En la imagen, un grupo de migrantes atraviesa unos campos en dirección al campamento de Dobova, Eslovenia, el 26 de octubre de 2015.

Por Judith Bergman.- Naciones Unidas, en un acuerdo no vinculante que casi todos los países miembros de la ONU firmarán en una ceremonia en Marruecos a principios de diciembre, está haciendo de la emigración en un derecho humano.

El texto final del acuerdo, el Pacto Global para la Emigración Segura, Ordenada y Regular, aunque no es oficialmente vinculante, «pone la emigración firmemente en la agenda global. Será un punto de referencia en los años venideros y provocará un verdadero cambio sobre el terreno», según Jürg Lauber, representante de Suiza en la ONU, que dirigió los trabajos sobre el acuerdo junto al representante de México.

Una inmediata ironía es, lógicamente, que pocos países tienen requisitos de entrada tan restringidos como los de Suiza. Si uno desea quedarse más de tres meses, no sólo se necesita un «permiso de residencia», sino que «en un esfuerzo para limitar la inmigración de los países no pertenecientes a la UE o la AELC, las autoridades suizas imponen estrictos límites anuales al número de permisos de residencia y de trabajo concedidos a los extranjeros».

Estos permisos de residencia tan difíciles de conseguir se convierten como era de prever en una fuente de ingresos ya que los «extranjeros ricos ‘compran’ el permiso de residencia suizo».

El acuerdo de la ONU, por otra parte, señala:

«Los refugiados y los inmigrantes tienen derecho a los mismos derechos humanos universales y libertades fundamentales, que deben ser respetados, protegidos y satisfechos en todo momento. (Preámbulo, sección 4)».

No se puede hacer el suficiente hincapié en que este acuerdo no trata de los emigrantes que huyen de la persecución, o de sus derechos a ser protegidos por las leyes internacionales. En su lugar, el acuerdo propaga la idea radical de que la emigración –por cualquier motivo– es algo que se tiene que promover, facilitar y proteger. Se espera que casi todos los países miembros de la ONU, excepto Estados Unidos, Austria, Australia, Croacia, Hungría y posiblemente también la República Checa y Polonia, lo firmen.

La ONU ha negado que la emigración se esté convirtiendo en un derecho humano. «La cuestión de si esta es una manera injusta de empezar a promover un «derecho humano a emigrar» no es correcta. No está en el texto; no hay ningún proyecto siniestro para promover eso», dijo hace poco Louise Arbour, la representante especial de la ONU para la emigración internacional.

La ONU no tiene ningún interés en admitir que el acuerdo promueve la emigración como un derecho humano; hasta hace poco ha habido poco debate al respecto. Un mayor debate pondría en peligro todo el proyecto. El redactado del acuerdo, como se documenta abajo, deja pocas dudas, sin embargo, de que con la firma del acuerdo la emigración se convertirá efectivamente en un derecho humano.

El acuerdo está dividido en 23 objetivos hacia los cuales los firmantes desean en teoría trabajar. El objetivo número 3, por ejemplo, prevé la promoción y habilitación de la emigración por una serie diversa de medios. Los países firmantes se comprometen a:

«Lanzar y publicitar una web nacional accesible al público para poner a su disposición la información sobre las opciones para emigrar de forma regular, como las leyes y políticas sobre inmigración específicas de cada país, los requisitos para el visado, los tramites de solicitud, las tarifas y los criterios de conversión, los requisitos para obtener permisos de trabajo, evaluación de credenciales y equivalencias, oportunidades de formación y estudios y los costes y condiciones de vida, a fin de que los emigrantes tomen una decisión informada».

Los países, dicho de otro modo, no sólo se supone que abren sus fronteras para los emigrantes del mundo, sino que también los ayudan a escoger su país futuro proporcionándoles información exhaustiva sobre cada país en el que deseen establecerse.

El nivel de servicio pensado para facilitar una mayor emigración también es alto. Se insta a los países a:

«Establecer puntos de información abiertos y accesibles en todas las rutas migratorias relevantes para enviar a los inmigrantes a centros de apoyo y asesoramiento sensibles con los problemas de la infancia y de género, ofrezcan oportunidades para comunicarse con los representantes consulares del país de origen y facilitar la información relevante, incluida la relativa a los derechos humanos y las libertades básicas, la protección y la asistencia adecuadas, las opciones y vías para la inmigración legal y las posibilidades de retorno, en una lengua que la persona concernida entienda».

Una vez que los inmigrantes han llegado a su destino elegido, los países firmantes se comprometen a:

«Proporcionar a los inmigrantes recién llegados información específica, atenta a las cuestiones de la infancia y del género, accesible y exhaustiva y una guía legal sobre sus derechos y obligaciones, incluido lo relativo al cumplimiento de las leyes locales y nacionales, la obtención de permisos de trabajo y residencia, los ajustes del estatus, la inscripción ante las autoridades, el acceso a la justicia para presentar demandas por vulneraciones de derechos y el acceso a los servicios básicos».

Los inmigrantes son, obviamente, ciudadanos de un nuevo mundo, en el que todos los países deben correr a asistir a todo aquel que haya elegido viajar y vivir allí por cualquier razón. Las fronteras pueden existir en la teoría, pero la ONU –que comprende a casi todos los gobiernos del mundo– está esforzándose para hacerlas desaparecer en la práctica.

Los inmigrantes, según el acuerdo, también deben ser «reforzados para llevar a cabo su plena inclusión y cohesión social» en sus nuevos países (objetivo 16). Esto significa, entre otras cosas, que los países deben:

«Promover el respeto mutuo por las culturas, tradiciones y costumbres de las comunidades de destino y de los inmigrantes mediante el intercambio e implementación de buenas prácticas sobre políticas, programas y actividades para la integración, incluidas las maneras de promover la aceptación de la diversidad y facilitar la cohesión social y la inclusión».

