Diego Quiñones Estévez.- Tras casi un siglo de persecución de la milenaria identidad cultural de España, el cristianismo católico, ahora en este siglo XXI, con la llegada de las elecciones generales del 2015, la vuelve a sufrir de nuevo de forma reaccionaria, de la mano del neosocialismo laicista del Partido Socialista Obrero Español(PSOE) y de sus camaradas de revoluciones sangrientas en el siglo XX, el neocomunismo bolchevique y jacobino-bolivariano, de una novata pero de herrumbrosa partidocracia estalinista-marxista, Podemos. En el mismo proceso de persecución laicista, pero de modo más solapado y agazapado, se une a ellos, el neoliberalismo de centro izquierda progre-laicista, de otra partidocracia imberbe y oportunista en una democracia fallida, Ciudadanos (C´s). Antes y después de las elecciones generales, no dudarán en pactar entre ellos para llevar a cabo, políticas radicales laicistas centradas en la eliminación de la sociedad civil, de las instituciones, de la enseñanza, de la vida social, cultural y política de la Iglesia Católica, del Cristianismo católico.

Hay tenemos bien clarito el reaccionario programa laicista de las elecciones generales del 2015 de otra partidocracia corresponsable junto al Partido Popular (PP) de las corrupciones y la crisis total de España, la del PSOE. Es el mismo programa democrático-totalitario laicista de hace casi un siglo y que se remonta a la guerracivilista II República Española (1931-1936). El neosocialismo antiespañol de siempre, el de antes, durante y después de la II República (1931-36) cuya Constitución jacobina, laicista y anticatólica, prosigue en el siglo XXI, con la cainita obsesión totalitaria de eliminar la enseñanza de la Religión, y de paso el Catolicismo, en todos los espacios educativos de la sociedad civil española.

Hay que recordarles a las partidocracias de las castas y castuzas políticas, que el reaccionario laicismo radical, neuróticamente anticristiano católico, y por supuesto antieclesial, que van contra el bien común de la fracasada democracia monárquico-constitucional de España, la cual, si fuera una verdadera democracia constitucional se tendría que atener a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y al cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales, como es el constitucional Acuerdo Internacional entre el Estado Español y la Santa Sede(1979). La sociedad civil española, y muy en concreto las familias creyentes, tienen el derecho y el deber de no dejarse someter a las demagógicas imposiciones de las partidocracias laicistas que violan los derechos fundamentales.

Entre de ellos están el derecho y el deber a la educación en libertad según el Art. 27.3 de la Constitución Española (1978) que habla del derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral, de acuerdo con sus propias convicciones; también según el Art. 27.2, se habla del derecho a la educación integral, al “pleno desarrollo de la personalidad humana”.

La Constitución Española (1978), que es aconfesional, y no laica como propagan las partidocracias laicistas arriba señaladas, nada dice sobre que la sociedad y la educación tengan que ser laicas. El estado laico en España no existe, es una invención, es una mentira de las partidocracias laicistas y estatalistas, relativistas e intervencionistas. Lo laico, en España, es un concepto eufemístico del neosocialismo, del neocomunismo, del neoliberalismo o de los nacionalismos secesionistas y terroristas. Es anticonstitucional, porque el Estado español es aconfesional.

En nuestro Estado aconfesional, debe prevalecer la laicidad que se circunscribe a un reconocimiento y a una cooperación entre el Estado y la Iglesia Católica, entre el Estado y las religiones o confesiones, pero siempre y cuando mantengan cada uno ellos su independencia para evitar intervencionismos recíprocos y permitir el bien común de la sociedad civil.

La laicidad garantiza que la sociedad española tenga plena libertad religiosa, plena separación entre las religiones o confesiones y el Estado; tenga plenas garantías para que las familias pongan en práctica sus derechos y deberes, como el derecho a la vida, al matrimonio y a la familia basada en la unión de un hombre y una mujer, y cómo no, al derecho y al deber a la libertad de enseñanza sin los intervencionismos totalitarios de la ideologías partidocráticas en el poder.

Recordemos, una vez más, lo que nos dice la tan maltratada y falsificada Carta Magna en materia de enseñanza integral, y no de educación partidocrático- laicista, anticristiana católica.

La Constitución Española (1978), dice bien claro:

Artículo 27:

Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Pero tampoco olvidemos lo que dice el derecho internacional en La DeclaraciónUniversal de los Derechos Humanos, y en el Artículo 9.1 y 2 que hace suyo la Convención Europea de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950), y que dice:

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Artículo 18:

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Las partidocracias en España, si quieren ser lo que nunca han sido, partidos políticos democráticos y constitucionales al servicio del bien común, han de tener en cuenta de una vez por todas, los derechos y deberes, los principios y valores de la ConstituciónEspañola (1978) y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). De ambas han de surgir la verdad y la Justicia, la equidad del Estado de Derecho, que destierren los leguleyos legalismos anticonstitucionales y antidemocráticos de las partidocracias en el poder de las instituciones.