Manuel Chaves, el pasado 3 de noviembre, junto a la Audiencia Provincial de Sevilla

El proceso de los ERE no será el juicio contra la corrupción con el banquillo más concurrido y tampoco hará historia por su duración. Aunque no se ha fijado límite de tiempo, se antoja impensable batir la plusmarca de la gran causa contra la corrupción en Marbella, que acumuló dos años y medio de sesiones interminables. El juicio que comenzará el miércoles en la Audiencia Provincial de Sevilla -primero con las cuestiones previas y, desde el 9 de enero, con los interrogatorios- ocupará un puesto en el récord Guinness de la jurisprudencia española por la complejidad de la instrucción. Mercedes Alaya abrió las diligencias hace siete años. Cuando desenredaba la madeja de un supuesto soborno a empresarios por parte de dos directivos de la lonja de Mercasevilla, la juez halló por casualidad que había intrusos, personas ajenas a la empresa, incluidos en un ERE subvencionado por la Junta de Andalucía.

La relevancia de los acusados, sobre los que pesan delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita, tampoco tiene parangón: dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, media docena de exconsejeros y 14 ex altos cargos más de sus gobiernos. La primera pieza separada de la causa troncal de los ERE va a sentar delante de un tribunal de justicia a los rostros más representativos de la hegemonía andaluza durante casi un cuarto de siglo.

Lo que está en juego no es sólo determinar quiénes fueron los responsables políticos por autorizar y/o mantener un sistema «opaco» de reparto de subvenciones «carente de las elementales exigencias de control», que se prolongó durante más de diez años (2000-2011) y que dispuso de una cantidad de dinero no inferior a los 855 millones de euros, según dejó escrito el juez Álvaro Martín en su auto de procedimiento. El macrojuicio de los ERE es, por encima de todo, un proceso contra el inmenso poder que llegó acumular y que aún tiene el PSOE en la única Autonomía española que no ha conocido la alternancia política. Como aleccionó el director de «The Boston Globe» a sus redactores en la oscarizada película Spotlight, «la gran historia no está en los individuos, está en la institución; práctica y política, hay que apuntar contra los males del sistema».

Son los males del sistema, el mantenimiento de un método creado desde la Administración para burlar la ley y el filtro de los interventores, los que han conducido al banquillo a Chaves y Griñán. No van a ser juzgados por apropiarse de dinero público, sino por haber infringido su deber de evitar la utilización supuestamente fraudulenta de fondos que se perdieron en una cadena de favores guiados por una afinidad política o de amistad y donde la mayoría de las veces bastaba levantar un teléfono para recibir una ayuda. Una red alimentada año tras año a través de la famosa partida 31L que dejó al margen a cerca de 120.000 trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en 9.461 empresas en Andalucía durante aquellos años, que no tuvieron acceso a ayudas para financiar despidos y prejubilaciones.

Trama organizada

Los magistrados que integran el tribunal, Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente Vara y Encarnación Gómez Caselles, tendrán que decidir si el método de los ERE es delictivo. Si el sistema obedeció a un designio político y administrativo para seguir dotándolo «de manera irregular de los fondos públicos precisos para su discrecional, o arbitraria distribución». Si hubo una suerte de confabulación en la cúpula autonómica para que de forma consciente se hiciera la vista gorda sobre «los avisos de irregularidad (los sucesivos informes de la Intervención General de la Junta) sobre el sistema».

El juez que concluyó la investigación de la denominada pieza del procedimiento específico, que se juzgará a partir del día 13, así lo creía. El instructor, que realizó un trabajo meticuloso y determinante, muestra una imagen demoledora de la gestión de la Autonomía. Los acusados -señala- «mediante un concierto expreso o tácito han dictado una pluralidad de resoluciones contrarias a derecho del modo más grosero» y «sin que se les pueda dar una explicación mínimamente razonable, si no es la de pretender eludir dichos procedimientos por un mal entendido espíritu de agilización del funcionamiento de la Administración, la cual, vistas las deficiencias buscadas o asumidas, resulta ser una explicación inaceptable».

Siete acusados entre los que están el expresidente Manuel Chaves y sus exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, cuya imputación puso fin a sus largas carreras políticas, se enfrentan a una posible pena de diez años de inhabilitación por un supuesto delito de prevaricación. El horizonte judicial de Griñán y otros dos encausados está más cargado de amenazas: la Fiscalía pide hasta 6 años de prisión y 30 de inhabilitación al atribuirles el supuesto de malversación de fondos. El horizonte aún pinta más negro para otra docena de procesados, incluidos tres exconsejeros (Antonio Fernández, José Antonio Viera y Francisco Vallejo), que ven incrementada la posible carga incriminatoria a ocho años de cárcel. Mientras Manos Limpias se adhirió al escrito de la Fiscalía, el PP andaluz añadió otro supuesto delito de asociación ilícita, y la Junta, también acusación en el proceso, defiende la absolución para todos ellos.

¿Cómo pudo mantenerse durante tanto tiempo un sistema a espaldas de los controles oficiales? La clave de bóveda de esta corrupta arquitectura son las transferencias de financiación. Los encausados reinventaron un mecanismo que consistía en financiar los despidos -un procedimiento contemplado en la legislación española- mediante el traspaso de los fondos a un ente externo, la agencia IDEA. Para ello no dudaron en ampliar sin ningún límite los presupuestos autonómicos.

La razón oficial del cambio era acelerar las ayudas para aplacar así los conflictos laborales derivados del cierre de empresas, pero en la práctica el artificio financiero supuso sacar el dinero público fuera de los controles administrativos. Carentes de procedimiento y sin la más mínima fiscalización, los fondos terminaron en una tropa de conseguidores, falsos trabajadores, consultoras, abogados, sindicatos, empresarios y algún alto cargo.

Siete años después de estallar el escándalo, el dinero recuperado no llega ni al 0,7 por ciento de los 741 millones de euros en los que la Fiscalía Anticorrupción cifró el supuesto saqueo.