La existencia de varias “churrerías jurídicas” en nuestro país (puede verse mi artículo previo sobre el asunto), y el continuo latrocinio a que la banca nos somete a todos, así como los precedentes judiciales de varias sentencias en favor de los consumidores, nos indican que los juzgados civiles de toda España van a recibir en breve varios cientos de miles de demandas, que amenazan con colapsar la ya de por sí saturada jurisdicción civil.

Lo primero que me sorprende, y creo que a todos, es que la jurisprudencia en favor de los consumidores –o más bien “consumidos”- haya venido no de nuestro sistema jurisdiccional, sino del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si bien es cierto que a instancia de algunos juzgados y tribunales españoles.

Sea como fuere, lo que está fuera de toda duda es que los españoles –y extranjeros resientes- estamos sufriendo numerosos abusos de los bancos y las antiguas cajas de ahorros, ahora reconvertidas en bancos, quienes siempre han contado con la sin par colaboración de dos clases de funcionarios públicos, muy peculiares, pues cobran por arancel, los notarios y los registradores de la propiedad, quienes nunca han puesto tacha alguna a cualquier cláusula abusiva de un contrato… ¡Una forma muy curiosa de “interpretar” su defensa de la legalidad, del interés público tutelado por la ley, y, sobre todo, los derechos de los consumidores!

Tal vez habría que empezar a pensar en pagarles un sueldo, digno, pero sueldo, y que todos los ingresos de las notarías y registros de la propiedad y mercantiles pasen al Estado… No tiene ningún sentido que se hagan millonarios asumiendo escasos riesgos, y lo que es peor, sin cumplir con sus deberes de imparcialidad y objetividad en el desempeño de sus funciones.

Pero dicho todo ello, hoy leo en varios diarios digitales jurídicos que el Tribunal Supremo ha dictaminado que hay que imponer costas a la banca, para evitar que las demandas contra estas entidades se conviertan en poco menos que ilusorias, al tener que gastarse el demandante la práctica totalidad reclamada en abogados y procuradores.

Celebro que el Tribunal Supremo piense así, pero yo sería partidario de retornar a la conciliación obligatoria, para que todos estos litigios pasasen primero por las manos de un Letrado de la Administración de Justicia, y solamente cuando la banca no se aviniera a “arreglarse”, y asumir la totalidad o por lo menos una buena parte del dinero reclamado, el Juez o Magistrado resolviera posteriormente el asunto, imponiéndoles las costas, por esta cerrazón a llegar a un entendimiento.

Seguramente sería una forma rápida de solucionar una buena parte de los cientos de miles de futuros litigios, ya que en esa fase de conciliación no habría costas para nadie y, de paso, daríamos trabajo a los Letrados, que hasta ahora han vivido realmente muy bien como Secretarios Judiciales.

*Abogado y escritor. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.