El número de bolivianos que el próximo 21 de febrero votará “no” en el referéndum sobre la reelección de Evo Morales se ha incrementado, según el último sondeo, difundido hoy y realizado después de que trascendiera un escándalo por supuesto tráfico de influencias a favor de una expareja del presidente.

Una encuesta publicada por varios diarios locales este domingo, último día en que la normativa electoral permite la difusión de sondeos, señala que el 47 % de los bolivianos se inclina por el “no”, frente a un 28 % que lo hace por el sí y un 25 % de indecisos.

Los sondeos publicados hasta ahora auguraban un empate del “sí” y el “no” con alrededor del 40 % de los votos en ambos casos.

Por ello, los analistas y la prensa local consideraban que los indecisos tenían la llave de este referendo, en el que se decide sobre una modificación de la Constitución que permita a Morales concurrir a los comicios de 2019.

La encuesta, de tipo “flash”, fue realizada el pasado 11 de febrero por la firma Mercados y Muestras para los diarios “Página Siete”, “Los Tiempos”, “Correo del Sur” y “El Potosí” en las cuatro principales ciudades de Bolivia con una muestra de 600 personas y una fiabilidad del 95 %.

En los últimos meses los medios bolivianos han publicado numerosos sondeos sobre la consulta, pero el difundido hoy es el único que se efectuó después de que la semana pasada saltara a la prensa una denuncia por supuesto tráfico de influencias que salpica directamente al presidente.

La polémica surgió cuando un periodista boliviano hizo público que Morales tuvo un hijo -fallecido poco después- en 2007 con la ejecutiva Gabriela Zapata, quien desde 2013, según su propia versión, es gerente comercial en Bolivia de una empresa china que se ha adjudicado millonarios proyectos del Estado.

La firma CAMC Engineering (CAMCE) se ha hecho con licitaciones directas por valor de 566 millones de dólares.

Morales ha recibido duras críticas por este supuesto favorecimiento a la empresa de su expareja, pero también por haber ocultado el nacimiento de este hijo cuando ya era presidente y por la juventud de la madre, que tenía poco más de 20 años cuando mantuvo la relación con el mandatario, de casi 50 por entonces.

El gobernante ha negado las acusaciones y ha pedido al Legislativo -donde su partido tiene mayoría- y a la Contraloría del Estado que investiguen si hubo alguna irregularidad en la adjudicación de contratos a CAMCE.

Los bolivianos acudirán a las urnas dentro de una semana para decidir si avalan una reforma de la Constitución promulgada por el propio Morales en 2009 que permita al mandatario concurrir de nuevo a los comicios en 2019, en busca de un cuarto mandato consecutivo, hasta 2025.

Morales, que ha expresado varias veces su deseo de obtener un apoyo de un 70 % en esa votación, gobierna Bolivia desde el 2006, comenzó su segundo mandato en 2010 y el tercero en 2015.

Ese tercer mandato contaría legalmente como si fuera el tercero ya que el Tribunal Constitucional decidió que el primer período, de 2006-2010, no debe ser computado porque fue previo a la refundación del país como Estado Plurinacional en 2009.