Los grupos parlamentarios podrán plantear, a partir de la constitución del Congreso y del Senado, el inicio del proceso para la reforma o derogación de algunas de las leyes aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en la anterior legislatura como la laboral o la llamada ‘ley mordaza’, puesto que tienen capacidad de presentar proposiciones de ley aunque no esté elegido el presidente del Gobierno ni constituido el nuevo Ejecutivo. No obstante, su tramitación y aprobación plantea dudas entre los juristas.

Si ocurre, será la primera vez en la historia de la democracia española en que antes de investir al presidente en el Congreso, se presenten iniciativas legislativas y se puedan celebrar Plenos e incluso comisiones en los que debatirlas. No hay precedentes y por tanto, las dudas jurídicas y políticas que suscita la situación son muchas, según las distintas fuentes consultadas.

Este martes, PSOE e IU aseguraban que si hay voluntad política, ya existe una mayoría suficiente para derogar en el Congreso gran parte de las reformas aprobadas por el PP durante la anterior legislatura que fueron duramente contestadas por la oposición.

En campaña, estas formaciones, así como Podemos y otros partidos han dejado claro que quieren derogar o cambiar a fondo la reforma laboral, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como ‘Ley mordaza’ por sus detractores, o la de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). En el caso de ésta última, por ejemplo, la oposición selló el compromiso expreso de revertirla en cuanto hubiera mayoría para ello.

Sin embargo, más allá de una declaración de intenciones, las peculiaridades del trámite legislativo complican que estas reformas sean finalmente aprobadas, aunque no es imposible.

Las Cortes se constituirán el 13 de enero, día en que se elegirán nuevas Mesas tanto del Congreso como del Senado, cinco días después, estarán organizados los grupos parlamentarios y, según el Reglamento de la Cámara Baja, como máximo diez después se habrán constituido la comisiones parlamentarias. Eso sí, la nueva Mesa del Congreso puede modificar esos plazos.

Las fuentes consultadas han explicado que no está expresamente regulado qué pueden o no hacer los grupos mientras duran las negociaciones para formar gobierno; como tampoco hay precedentes, la vida parlamentaria queda en manos de las nuevas Mesas, que tienen un margen de actuación.

En teoría, los grupos no estarían facultados para ejercer su labor de control a un Gobierno en funciones (no habrá por tanto sesiones con preguntas ni se debatirán mociones o proposiciones no de ley), pero sí pueden presentar proposiciones de ley; se trata de iniciativas con las que se pueden plantear normas, reformar las que están en vigor o incluso derogarlas, bien para volver a una ley anterior, bien para aprobar un texto nuevo.

Si esto ocurre, si alguien toma la iniciativa, se planteará una primera duda jurídica, según las mismas fuentes. El Gobierno tiene capacidad para impedir la tramitación de una proposición de ley en el Congreso y tiene 30 días para expresar su criterio en contra (aunque el único motivo es que se aumente el gasto o se disminuyan los ingresos públicos).

Sin embargo, un Gobierno en funciones tiene esta capacidad limitada, no puede informar sobre una ley, y se duda por tanto de si la propuesta podría seguir adelante: el hecho de que el Ejecutivo no pueda dar su opinión ni a favor ni en contra, ¿detiene la tramitación?

Fuentes parlamentarias señalan que la nueva Mesa debería en ese caso intervenir, consultar probablemente a sus servicios jurídicos y tomar una decisión. Si se acepta que la proposición siga adelante, la toma en consideración tendrá que ser aprobada de entrada por un Pleno y pasar después a una comisión.

Suponiendo que se superasen todos los trámites en el Congreso, que pueden prolongarse unos dos meses, la proposición pasaría después al Senado. Aquí el PP tiene mayoría absoluta y podría imponer una larga tramitación del texto, otros dos meses, al final de los cuales además rechazaría la reforma o derogación de la ley planteada. En este caso, la propuesta tendría que volver al Congreso.

Toda esta tramitación sumaría varios meses de trabajo parlamentario y para entonces, o bien se habrían convocado nuevas elecciones o se habría elegido un nuevo Gobierno, que a su vez tendría que asumir la reforma aprobada o plantear otra.