Por Juan Ramón Rallo/Blog.- La propuesta tributaria de Podemos para las elecciones autonómicas tiene dos patas fundamentales: atacar los salarios de los trabajadores cualificados y rapiñar el ahorro de las familias españolas. Dos expolios a los que ya nos tienen sobradamente acostumbrados todos los partidos políticos –incluyendo al PP– pero que, al parecer, Podemos considera que se quedan cortos.

Por ello, la formación de Pablo Iglesias propone elevar muy sustancialmente el IRPF para los trabajadores con rentas superiores a 50.000 euros y extender el impuesto de patrimonio a todas las personas con una riqueza neta superior a 400.000 euros. El propósito de semejante voracidad tributaria no es otro que el de mantener, o incluso continuar cebando, el actual Estado hipertrofiado que asfixia nuestras libertades y nuestra prosperidad.

Como no podía ser de otro modo, Podemos ha intentado justificar este nuevo sablazo tributario apelando al resentimiento interclasista: «Sólo los ricos pagarán; usted, querido votante, no tiene de qué preocuparse». Pero, dejando de lado la inmoralidad que acarrea este tipo de cálculos electoralistas con los derechos ajenos («voy a votar a Podemos porque le cobrará a mi vecino los impuestos que no quiero que me cobre a mí»), tampoco deberíamos perder de vista que la propuesta de Pablo Iglesias dista de ser un aristocidio ultraminoritario que apenas afectará a los miembros de la casta del Ibex 35.

Sin ir más lejos, recordemos que el propio Pablo Iglesias percibió en 2013 –antes de ser europarlamentario– rentas cercanas a 70.000 euros. ¿Lo convierte ello en miembro de una casta ultraprivilegiada que debe ser maltratada fiscalmente por sus veleidades oligárquicas? Al contrario: alrededor de un millón de españoles obtienen anualmente ingresos superiores a 50.000 euros y que constituyen, además, el personal con una mayor cualificación dentro de nuestra economía (excepción hecha de aquellos que los cobran por vivir enchufados al presupuesto público). ¿Cómo casa este rejonazo tributario contra el personal cualificado con la otra propuesta estrella de Podemos consistente en cambiar el modelo productivo de España hacia la I+D? Pues no casa de ninguna manera.

Si queremos atraer y retener al personal cualificado necesario para reemplazar el modelo del ladrillo por el de las nuevas tecnologías, no podemos castigar a los altos salarios con tributos sangrantes. En 2016, Montoro ya ha condenado a los españoles que ganen más de 60.000 euros anuales a pagar un tipo marginal del 45%… y a Podemos le parece altamente insuficiente. Comparemos esta situación con la de EEUU: al otro lado del Atlántico no sólo es más común que ingenieros, investigadores, directivos o cirujanos cobren altos salarios, sino que las rentas entre, por ejemplo, 89.000 y 186.000 dólares pagan un tipo marginal del 28%. ¿Cómo atraer al personal cualificado a España si les estamos diciendo que, por cada euro que ganan por encima de 50.000, el Estado les va a quitar la mitad (o más de la mitad) cuando en Estados Unidos apenas les arrebatan un 28%? Con su política fiscal, Podemos sólo contribuirá a consolidar el exilio forzoso de los jóvenes más cualificados.

Pero el despropósito tributario no termina con el IRPF. En materia de fiscalidad sobre la propiedad, Podemos ha prometido no sólo extender y agravar ese tributo sobre la muerte, que es el Impuesto de Sucesiones, sino también generalizar el Impuesto sobre el Patrimonio a todas aquellas personas con una riqueza neta superior a 400.000 euros. Incluso amenazan ambiguamente con revisar «las deducciones y bonificaciones» en este impuesto, lo que bien podría referirse a recortar la actual exención de 300.000 euros por vivienda habitual. Según el Banco de España, alrededor de 3,6 millones de familias (el 20% del total) poseen una riqueza neta igual o superior a 400.000 euros: ellas serían las principales damnificadas por las nuevas mordidas tributarias que prepara Podemos.

En definitiva, parece que el actual infierno fiscal español se le queda pequeño a Podemos. Incluso la versión más moderada posible de su programa autonómico mantiene una muy radicalizada y antisocial propuesta fiscal dirigida a sangrar a millones de españoles y a atentar contra las bases de nuestra prosperidad futura. Lo peor de todo, sin embargo, es que la creciente podemización de nuestra vida política está provocando que cada vez más partidos abracen esta desnortada y liberticida política económica.