nazis y 52 comunistas y en 1932, 84 nazis y 75 comunistas), el asesinato del diputado monárquico José Calvo Sotelo por un comando terrorista de policías y militantes del PSOE puede parecer un suceso menor. Y así trata de presentarlo el mismo sector de la historiografía que se niega a reconocer la situación pre-revolucionaria que sufría España por obra del Frente Popular. Éste fue el efecto que causó en las gentes el asesinato de Calvo Sotelo, tal como describe Stanley Payne (La primera democracia española):

“En cuanto se conocieron los hechos, toda la derecha y muchos elementos moderados quedaron convencidos de que constituía la prueba más decisiva y alucinante de todas las acusaciones hechas sobre el partidismo político de la administración del orden público. En toda la historia de los regímenes parlamentarios no se había dado jamás el caso de que un jefe de la oposición parlamentaria hubiese sido asesinado por un destacamento de la policía nacional”.

Pistoleros socialistas en las expediciones de castigo

Las circunstancias de su asesinato son sabidas. Amenazas de muerte en las Cortes proferidas por parte de los diputados socialistas y comunistas y hasta el presidente del Gobierno, Santiago Casares Quiroga. Violencia creciente en las calles, fomentada y consentida por el Gobierno y los partidos del Frente Popular, uno de cuyos episodios fue, en la noche del 12 de julio, el asesinato por pistoleros desconocidos del teniente José del Castillo, instructor de las milicias socialistas y reintegrado después de haber sido expulsado por participar en la revolución de 1934. Formación en el cuartel de Pontejos, de la Guardia de Asalto, con permiso de las autoridades del Ministerio de Gobernación, de comandos con listas para detener a falangistas y derechistas. Uno de estos comandos terroristas, encabezado por el capitán de la Guardia Civil Fernando Condés e integrado por pistoleros socialistas, se subió a la camioneta número 17.

La madrugada del 13 de julio el comando irrumpió en el domicilio de Calvo Sotelo (Velázquez, nº 89), que tenía cuatro hijos. Las credenciales de Condés se impusieron a la escolta del diputado. En la furgoneta, el pistolero socialista Luis Cuenca, escolta de Indalecio Prieto y ‘delegado’ de Gobernación en las elecciones repetidas en la provincia de Cuenca, le disparó por la espalda.

En las derechas, la reacción fue de asombro y, también, de determinación: la conspiración militar organizada por el general Emilio Mola, hasta entonces vacilante, se reforzó. Tanto los carlistas como el general Francisco Franco olvidaron los primeros sus exigencias y el segundo sus precauciones, y se implicaron de lleno en la sublevación.

El Gobierno no persigue a los sospechosos

Con motivo del cumplimiento del octogésimo aniversario del asesinato de Calvo Sotelo, queremos destacar la complicidad del Frente Popular en ese crimen. ¿Qué hicieron el Gobierno y el FP ante semejante acto de terrorismo?

• El Gobierno prohibió que los periódicos calificasen de “asesinato” la muerte de Calvo Sotelo y en un comunicado equiparó su asesinato con el de Castillo.

• La oficialidad de Pontejos protestó contra todas las medidas de investigación e impidió la detención de Condés. De la furgoneta se lavó la sangre del político gallego.

• Prieto y otros socialistas prominentes como Julián Zugazagoitia y Juan Simeón Vidarte ampararon a Condés y Cuenca. Condés fue escondido en la casa de la diputada socialista Margarita Nelken. Cuando se enteró del magnicidio, Zugazagoitia dijo: “Este atentado es la guerra”.

• El Gobierno prohibió que el cadáver de Calvo Sotelo se velara en la Academia de Jurisprudencia, de la que era presidente.

• El mismo día en que apareció el cadáver, los diputados del PCE presentaron un borrador de decreto-ley (difundido por Mundo Obrero) al resto del FP que autorizaba al Gobierno a disolver las organizaciones de “carácter reaccionario o fascista” (toda la oposición, salvo el PNV), a encarcelar sin fianza a “personas conocidas por sus actividades reaccionarias, fascistas y antirrepublicanas” y a confiscar la prensa “reaccionaria”.

