José Luis Escrivá

La puesta en marcha del ingreso mínimo vital este mismo mes de junio amenaza con colapsar de nuevo la administración, en este caso municipal, tanto desde el punto de vista operativo como económico. Una situación que ha desatado los nervios en la Seguridad Social, porque los plazos prometidos por Pedro Sánchez son muy ajustados y a lo mejor no se pueden cumplir.

El real decreto que regula el ingreso mínimo vital entra en vigor este lunes y, según anunció hace una semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 26 de junio deberán cobrar esa prestación alrededor de 255.000 españoles.

La normativa establece que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes tienen que asumir los trámites burocráticos, y que el Instituto Nacional de la Seguridad (INSS) se encarga solo de la resolución.

Cuenta Confidencial Digital que el nuevo subsidio llega en un momento en el que los servicios sociales de los ayuntamientos se encuentran completamente desbordados con la gestión de las ayudas de urgente necesidad por la pandemia.

Por si esto fuera poco, el Gobierno todavía no ha dado instrucciones precisas a las comunidades autónomas y a los consistorios sobre el protocolo a seguir, sobre la financiación con que cuentan y los recursos personales y materiales de que dispondrán. Y el tiempo apremia.

No hay plantilla suficient

Según las fuentes consultadas por el citado medio, los consistorios han alertado también a la Seguridad Social de que necesitarán ayuda, ante el sobreesfuerzo exigido a los servicios sociales.

Destacan también que, al no haber sido posible durante más de dos meses la atención presencial, la brecha digital ha dificultado a las personas más vulnerables poder solicitar las prestaciones a las que tienen derecho, y que aún están pendientes de gestionar.

Como consecuencia, existe ya un gran retraso en la gestión de las nuevas solicitudes del conjunto de prestaciones (jubilaciones, incapacidades, etc.), que también corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Para evitar el colapso, que algunos funcionarios de la Seguridad Social ya comienzan a comparar con el que se arrastra desde hace varios meses en el SEPE con la tramitación de los ERTE, los ayuntamientos, a través de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), han exigido recursos también para la formación de estos profesionales, materiales adecuados para llevarla a cabo -ordenadores- y unas instalaciones adecuadas.

Una de las soluciones de urgencia que se plantea es la contratación de interinos, que permitiría resolver el déficit actual de recursos humanos al consolidarse con la oferta de empleo público.

Aluvión de llamadas y consultas

Los citados funcionarios de la Seguridad Social alertan de que el problema que se avecina no es pequeño. En los últimos días, los teléfonos de atención de servicios sociales están recibiendo más de 400 llamadas diarias con consultas sobre el ingreso mínimo vital.

En su última comparecencia en La Moncloa, Pedro Sánchez aseguró también que se han registrado 21 millones de visitas en la web puesta en marcha para informar sobre el proyecto estrella del Gobierno, lo que indica que existe mucho interés por parte de ciudadanos que necesitan esa ayuda, ahora que la crisis económica arrecia.

Un nuevo caos como con los ERTE

Hay que recordar que las ayudas extraordinarias prometidas por el Gobierno para afrontar la crisis económica provocada por la pandemia están registrando considerables retrasos. Por ejemplo, en el caso de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que tramita el Ministerio de Trabajo.

Se han producido hasta el momento atrasos en el pago a 900.000 personas a lo largo de los últimos meses, según cifran los sindicatos.

Trabajo ha desmentido el dato y ha asegurado que en breve abrirán las oficinas de empleo de cara al público para agilizar los trámites.

En este sentido, los ayuntamientos, a través de la FEMP, están buscando agilizar los trámites con el Gobierno para poder gestionar a tiempo el ingreso mínimo. No quieren acabar siendo señalados como responsables de los retrasos por los afectados. Recuerdan que se trata de personas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad tras la pandemia.

Fuente: El Confidencial