Javier Torres.- El coordinador de Soluciona en Ávila, Adolfo Medina, será el encargado de defender en el congreso nacional de Málaga la ponencia política del partido. El dirigente de Soluciona-Ávila propugnará por “una total remodelación de la Carta Magna a fin de fijar nuevas realidades, nuevas expectativas con un único objetivo claro: el servicio a los ciudadanos españoles”. Considera en ese sentido que “cuando las instituciones del estado democrático se pervierten, se corrompen o se vician es necesario generar el proceso de un cambio total”. Y añade: “La perversión del estado y de las instituciones conllevan a una pertinaz destrucción de la ciudadanía, de los valores y de la Patria. A eso nos enfrentamos hoy”.

El dirigente castellano defenderá asimismo el concepto antropológico de pueblo por encima del de nación como “entidad política”. “La nación de Soluciona”, sostiene, “no es otra que la nación española instaurada tras el periodo de la Reconquista Nacional lograda a través de la unificación de los diversos reinos que componían España”.

Adolfo Medina, casado y con dos hijos, trabaja en el sector financiero. Explica que decidió incorporarse al proyecto de Soluciona  como “una exigencia moral y patriótica orientada al objetivo de salvar España y de nuestra civilización europea”.

Reproducimos de forma resumida la moción que presentará Adolfo Medina en el congreso de Soluciona en Málaga para su discusión y aprobación:

Ponencia Política de SOLUCIONA

ESPAÑA REQUIERE UN CAMBIO POLÍTICO

I Nuestro Partido y nuestro Compromiso ante la Sociedad Española (Introducción: democracia y partidos políticos)

1 – ¿Porqué nace Soluciona?

Responder esta pregunta requiere una reflexión amplia y profunda previa sobre el papel de los partidos políticos en la democracia nacida de la Constitución de 1978.

Los partidos son instituciones imprescindibles en la vida política de las complejas democracias actuales, formadas por personas y grupos diferentes y mutables con distintos intereses, ideas y creencias. En la España actual y en nuestra sociedad su funcionamiento y hasta su conveniencia ha sido puesto en duda por diversos motivos: “casta, castuza, robos descarados, escarnios, saqueos al erario público, etc., ponen en cuestión sus utilidades, funciones y rendimiento ante la sociedad civil. Si a ello sumamos una “LEY ELECTORAL” diseñada para la mera supervivencia de los que se acomodaron en la Constitución del 78 tenemos un panorama desolador que la ciudadanía percibe como brutal desengaño.

Somos, ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones – todo ello sobre el papel- pero la realidad se ha convertido en una enorme pesadilla pues aquellos que estaban llamados a representarnos sólo se representan a si mismos, rompiendo ilusiones, proyectos de presente y futuro y, lo que es más grave, deshaciendo España.

La Constitución se ha vuelto en mero papel mojado y sólo sirve, en la actualidad para afincar a unos grupos que ni conectan con el ciudadano, ni velan por los mismos, ni sirven para lo que, en principio, estaban destinados y ni, si me apuran, representan a nadie salvo a sus bastardos intereses. Intereses que se reparten entre la obediencia ciega a la banca, a privilegios extranjeros y nunca al servicio de los españoles.

La democracia no es un sistema para poner a todo el mundo de acuerdo sobre todas las discordias posibles, sino para permitir la convivencia libre, productiva y en paz entre personas disconformes, pero que comparten algunos principios básicos, como el de resolver por medios pacíficos y legales las diferencias más acuciantes. Como, por ejemplo, quién debe gobernar el Estado y quiénes están capacitados para representar a los ciudadanos, deliberar y aprobar leyes en su nombre

2 – En las sociedades democráticas avanzadas y complejas, el conflicto y la discusión de valores, ideas y propuestas pueden ser factores muy fértiles y creativos. Estas sociedades deben compartir un conjunto hereditario, un nacimiento común de firmes creencias, como era lo habitual en las sociedades tradicionales. Es cierto que nuestra democracia debe adaptarse a la complejidad social y al principio de la libertad personal, y por eso consiste en un sistema de instituciones jurídicas y políticas comunes que actúan siguiendo reglas de obligado cumplimiento.