• El 14 de julio la comitiva fúnebre fue tiroteada al regreso del entierro por pistoleros del Frente Popular, sin que las fuerzas policiales intervinieran. También en Madrid en una refriega entre miembros de UGT y CNT murió un anarquista.

• En la reunión de la Diputación Permanente del 15, programada para ampliar por otro mes el estado de alarma, los diputados de izquierdas volvieron a insultar a los de la CEDA y el Bloque Nacional. Gil Robles reveló que entre el 16 de junio y el 13 de julio se habían cometido 61 muertes más por motivos políticos y espetó al Gobierno: “Vosotros, que estáis fraguando la violencia, seréis las primeras víctimas de ella”. Prieto aseguró que el asesinato de Calvo Sotelo era una reacción al de Castillo, con lo que rebajaba a los policías a la categoría de pistoleros. Como solía hacer, el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, censuró los discursos en el Diario de Sesiones.

• El periódico Claridad publicó el 15 unas declaraciones del socialista Francisco Largo Caballero, que estaba en Londres: “¿No quieren este Gobierno? Pues que se sustituya por un Gobierno dictatorial de izquierdas. ¿No quieren el estado de alarma? Pues que haya guerra civil a fondo”.

• El 15, el director general de Seguridad, José Alonso Mallol, declaró que se habían detenido a 185 jefes locales y provinciales de Falange en toda España y el 16 se cerraron todas las sedes de partidos derechistas en Barcelona.

• El Gobierno apartó del caso al juez de instrucción Ursicino Gómez Carbajo, que se había hecho cargo de la instrucción, por su independencia. A una rueda de reconocimiento que pidió el juez, Mallol envío a unos 170 guardias.

Represalias contra los abogados

Las medidas para silenciar el magnicidio se sucedieron incluso cuando había comenzado el alzamiento. Para algunos izquierdistas era más importante ocultar los detalles de la muerte de Calvo Sotelo que combatir a los militares sublevados.

Melquiades Álvarez, político masón, liberal y republicano, ex presidente del Congreso, era decano del Colegio de Abogados de Madrid desde 1932. Había aceptado ejercer la defensa legal de José Antonio Primo de Rivera (encarcelado en marzo por el Gobierno izquierdista por posesión de armas, cuando Prieto había sacado una pistola en las Cortes) y había asistido al entierro de Calvo Sotelo.

El 24 de julio, un grupo de abogados vinculados al Frente Popular se incautó del Colegio. Días más tarde, cuenta su nieta Sarah Álvarez de Miranda (Melquíades Álvarez, mi padre), se nombró una comisión gestora, presidida por el político Francisco López de Goicoechea, que le destituyó. Además, esta gestora aprobó la expulsión de las decenas de letrados que habían formado una protesta por el asesinato de Calvo Sotelo. Antes de que concluyese julio, el Gobierno nombró a López de Goicoechea decano. La lucha de Álvarez contra la dictadura del general Primo de Rivera, su republicanismo y su edad (había nacido en 1864) no le protegieron de las ‘hordas marxistas’. El nuevo director general de Seguridad, Manuel Muñoz Martínez, de Izquierda Republicana (el partido de Azaña), ordenó su detención el 4 de agosto. La noche del 21 al 22 de agosto fue asesinado en una de las sacas cometidas contra presos de la cárcel Modelo.

El 25 de julio un grupo de milicianos socialistas irrumpió en el Tribunal Supremo y robó el sumario abierto por el asesinato. Las investigaciones judiciales las realizaron los nacionales al concluir la guerra y constan en la ‘Causa General’. Todo lo expuesto arriba demuestra que el asesinato de José Calvo Sotelo fue un magnicidio del que se hizo responsable toda la izquierda. Incluso algunos dirigentes lamentaron no haber ido en esa camioneta para apretar el gatillo. Así lo proclamó el socialista Ángel Galarza cuando ya había estallado la guerra: “A mí el asesinato de Calvo Sotelo me produjo un sentimiento. El sentimiento de no haber participado en la ejecución”.

En 1936 no había democracia en España ya antes del 18 de julio.