Todas las culturas son iguales y deben ser igualmente respetadas. Presumiblemente, esto significa que, por ejemplo, la tradición de la mutilación genital femenina (MGF), que casi todas las mujeres somalíes sufren en Somalia, debe ser reconocida en Londres y París como merecedora de «respeto mutuo» al igual que en Mogadiscio.

El acuerdo pasa a enumerar el trabajo que los países deben iniciar para acomodar a los inmigrantes. Se deben desarrollar «los objetivos de las políticas […] nacionales respecto a la inclusión de los inmigrantes en las sociedades, incluida la integración en el mercado laboral, la reunificación familiar, la educación, la no discriminación y la salud». Además, el país de acogida debe facilitar «acceso a un trabajo digno para el que estén más cualificados, de acuerdo con las exigencias laborales locales y nacionales y la oferta de aptitudes».

En otras palabras, los nuevos inmigrantes en, por ejemplo, Europa, deben tener los mismos derechos, o al menos muy similares, a la educación, el mercado laboral y la atención a la salud que los europeos, que han trabajado duro y pagado impuestos durante medio siglo para ganarse el acceso a esas mismas cosas. Los europeos, por supuesto, tendrán que pagar todo esto con el dinero de sus impuestos.

Los autores del acuerdo no esperan, evidentemente, que sus poblaciones lo digieran así de bien. Un acuerdo para facilitar la inmigración masiva en los países principalmente occidentales del resto del mundo (donde no se puede hablar de inmigración en dirección contraria) podría escocer a muchos en Occidente. Por lo tanto, el acuerdo señala claramente que no se aceptará ningún desacuerdo con la agenda y que los países firmantes trabajarán para disipar «los discursos que conduzcan a confusiones y que generen percepciones negativas de los inmigrantes».

Para hacer realidad este objetivo, los países firmantes deben comprometerse primero a:

«Promover el reportaje independiente, objetivo y de calidad de los medios, incluida la información de internet, sensibilizar y educar a los profesionales de los medios sobre las cuestiones y la terminología relacionadas con la inmigración, invertir en estándares de reportaje y publicidad éticos y dejar de asignar fondos públicos o materiales de apoyo a medios que promuevan sistemáticamente la intolerancia, la xenofobia, el racismo y otras formas de discriminación hacia los inmigrantes, con pleno respeto por la libertad de los medios». (Objetivo 17).

Esto es Orwell con esteroides. ¿Casi todos los países miembros de la ONU van a firmar un acuerdo que dice que los medios que discrepen de las políticas del gobierno no podrán aspirar a la financiación pública? Para colmo, el acuerdo afirma, extrañamente, que está escrito «con pleno respeto por la libertad de los medios», como si eso fuese a convencer realmente a alguien.

En segundo lugar, los países firmantes se comprometen a:

«Eliminar todas las formas de discriminación, condenar y contrarrestar las expresiones, actos y manifestaciones de racismo, discriminación racial, violencia, xenofobia y la intolerancia relacionada contra todos los migrantes, de acuerdo con las leyes internacionales sobre derechos humanos». (Objetivo 17).

El acuerdo, convenientemente, no ofrece definiciones de qué constituye «racismo» o «xenofobia» en este contexto. ¿Qué es, por ejemplo, la «intolerancia relacionada»? ¿Es criticar las políticas migratorias de la ONU, por ejemplo, «intolerancia»?

Originalmente, todos los estados miembros, salvo Estados Unidos, han aprobado el texto final del acuerdo, y al parecer están listos para firmarlo en diciembre. Sin embargo, más países anunciaron hace poco que se iban a retirar del acuerdo.

En julio, Hungría se retiró del acuerdo. El ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, dijo que iba «completamente contra los intereses de seguridad de Hungría», y añadió:

«Este pacto representa una amenaza para el mundo en el sentido de que podría inspirar a millones [de inmigrantes]. Su principal premisa es que la inmigración es un fenómeno bueno e inevitable. Nosotros consideramos que la inmigración es un proceso negativo, que tiene implicaciones para la seguridad extremadamente graves».

En julio, Australia también indicó que se retiraría del acuerdo, al menos en su forma actual. Según el ministro de Interior, Peter Dutton:

«No vamos a firmar un acuerdo que lo sacrifica todo en términos de políticas de protección de nuestras fronteras […]. No vamos a renunciar a nuestra soberanía; no voy a permitir los dictados de organismos no electos a nosotros, el pueblo australiano».

En noviembre, tanto la República Checa como Polonia anunciaron que probablemente se retirarán del acuerdo, y la presidenta croata, Kolinda Grabar-Kitarovic, escribió en un comunicado que no iba a firmar el acuerdo. «Nuestros principios soberanos sobre la seguridad de nuestras fronteras y el control de los flujos migratorios son la absoluta prioridad para nosotros», dijo el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki.

También este mes, Austria anunció que tampoco iba a firmar el acuerdo. «Vemos de manera muy crítica algunos puntos del acuerdo, como el de mezclar la búsqueda de protección con la inmigración laboral», dijo el canciller austriaco, Sebastian Kurz.

La Unión Europea criticó inmediatamente la decisión de Austria. «Lamentamos la decisión que ha tomado el Gobierno austriaco. Seguimos creyendo que la inmigración es un desafío global para el que sólo las soluciones globales y compartir la responsabilidad global producirá resultados», dijo una portavoz no identificada de la Comisión Europea.

Esta es, por cierto, la misma UE que en teoría iba a aplicar «mano dura» a la inmigración. Si estás aplicando «mano dura» a la inmigración, ¿por qué firmas acuerdos que la facilitarán y multiplicarán como supuesto derecho humano?