Enrique Montánchez.- Coincidiendo con el encuentro entre el presidente Obama y el rey Salmán, la Prensa estadounidense saca a la luz por primera vez la implicación de Arabia Saudí en el 11-S. El popular programa de la cadena CBS “60 minutos” se pregunta por qué la Casa Blanca no desclasifica las 28 páginas censuradas del informe del Congreso elaborado en 2002 sobre los atentados que cambiaron el mundo. El FBI y la CIA tratan de mantener en secreto la implicación saudí para no comprometer la relación de la monarquía petrolera del Golfo Pérsico con Estados Unidos.

Las 28 páginas censuradas del informe de 838 páginas elaborado en 2002 por el Congreso, recogen que los atentados del 11 fueron perpetrados por una red terrorista dirigida por el servicio de inteligencia de Arabia Saudí. El ya famoso informe fue declarado secreto en 2003 por el presidente George W. Bush por “razones de seguridad nacional” y sólo un reducido número de congresistas lo han podido ver desde entonces.

El ex senador Bob Graham -que formó parte del Comité del Senado sobre Inteligencia y de la Comisión del Congreso que investigó el 11-S y desde 2003 trata de que la Casa Blanca desclasifique el informe-, afirmó este mes de abril en el popular programa televisivo “60 minutos” de la CBS: “Me molesta toda la cantidad de material que ha sido censurado en el informe”.

Red terrorista saudí en Estados Unidos

Durante la entrevista, Graham fue preguntado por el periodista Steve Kroft si el apoyo a la red de terroristas provino de Arabia Saudí a lo que contestó: “Sustancialmente sí”. El exparlamentario cree que el Gobierno estadounidense ha estado tapando el tema de la implicación saudí para proteger su privilegiada relación con la petromonarquía.

Parte del contenido de las 28 páginas censuradas ha sido revelado por los congresistas que han tenido acceso al documento y se refiere a las pruebas obtenidas por el FBI y la CIA sobre la implicación de Arabia Saudí en el mayor atentado sufrido por Estados Unidos, cuyas consecuencias abrieron la puerta a una nueva era en el mundo

En dichas páginas se recogen las llamadas telefónicas entre un oficial de la inteligencia saudí con las células terroristas de San Diego y Los Ángeles, así como con la embajada Saudí en Washington, y la transferencia de 130.000 dólares del entonces embajador saudí en Estados Unidos, el príncipe Bandar bin Sultan, que ocupó el cargo desde 1983 a 2005, a los oficiales que controlaban las células terroristas, según revela el “New York Post”.

La CBS recoge que en enero de 2000 dos saudíes, Nawaf al Hazmi y Khalid al Mihdhar, llegaron a Los Ángeles con escaso conocimiento de inglés y en muy poco tiempo alquilaron sin problemas una vivienda y tomaron lecciones de vuelo. Ambos fueron vistos en compañía del diplomático saudí Fahad al Zumairi, que trabajaba en el Consulado de la ciudad. Las llamadas telefónicas del diplomático controladas por el FBI permitieron descubrir que estaba en contacto con Omar al Bayumi, un misterioso saudí que se convirtió en el controlador de los terroristas y que trabajaba en una compañía de aviación saudí y recibía su salario del gobierno de Riad. El excongresista Graham cree que al Bayumi era agente de inteligencia saudí, según constaba en los registros del FBI antes de los atentados.

El informe señala también que Arabia Saudí ha sido considerada durante mucho tiempo como la fuente primaria de financiación para Al Qaida a través de sus ciudadanos ricos y sus organizaciones caritativas, que cuentan con el patrocinio del Gobierno. “No es una coincidencia que 15 de los 19 terroristas fueran saudíes”, señaló John Lehman, miembro de la Comisión del 11-S.

La inmunidad del embajador Bandar

En torno a las 28 páginas censuradas han surgido en los últimos años testimonios de funcionarios que incriminan a Arabia Saudí y se preguntan por qué no se investigó al embajador Bandar sino que literalmente el Gobierno le protegió. El ex agente del FBI John Guandolo, que investigó el 11-S y casos relacionados con Al Qaeda, asegura que “el príncipe Bandar debía haber sido tratado como sospechoso de terrorismo, al igual que otros miembros de la elite saudí que el Gobierno de Estados Unidos sabe están financiando en la actualidad la yihad global.”

La inmunidad del embajador saudí se explicaría por su amistad con el presidente Bush, con quien se reunía a menudo en la Casa Blanca. Se da la circunstancia de que dos días después de los atentados, el 13 de septiembre de 2001, el FBI evacuó a decenas de funcionarios saudíes desde varias ciudades estadounidenses, entre los que se incluyó a un familiar de Osama bin Laden. “En lugar de interrogar a los saudíes, los agentes del FBI actuaron como escoltas hasta que abandonaron el país (…) esto fue muy frustrante”, afirmó el ex agente del FBI Marcos Rossini. “El FBI se tapaba los oídos cada vez que mencionábamos a los saudíes (…) era un tema demasiado político que no se podía tocar”, explicó Roger Kelly, ex teniente de la policía del condado de Fairfax.

A raíz de las filtraciones y testimonios, así como de las informaciones que vinculan a Arabia Saudí con la financiación del Estado Islámico, se han abierto varios frentes que tienen como objetivo presionar al presidente Obama. Uno está protagonizado por los congresistas que han presentado un proyecto de ley exigiéndole que libere las 28 páginas.

En paralelo, los congresistas Walter Jones (republicano de Carolina del Norte), Stephen Lynch (demócrata de Massachussets) y Thomas Massie (republicano de Kentucky) enviaron el 15 de abril una carta abierta a Obama, justo antes de que emprendiera viaje oficial a Arabia Saudí, en la que le exigían en términos enérgicos “que se den a conocer las 28 páginas suprimidas del informe de la investigación conjunta del Congreso sobre las actividades de inteligencia antes y después de los ataques terroristas de septiembre de 2001, y se presenten al público estadounidense antes de viajar al Reino de Arabia Saudí la próxima semana”.

Otro frente está formado por una treintena de senadores demócratas y republicanos que han apoyado el proyecto de “Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo” (JASTA, por sus siglas en inglés). Esta ley acabaría con la inmunidad soberana de los Estados que se descubra apoyen ataques terroristas en territorio de Estados Unidos. Su carácter retroactivo (llega hasta el 11 de septiembre de 2001) permitiría llevar ante los tribunales a los saudíes presuntamente implicados en los atentados.

Chantaje saudí de 750.000 millones de dólares

El diario “New York Times” reveló el 16 de abril, antes de que Obama partiese hacia Arabia Saudí, que funcionarios de la Casa Blanca habían presionado a los congresistas para que se opongan al proyecto de ley JASTA. Escribe el diario neoyorkino que “Arabia Saudí le ha dicho al gobierno de Obama y a miembros del Congreso que venderá cientos de miles de millones de dólares en activos estadounidenses que tiene el Reino, si el Congreso aprueba la ley que permitiría responsabilizar al gobierno saudí ante los tribunales de Estados Unidos por cualquier papel jugado en los ataques del 11 de septiembre de 2001.”

El artículo relata que el ministro saudí de Relaciones Exteriores, Adel al Jubeir, estuvo en Washington en marzo pasado y transmitió personalmente la amenaza de vender 750.000 millones de dólares en bonos del tesoro de Estados Unidos y otros activos.