Son reglas constructivas y regulativas, que fundan el sistema democrático y organizan su funcionamiento, comparables a las de una competición deportiva, porque del mismo modo en que es imposible jugar un partido de fútbol con las reglas del tenis, tampoco puede haber democracia con las reglas de la dictadura, la oligarquía o cualquier otro régimen político. ¿Pero qué pasa cuando esas reglas se incumplen por parte de aquellos que deben mantenerlas?

Las reglas puras de la democracia se basan en el sufragio universal libre y secreto, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, las garantías jurídicas de la libertad personal, la separación de poderes, las libertades de expresión, organización y proposición, y el estricto respeto a los derechos de las minorías políticas, entre otras. La mejora de la democracia, incluso su simple mantenimiento, exige una permanente vigilancia de que estas reglas siempre frágiles.

3 – Los distintos intereses de la ciudadanía, corrientes ideológicas y proyectos políticos que compiten en una sociedad moderna dan carta de naturaleza a los partidos, siempre y cuando estos que rivalizan por captar el voto de los ciudadanos para representarlos en las instituciones o gobernar en base a un programa, sean capaces de actuar con una premisa máxima: EL BIEN COMÚN.

4 – SOLUCIONA nace del legado vacío y sin futuro que están dejando los partidos tradicionales, más interesados en el latrocinio generalizado que en servicio al ciudadano.

5 – Cuando las Instituciones del estado democrático se pervierten, se corrompen o se vician es necesario generar el proceso de un cambio total. La perversión del estado y de las instituciones conllevan a una pertinaz destrucción de la ciudadanía, de los valores y de la Patria. A eso nos enfrentamos hoy aquí.

Estos y otros factores negativos han procurado el nacimiento de fuerzas alternativas donde cada uno tira por su lado olvidando de plano dos necesidades básicas. El concepto de nación, y esta es España y el deber sagrado del BIEN COMÚN.

6 – En conclusión, es necesario una total remodelación de la Carta Magna a fin de fijar nuevas realidades, nuevas expectativas con un único objetivo claro: el servicio a los ciudadanos españoles.

1  SOLUCIONA: proyecto político de regeneración democrática y servicio a los españoles

7 – SOLUCIONA nació de la iniciativa de diversas personas que convergieron con el objetivo específico de comprobar si existían las condiciones para organizar un nuevo partido político de ámbito nacional. Realizando un manifiesto fundacional donde especificaba los grandes rasgos y objetivos de ese posible nuevo partido

8. – La iniciativa gozó de gran acogida, y en poco tiempo SOLUCIONA contó con más de 5000 simpatizantes y el medio informativo que lo apoya con más de 100.000 lectores diarios.

9 – Este proyecto político consiste en promover en las instituciones un conjunto de reformas fundamentales y drásticas capaces de limpiar, cambiar y renovar la democracia española, superando el estancamiento y la podredumbre al que ha llegado tras agotarse el impulso originario de la Transición. Una democracia lastrada por el inmovilismo de los dos grandes partidos herederos de las viejas corrientes de la izquierda y de la derecha, y por el avance incesante de los intereses nacionalistas a costa del interés general gracias a una Ley Electoral sumamente favorable para ellos -pequeños partidos de implantación territorial muy concentrada-, pero muy perjudicial para los demás partidos nacionales con más votos pero también más dispersos.

10. – El resultado de este sistema electoral ha sido un sistema de “bipartidismo imperfecto” donde uno de los dos grandes partidos, PSOE o PP, está condenado o bien a ganar las elecciones por mayoría absoluta o bien a formar mayorías parlamentarias mediante alianzas con los partidos nacionalistas periféricos, que ponen un alto precio político a su apoyo reclamando la transferencia de más competencias del Estado, de recursos e inversiones públicas y, por la vía encubierta de las reformas de Estatutos de Autonomía, de la asunción tácita de una reforma de la Constitución favorable al nacionalismo separatista. Un proceso impuesto por la vía de los hechos consumados, ante la pasividad o parálisis de instituciones que deberían impedirlo, en particular el Tribunal Constitucional, sin debate parlamentario suficiente y burlando el precepto de la reforma constitucional (arts. 167 y 168 C.E.) El resultado es un cambio de facto del modelo de Estado previsto en la Constitución, sin debate político a fondo y sin permitir a los ciudadanos españoles que se pronuncien sobre su acuerdo o desacuerdo.

