Carles Puigdemont, Jordi Turull y Oriol Junqueras, en el Parlamento de Cataluña

La inquietud en el mundo económico por la situación política en Cataluña está provocando en los últimos días la salida diaria de unas 150 empresas con sede en esta comunidad, entre las que se encuentran ya muchas pequeñas y medianas empresas (pymes), que siguen así la senda iniciada por las grandes compañías.

El decano del Colegio de Registradores de Cataluña, Luis Suárez, ha explicado a Efe que el traslado de sedes fuera de la Comunidad catalana empezó a coger un ritmo alto a partir del 7 de octubre, justo después de que el Banco Sabadell y la Caixabank aprobaran el cambio de su domicilio social.

El éxodo de empresas se inició en forma de goteo después del referéndum suspendido por el Constitucional, que se celebró el 1 de octubre (1-O), se incrementó el 7 de octubre y ha cogido un ritmo de «unas 150 diarias» desde el pasado martes 10 de octubre, cuando tuvo lugar el pleno en el que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dejó en suspenso una declaración unilateral de independencia.

Hasta el pasado jueves, eran ya 581 las firmas con sede en Cataluña que habían dejado la comunidad, cifra que se habrá incrementado en las últimas horas.

«Primero se fueron las grandes entidades financieras, después las empresas energéticas y las más emblemáticas, y ahora son ya las pequeñas y medianas empresas las que desplazan sus centros de decisión», ha señalado Suárez.

En paralelo, el decano del Colegio de Registradores de Cataluña ha alertado de que se está produciendo también una paralización de las operaciones de compra y venta de inmuebles.

Ante este escenario, Suárez ha señalado que «si la incertidumbre dura sólo unas semanas la recuperación será relativamente rápida, si no es así y acaba durante un año, la recesión es segura».

El decano del Colegio de Registradores ha afirmado que es muy difícil saber cómo puede evolucionar la situación en los próximos días y hasta qué punto puede afectar a la economía productiva en Cataluña.

En esta línea, ha recordado que las expectativas influyen en la economía y que, por tanto, habrá más riesgo de que la situación política afecte a la economía productiva «si la inseguridad y la incertidumbre toma un carácter permanente».

Respecto a la congelación de las operaciones de compra-venta de inmuebles, ha asegurado que, ante la incertidumbre por una eventual declaración unilateral de independencia, «mucha gente está aplazando la toma de decisiones sobre hipotecas a 20 años».

El mercado inmobiliario ya había empezado a dar señales de ralentización antes que el ámbito mercantil, ya que en septiembre se firmaron ya menos hipotecas que el mismo mes de 2016.