El juez instructor de la Audiencia Nacional ayer adoptó la decisión de ingresar en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del primogénito de la nada honorable familia Pujol. Se le acusa, entre otras muchas cosas, de sustraer 30 millones de euros, situándolos en el extranjero, a “salvo” de la administración de justicia española.

Se le ingresa en prisión para evitar que siga ocultando el dinero “familiar”, procedente de numerosos delitos, y entorpeciendo la acción de la “justicia”.

Justicia que en este caso viaja a lomos de una tortuga: nada menos que tres años ha tardado el juez en adoptar esta decisión, si bien es cierto que no podía hacerlo salvo petición expresa del fiscal, del abogado del estado personado en la causa, o de alguna de las acusaciones populares que puedan existir.

Tampoco se adoptaron las más elementales medidas propias de cualquier instrucción, para evitar la desaparición de las pruebas o la volatilización del dinero: registros domiciliarios de los imputados (ahora investigados), de sus oficinas y empresas, embargo de todas sus cuentas bancarias, etc.

Eso es lo que se hace, y dice la ley que debe realizarse, en todos los casos. Pero en este, por causas que desconocemos, no se hizo. ¿Por qué? ¿Quién dio “instrucciones” al juez –o al fiscal-, para que no se hiciera así?

A los Pujol se les ha dado un trato similar al de la (todavía) Infanta de España. Es natural; al fin y al cabo, como vengo sosteniendo en mis artículos, ellos son “la familia real catalana”, o más bien los Virreyes de Cataluña, o Príncipes soberanos.

Hace años el patriarca ya pretendió ser Copríncipe de Andorra, desposeyendo al muy honorable Obispo de la Seo de Urgel, con rango de Arzobispo, de dicha calidad, que se perpetúa en el tiempo, desde hace siglos.

Afortunamente alguien con un mínimo de sentido común, paro de plano esa pretensión.

¿Se imaginan ustedes quien le tosería ahora al Copríncipe de un país soberano, que podría eludir la acción de la justicia española, simplemente trasladándose a “su estado”?

Así, además, no hubieran tenido necesidad de promover y fomentar el independentismo catalán, cuya finalidad principal –sino única-, es sustraerse a la acción de los juzgados y tribunales españoles, y poder seguir robando a sus “súbditos”, vasallos y contribuyentes, muy contribuyentes.

Pero a lo que íbamos: toda acción, o dejación, tiene sus responsabilidades, y está fuera de toda duda que el juez y el fiscal se han columpiado durante tres años.

“Gracias” a su incompetencia, miedo, cobardía, o falta de independencia, siguiendo “órdenes superiores” (en su caso), los españoles vamos a perder 30 millones de euros.

Treinta millones de euros que divididos por los 47 millones de españoles, suponen unos 60 céntimos de euro por persona.

Pues bien, YO RECLAMO MIS SESENTA CÉNTIMOS DE EURO, y no estoy dispuesto a perderlos.

Y pido que por las instancias correspondientes, Promotor de la Acción Disciplinaria e Inspección Fiscal, se exijan las responsabilidades disciplinarias correspondientes.

Sin perjuicio de que la acción popular pueda pedir también las responsabilidades penales y civiles que correspondan.

Faltaría más.

Quiero vivir en un Estado de Derecho, no de desecho.

*Abogado y escritor, Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.