11. – Este modelo de gestión de los poderes públicos al servicio de los intereses de los partidos políticos tradicionales se ha extendido a las instituciones autonómicas y municipales, estimulando la aparición de numerosos partidos regionalistas y localistas que generalmente adoptan la retórica similar a la de los nacionalistas tradicionales –la defensa de la identidad cultural amenazada, de los intereses de los autóctonos frente a los foráneos, de ancestrales derechos históricos, etc.- y, sobre todo, su modo de concebir la política como un juego con reglas muy favorables para los grupos sociopolíticos con una base territorial reducida y densas redes clientelares que afectan al entramado de empresas públicas y privadas, controlando los medios de comunicación, las cajas de ahorro, las entidades y asociaciones influyentes, etc.

Los pequeños partidos obtienen beneficios de todo tipo –inversiones públicas, multiplicación de la administración para colocar a sus miembros y clientes, transferencias de competencias, mayor capacidad de gasto, etc.-, lo que ha derivado en el detrimento de la cohesión y la viabilidad del Estado común (y por tanto de la igualdad de los ciudadanos españoles), a la vez que ha transformado a los partidos “nacionales”, que compiten por la misma clientela electoral con nacionalistas y regionalistas, en federaciones de partidos autonómicos carentes de una política nacional genuina.

12. – Por ejemplo, baste citar las políticas discriminatorias de “normalización lingüística” desarrolladas en las CCAA bilingües (Galicia, Vascongadas, Navarra, Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana), han sido asumidas e impulsadas no sólo por los partidos nacionalistas, sino también por PSOE y PP. Es un acabado ejemplo de la erosión constante de los principios democráticos y constitucionales a través de vías legales y normativas de rango inferior que acaban instaurando la desigualdad de derechos y obligaciones entre los ciudadanos de una comunidad autónoma, y entre los de ésta y el resto de comunidades.

La discriminación por razones de lengua es algo obvio y anti constitucional y que impide o hace más difícil la movilidad de profesionales, empresas y trabajadores de las comunidades monolingües a las bilingües (pero no al revés), suprime la libertad de elección de lengua cooficial en la educación y en las relaciones del ciudadano con la administración y sus servicios, subvenciona con pretextos lingüísticos y culturales a determinadas empresas y entidades anulando de hecho el principio de libre competencia, y hace normales abusos como las multas impuestas en Cataluña a las empresas que no rotulan en catalán.

13. – Este modo de gestionar la cosa pública ignorando el interés general mediante su virtual privatización parecía gozar de ilimitada elasticidad en un contexto de prosperidad económica, pues sus consecuencias parecían soportables para la mayoría social siempre que el Estado dispusiera de recursos e ingresos adicionales que inyectar para cada nueva negociación entre partidos e instituciones o CCAA y Estado.

Pero el vaciamiento progresivo de competencias estatales, unido a la crisis económica – agravada por las características de la economía española- y a la finalización de las importantes aportaciones europeas de fondos estructurales, han terminado por mostrar la inviabilidad de un sistema político que no puede seguir expandiéndose indefinidamente mediante el vaciamiento paulatino de competencias y fondos del Estado en beneficio de los titulares de una estructura territorial y jurídica eternamente indefinida y abierta, puesta al servicio de los intereses de los partidos políticos tradicionales, nacionalistas y regionalistas, y de sus socios mediáticos y empresariales.

Así, el odio a lo común ha florecido de manera exponencial. Los dineros públicos han servido para tergiversar la historia, el pasado, el presente y el futuro.

14. – El sistema político español –como también el europeo- está en crisis. Además de los problemas económicos, y de los derivados de la constante elusión y burla de las reglas constitucionales, otros factores adicionales agudizan la crisis del orden pactado en la Transición. Señalemos también el deterioro de la Administración de Justicia; la formación de oligopolios entre partidos, medios de comunicación y entidades financieras; la selección negativa en el seno de los partidos políticos; el deterioro de la educación pública; la decadencia y crisis del modelo productivo.

