La joven kurda iraní Zeinab Sekaanvand, de 22 años, corre el riesgo de ser ejecutada mañana, jueves, a pesar de ser víctima de un “juicio injusto” por el asesinato de su esposo, según varias organizaciones de derechos humanos que han lanzado una campaña internacional para lograr la suspensión de la sentencia.

Amnistía Internacional (AI), la Organización Internacional de Derechos Humanos en Irán y la red de Derechos Humanos de Kurdistán, entre otras, han pedido a Irán en las últimas horas que no ejecuten a Zeinab, que tenía 17 años cuando se cometió el delito, en 2012.

La joven fue condenada a muerte dos años después, pese a no tener abogado hasta el inicio del juicio y las dudas sobre su “confesión”.

En la comisaría a la que acudió tras la muerte de su marido, donde fue torturada por la policía durante 20 días, la joven “confesó” haber apuñalado a su esposo, que la había sometido a insultos y malos tratos físicos durante meses y se había negado a concederle el divorcio, indicó AI en un comunicado.

“No le proporcionaron un abogado (de oficio) hasta la primera sesión del juicio, cuando se retractó de su ‘confesión’ y dijo al juez que el autor del asesinato había sido su cuñado, quien la había violado, aseguró, varias veces” y quien le dijo que “si ella asumía la responsabilidad, la indultaría”, explicó la ONG.

Según el derecho islámico, los familiares de las víctimas de asesinato tienen la facultad de indultar al asesino a cambio de una indemnización.

El tribunal, que no investigó las afirmaciones de Zeinab y se basó en sus “confesiones” sin abogado para dictar sentencia, tampoco aplicó la legalidad sobre condenas a menores ni ordenó un examen forense sobre el “desarrollo y madurez mental” de la joven.

La ejecución de Zeinab, que en 2015 se casó con un preso recluido también en la Prisión Central de Urmía y se quedó embarazada, fue retrasada hasta después del parto, lo que sucedió el pasado 30 de septiembre, cuando dio a luz a un bebé sin vida.

“Los médicos dijeron que el bebé había muerto en el útero, a consecuencia de una conmoción, alrededor de dos días antes, más o menos cuando había tenido lugar la ejecución de su compañera de celda y amiga, el 28 de septiembre”, relató AI.

Zeinab, que procede de una familia empobrecida y culturalmente conservadora, se fue de casa a los 15 años para casarse con Hosein Sarmadi, pensado que era la única oportunidad que tenía de una vida mejor. Sin embargo, poco después de casarse, su esposo comenzó a maltratarla de manera habitual con insultos y golpes.

Le pidió el divorcio en numerosas ocasiones, pero él se lo denegó, y presentó varias denuncias de maltrato en la policía, aunque ésta nunca llevó a cabo una investigación. También intentó regresar con su familia, pero sus padres la habían repudiado cuando se fue de casa, según AI.

“Zeinab es una víctima de la misoginia institucionalizada. Ahora, después de una investigación insuficiente y un juicio injusto, va a ser víctima de la política de pena de muerte en Irán (…) y su sentencia es una clara violación de las leyes internacionales (…). Llamamos a la comunidad internacional para protestar contra esta sentencia de muerte ilegal”, aseguró Mahmud Amiry-Moghadam, portavoz de la organización iraní de derechos humanos

AI considera que su condena “constituye un incumplimiento de las obligaciones” internacionales contraídas por Irán y que prohíben estrictamente la imposición de la pena de muerte a personas menores de 18 años en el momento del delito, aseguró la ONG, que recordó que “en Irán, la edad mínima de responsabilidad penal está establecida en los 9 años lunares para las niñas y los 15 años lunares para los niños”.

Esa ONG ha registrado en Irán al menos 74 ejecuciones de menores de edad en el momento del delito entre 2005 y 2016 y, según la ONU, actualmente hay al menos 160 personas condenadas a muerte por delitos cometidos cuando no habían cumplido los 18 años.