Luis Romero.- Una mayoría silenciosa de españoles asiste atónita al constante aumento de las denuncias por malos tratos contra varones, auspiciadas en muchos casos por organizaciones feministas. Muchas de esas denuncias son interpuestas por extranjeras para, de esa forma, obtener ayudas sociales e incluso el permiso de residencia, que de otra forma les serían denegados.

Estas denuncias, en un elevado porcentaje, son falsas, y así lo sostienen numerosos autores, como el ex juez, fiscal, abogado y colaborador de AD, Ramiro Grau Morancho.

Estas fuentes lamentan que no exista un “Observatorio” encargado de registrar el número de denuncias falsas, ni tampoco el elevado y creciente número de hombres que se suicidan cada año fruto de la “opresión y estigmatización social” que deben soportar. También destacan el inquietante número de hombres que viven en permanente roce con el alcoholismo, como forma de escape ante una realidad tan hostil y la imposibilidad de cambiar, con la ley en la mano, una norma tan favorable para las mujeres como manifiestamente injusta para ellos. La Ley de Violencia de Género fue aprobada durante la etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y de facto sustituye la presunción de inocencia del denunciado por la de culpabilidad.

Como consecuencia de este experimento de “ingeniería social”, miles de matrimonios se rompen cada año en España. Muchas abogadas aconsejan a sus clientes que inicien el proceso de divorcio interponiendo una denuncia por malos tratos, físicos o psíquicos, contra sus parejas, de cara a acelerar el proceso, quedarse con la custodia de los hijos e incluso con la mayor parte del patrimonio familiar.

Ante esta situación, el partido identitario SOLUCIONA cree necesario aplicar el viejo aforismo de “a grandes males, grandes remedios”. La formación fundada y presdidida por el director de AD ha pedido hoy que se aplique la legislación antiterrorista a las mujeres que denuncien falsamente a sus maridos o parejas, así como a las organizaciones feministas que promueven tales prácticas. SOLUCIONA defiende también las siguientes medidas adicionales:

1ª. – “Creación por el Ministerio de Justicia de un registro nacional de denuncias falsas, en el que figuren los datos identificativos de las personas que lo hayan hecho, de cara al exhaustivo control de estas prácticas”.

2ª. – “Que la Fiscalía General del Estado ordene a todos los fiscales que pidan la deducción de testimonio, y la formulación de denuncia por los delitos de denuncia falsa y contra la administración de Justicia, contra todas las mujeres que hayan presentado denuncias notoriamente falsas”. El partido social-identitario recuerda en ese sentido que, en la actualidad, las denuncias falsas son toleradas y no son perseguidas por los fiscales. Se pregunta si debido al hecho de que el cuerpo judicial esté formado mayoritariamente por mujeres.

3ª. – “Que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías locales y trabajadores sociales, elaboren listados de todos los perceptores de ayudas sociales tras haber presentado este tipo de denuncias, y que al mismo tiempo se verifique si sigue existiendo convivencia entre el supuesto agresor y la presunta víctima, en cuyo caso deberá denunciarse penalmente a ambos, por un delito de fraude al erario público”.

“SOLUCIONA entiende como un deber la protección de todos los españoles, hombres y mujeres, pero especialmente los hombres, que están siendo perseguidos por las organizaciones feministas, con la pretensión de acabar con la unidad familiar, de forma que las personas no dependan de sí mismas ni puedan tener la ayuda y protección de sus familias, pasando a depender de entidades, grupos y organismos caracterizados por sus prácticas corruptas”, añade.

Armando Robles cree que una medida tan severa como la que propone su partido acabaría de raíz con las denuncias falsas y, paralelamente, con buena parte de los suicidios de varones que están siendo deliberadamente silenciados por las administraciones públicas. “Esta medida supondría además un gran ahorro en vidas humanas”, subrayó.

Sobre si podría parecer desmesurada la aplicación a las falsas denunciantes de la ley antiterrorista, creada como respuesta a la incesante actividad de ETA, Robles sentenció: “Destruir la familia es tan grave para cualquier sociedad como los crímenes de una banda terrorista”.