Vista de una bandera estadounidense desplegada desde dos camiones de bomberos durante una votación del Senado en el capitolio en Washington, DC, Estados Unidos.

El Senado de EEUU votó hoy a favor de invalidar el veto del presidente estadounidense, Barack Obama, sobre una ley que permitiría demandar al Gobierno de Arabia Saudí en tribunales de este país por su papel en los atentados del 11 de septiembre de 2001 (11-S).

Para que entre en vigor la decisión del Senado, adoptada con 97 votos a favor y 1 en contra, será necesario que dos tercios de la Cámara de Representantes voten en el mismo sentido, por lo que sería la primera vez en los ocho años de Presidencia de Obama que el Congreso invalida un veto presidencial a una ley.

Obama vetó el viernes pasado la conocida como “Ley de Justicia contra Promotores del Terrorismo”, que permitiría a los familiares de víctimas del 11S demandar al Gobierno saudí por su supuesto apoyo a los terroristas que cometieron los atentados.

Una mayoría de congresistas, tanto demócratas como republicanos, consideran que hay pruebas de que altos funcionarios saudíes estuvieron implicados en la red de financiación de los atentados del 11S, en los que murieron cerca de 3.000 personas, y que, por tanto, las víctimas tienen derecho a demandas colectivas contra ese Estado.

Obama argumenta que esta legislación priva a gobiernos extranjeros de protecciones de inmunidad consagradas por la ley, al tiempo que daña las relaciones y la seguridad de diplomáticos y tropas en un país que es un socio y no es considerado promotor del terrorismo a nivel estatal.

Asimismo, la Casa Blanca teme que esta legislación dé alas, con la excusa de la reciprocidad, a que se demande al Gobierno estadounidense o a sus funcionarios en tribunales de otro país, procesos que la Audiencia Nacional en España inició en el pasado bajo el principio de “justicia universal”.

El director de la CIA, John Brennan, insistió hoy en que la ley tendrá “graves implicaciones para la seguridad nacional de Estados Unidos”, sobre todo para los funcionarios estadounidenses en el exterior, especialmente los agentes de inteligencia.

“El principio de inmunidad soberana protege a los funcionarios de EEUU y se basa en la reciprocidad. Si no respetamos esa circunstancia para otros países, ponemos en peligro a nuestros propios funcionarios”, dice Brennan en un comunicado.

El Gobierno saudí niega tener lazos con los responsables de los atentados y ha hecho un enorme esfuerzo de presión en Washington contra la ley, que abriría la puerta a una oleada de demandas y peticiones de indemnizaciones de los familiares de las víctimas.