Argelia se ha adjudicado unilateralmente aguas de la isla de Cabrera (Islas Baleares). Lo hizo en abril del 2018 pero hasta ahora el gobierno balear no lo había detectado. El país del norte de África amplió sus aguas territoriales llegando a ‘ocupar’ mínimamente el Parque Nacional de Cabrera, al sur de Mallorca.

Tal y como informa ‘Última hora’, la Conselleria de Medi Ambient i Territori se pondrá en contacto con el Ministerio para la Transición Ecológica para saber qué hacer a partir de ahora. El gobierno balear y el ministerio, como cogestor del parque nacional, deben tejer conjuntamente una respuesta ante esta situación que podría deribar en un conflicto jurisdiccional.

La cuestión llegó este martes al parlamento balear. La diputada del PP Virginia Marí preguntó al Govern sobre las medidas llevadas a cabo ante la ampliación de las aguas jurisdiccionales de Argelia. Marí formuló esta pregunta dadas las “amenazas” que comporta este hecho, tanto para el sector pesquero como por la posibilidad de prospecciones petrolíferas en aguas cercanas, a pesar del “grandísimo esfuerzo” llevado a cabo por la Aliança Mar Blava y, en general, el conjunto de los ibicencos para frenar estas prospecciones. Las prospecciones de hidrocarburos podrían ser el motivo de la decisión de Argelia de expandir su aguas jurisdiccionales en el Mediterráneo.

La diputada ha lamentado “el sigilo de este procedimiento” y ha cuestionado “la aptitud del Ministerio de Transición Ecológica para solventar esta situación”, si se tienen en cuenta los antecedentes en las Islas, como la “imposición” de las boyas de Tagomago o su “incapacidad” para acabar la depuradora de Ibiza. “A este hecho se añade la maraña de intereses en cuanto a la negativa del Ministerio a ceder la gestión del parque nacional de Cabrera al Govern”, afirmó durante la sesión.

También el senador de Més per Mallorca Vicenç Vidal trasladará en la cambra una pregunta al Gobierno sobre qué actuaciones se han realizado ante la ampliación decidida por Argelia.

Asuntos Exteriores presentó su oposición hace dos años

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha explicado este miércoles que hace ya dos años que España presentó su oposición a la norma aprobada por Argelia para delimitar sus aguas en el Mediterráneo pero que todavía no ha comenzado una negociación entre ambos.

Preguntada en rueda de prensa con su homólogo de Macedonia del Norte, la ministra ha explicado que, a diferencia de las leyes marroquíes, “donde solo hay un interés de delimitar las aguas”, el decreto argelino, que “data de hace dos años”, incluye ya “su visión de cómo deberían delimitarse esas aguas”, y por eso España comunicó su oposición.

Cuando las aguas de dos países se solapan, la Convención del Derecho del Mar establece que “las dos partes tienen que negociar, pero esa cuestión todavía no ha comenzado”, ha detallado la jefa de la diplomacia. “Hay una pretensión y se responde con otra”, ha explicado, y debe haber una negociación.

La ministra había respondido este mismo miércoles a una interpelación parlamentaria de la diputada del PP Ana Oramas sobre las leyes marroquíes de delimitación de aguas ante el solapamiento con Canarias.

La Convención del Derecho del Mar otorga a los Estados un mar territorial de 12 millas y permite declarar una zona económica exclusiva (ZEE), con su correspondiente plataforma continental, de hasta 200 millas, pero establece que, entre países adyacentes o situados frente a frente, cuando haya solapamientos la frontera marítima debe establecerse de mutuo acuerdo.

España tiene frontera marítima con Portugal, Francia, Italia, Marruecos y Argelia y casi ninguna de ellas está delimitada oficialmente, ha reconocido González Laya en el Congreso. Con Marruecos, España tiene espacios marítimos superpuestos en tres áreas, el estrecho de Gibraltar, el mar de Alborán y el corredor entre Canarias y la fachada atlántica de Marruecos, y en ninguno de ellos están delimitados oficialmente.