La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado abrirá nuevas actuaciones para investigar la posible filtración de información por parte de los fiscales de Anticorrupción que investigan el caso Villarejo a la abogada de Podemos personada en la causa como acusación y que ha venido representando al vicepresidente Pablo Iglesias y su exasesora Dina Bousellham.

«La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado abrirá nuevas actuaciones en orden a la comprobación de las informaciones publicadas y a los efectos oportunos», anuncia el departamento que dirige Dolores Delgado.

En una nota de prensa difundida este viernes, la Fiscalía explica que ya el pasado 14 de febrero la Inspección Fiscal incoó expediente gubernativo como consecuencia del escrito presentado por una particular, en el que solicitaba la apertura por la Fiscalía General de una investigación «orientada a determinar la imparcialidad» del fiscal encargado del caso «Tándem».

En aquel momento, la incoación respondía a la denuncia de una particular -una periodista de Canarias- tras ver la luz una serie de informaciones sobre una presunta relación personal entre uno de los fiscales y esa misma abogada que formaba parte del procedimiento, Marta Flor.

Señala que el 9 de marzo de 2020, tras la práctica de las oportunas actuaciones de comprobación, el fiscal-jefe Inspector dictó decreto de archivo del citado expediente al «no tenerse constancia de la existencia de vínculos causantes del deber de abstención del fiscal, cuya inobservancia pudiera ser constitutiva, en su caso, de una infracción disciplinaria».

Ahora, la investigación de la Inspección Fiscal no trata tanto de la existencia o no de vínculos personales como de si en la relación de los fiscales Anticorrupción con la acusación de ejerce Podemos en la causa y en concreto, con Marta Flor, que en el año 2018 formaba parte del equipo legal personado en Tándem, hubo algún tipo de revelación de información que debía mantenerse bajo secreto.

Los mensajes de Marta Flor

De acuerdo a una batería de chats publicados esta semana por El Confidencial, Flor dio a entender al resto del equipo legal de Podemos que los fiscales tenían intención de practicar una entrada y registro y que consideraban la opción de llamar a más perjudicados en la pieza separada que investiga el robo del móvil a Bousselham cuyo contenido apareció entre los archivos del comisario Villarejo.

Esos mensajes se registraron en febrero de 2019, pero la pieza no se abrió formalmente hasta el mes de marzo y se hizo por auto del instructor decretando secreto de sumario. Anticorrupción no llegó a solicitar formalmente esa entrada y registro, si bien efectivamente era una opción que estaba sobre la mesa. Fue Podemos y el juez no lo acordó. Tampoco acabó llamando a más perjudicados: Sólo lo han sido en esta parte de la macrocausa Pablo Iglesias y Bousselham.

Desde la Fiscalía Anticorrupción se explican las reuniones entre el equipo legal de Podemos y los fiscales del caso en el contexto de la relación entre las partes personadas en un procedimiento. En este caso, inciden además en que ella ya era perjudicada, pues aunque no se habían incoado las actuaciones fue llamada a declarar en diciembre por la unidad policial a cargo de las pesquisas que sigue la Audiencia Nacional, de acuerdo a las fuentes consultadas por este diario. Apuntan que es obligación del Ministerio Público facilitar a la víctima la información sobre las posibles acciones legales a su alcance.

No obstante, no sería la única información que manejaron, pues también se habría advertido al equipo legal de Podemos de la posibilidad de que se encontrasen pruebas entre el material intervenido al comisario que les ayudasen en un recurso que tenían ante el Tribunal Supremo, así como que el juez había acordado una serie de diligencias de las que no habrían tenido conocimiento hasta el alzamiento del secreto de actuaciones, de acuerdo a la versión que Marta Flor daba a sus jefes y compañeros de trabajo en aquel grupo de chat en 2019. La Inspección Fiscal deberá esclarecer qué hay de cierto.

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, está en una situación complicada en este asunto y de hecho, hay fuentes que consideran que se debería abstener. Se trata del caso Villarejo y ella se vio salpicada por él cuando en 2018, siendo ministra de Justicia, se publicaron unos audios grabados años atrás que la situaban en una comida con el comisario y otros mandos policiales.

Estaba junto a ella su amigo y exmagistrado Baltasar Garzón, cuyo despacho de abogados representa en la actualidad a tres de los investigados en el procedimiento.