Artur Mas y Carles Puigdemont

Cuando el Tripartito que gobernó Cataluña pidió una comisión de investigación en el Parlament sobre el caso Palau. Entonces Puigdemont, lejos del foco de la primera plana política, cerró filas con su partido, Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), y criticó la labor del Tripartito a la hora de intentar esclarecer la trama. Para ello, no escatimó en adjetivos.

«La comisión parlamentaria por el caso Palau habrá sido un digno hijo del estilo del Tripartito de los Socialistas de Cataluña», escribió Puigdemont en su blog, donde también calificó a la unión entre PSC, ERC e ICV como un «engendro político».

El a la postre «presidente» prefirió mirar hacia otro lado en lugar de reconocer unas prácticas que finalmente la Justicia, ocho años después de aquello, ha condenado.

Entonces, el Tripartito pidió hasta 37 comparecencias, entre ellas las del principal señalado por el caso, Fèlix Millet, quien admitió a lo largo del proceso que CDC recibió dinero a cambio de adjudicar obras públicas a empresas.

Objetivo «destruir Convergencia»

Otra de las frases que Puigdemont dedicó al Tripartito fue la acusaciónd de que no tenía otro objetivo político que terminar con Convergencia: «Acabará la legislatura haciendo exactamente lo mismo que inspiró su nacimiento dentro de las cuevas de la ambición desatada: la destrucción de Convergencia para todos los métodos posibles».

El tiempo ha puesto finalmente a cada uno en su sitio y esta mañana, la Audiencia de Barcelona ha condenado a cuatro años y cinco meses de cárcel al extesorero de CDC, Daniel Osàcar, por los 6,6 millones de euros de comisiones ilegales que la formación cobró, a través del expoliado Palau de la Música, a cambio de asegurar a Ferrovial un «flujo constante» de obra pública.

Comisiones de hasta el 4%

Casi nueve años después de que estallara el escándalo por el desfalco del Palau, uno de los bastiones culturales de la burguesía catalana, la Audiencia ha condenado a nueve años y ocho meses de cárcel a Fèlix Millet, al concluir que saqueó la institución en beneficio propio, desviando los fondos públicos y privados de que se nutría para todo tipo de gastos domésticos, viajes y hasta las bodas de sus hijas.

En una sentencia que el propio expresidente de CDC Artur Mas no ha dudado en calificar de «dura», la Audiencia cree probado que, mientras eran expoliadas, las cuentas del Palau de la Música sirvieron de «puente» para que la constructora Ferrovial pagara comisiones ilegales de hasta el 4%, que CDC se repartía con los exresponsables de la entidad en una proporción del 2,5 y el 1,5%. Pese a ello, hace siete años, Puigdemont consideró que la comisión que impulsó el Tripartito para investigar este caso respondía a una intención de «embadurnar» la política catalana por parte de estas formaciones.