15. – El deterioro constante de la Administración de Justicia, el tercer poder tradicional del Estado de Derecho, es el resultado de la constante manipulación e injerencia de los partidos políticos tradicionales, que han convertido el Consejo General del Poder Judicial en un ente delegado suyo mediante las asociaciones judiciales alineadas con PSOE o PP, marginando por completo a los jueces y juristas independientes. La alineación de la Fiscalía con el Gobierno de turno, junto a la habitual cesión a las exigencias nacionalistas, completan el cuadro de una Justicia sometida, ineficaz y malamente politizada, es decir, injusta. Además de los efectos de pérdida de autonomía y eficacia, la credibilidad de la administración de Justicia ha sufrido mucho, con los efectos negativos que tiene para el prestigio y apoyo popular a la democracia.

La justicia hoy, es corrupta o sumisa a lo corrupto. Es servil con el poder y con la banca y tremendamente hostil al ciudadano. Merece por ello una total renovación, reeducación y limpieza.

16. – Los diversos intentos de negociación fallida con ETA han atacado el principio de separación de poderes y el funcionamiento autónomo de la Administración de Justicia, toda vez que distintos gobiernos socialistas y populares, pero muy especialmente los presididos por José Luis Rodríguez Zapatero, han puesto la Fiscalía y los tribunales a su servicio para remover los obstáculos jurídicos opuestos a la negociación con la banda terrorista.

Así, durante las “treguas” de ETA se han suspendido en la práctica la aplicación de las leyes antiterroristas vigentes –en particular, la Ley de Partidos- y desvirtuado los procedimientos judiciales, con el resultado de prolongar la vida de la banda mientras se hacía otro fuerte daño adicional a la democracia en dos de sus principios básicos: la obligatoriedad universal de las leyes vigentes, y la autonomía del poder judicial como pilar básico del Estado de Derecho.

El Estado de la partitocracia ha claudicado por su propia ineficacia ante los grupos terroristas, permitiendo instaurar en determinadas zonas de España el control del terror y el miedo contra un gran número de ciudadanos.

17. – Determinadas debilidades estructurales de la economía y la sociedad civil españolas han afectado a la posibilidad de que los partidos políticos tradicionales y sus entidades dependientes se financien sobre todo por las aportaciones voluntarias de sus afiliados y simpatizantes (cuotas y donativos). La necesidad perentoria de ganarse al electorado saturándolo de propaganda ha llevado a los partidos políticos a aliarse con grupos de comunicación privados, encargados de transmitir el mensaje de un partido a la opinión pública a cambio del trato favorable de sus intereses empresariales.

La consecuencia es que la información política transmitida a la mayoría de los receptores queda fuertemente mediatizada por esa alianza de intereses entre propietarios de los medios y partidos. Añadiendo la dependencia absoluta de los medios de comunicación de titularidad pública del gobierno de turno, resulta un paisaje comunicacional plano, previsible y sometido a los intereses del conglomerado de partidos y empresas, impidiendo la divulgación entre la opinión pública mayoritaria de opciones políticas novedosas.

18. – Esta clase de entendimiento oligopólico se ha extendido con éxito a otros terrenos empresariales donde los partidos políticos (y sindicatos) tienen las llaves de la decisión, en particular las cajas de ahorro y el negocio inmobiliario, que dependen en buena medida de las decisiones de ayuntamientos y CCAA. La democracia española ha terminado atada a esta colusión de intereses de los partidos políticos tradicionales, los grandes grupos privados de comunicación, cajas de ahorro y bancos, y promotores inmobiliarios.

Aunque la crisis del modelo económico reajustará esta asociación, y aunque la extensión de internet y los medios digitales ya está rompiendo el oligopolio de la información política y social, la democracia española tiene uno de sus mayores retos en la disolución de esta red espuria para dejar paso a un sistema más transparente y público de partidos capaces de financiarse con autonomía, medios de comunicación privados más respetuosos con la pluralidad sociopolítica y medios públicos merecedores del nombre, así como cajas de ahorro gestionadas con criterios empresariales.

19. – Otro de los grandes retos de la democracia española es la mejora de la educación, especialmente de la pública, institución esencial e insustituible para mejorar la igualdad de oportunidades de las personas, educar ciudadanos libres e instruir a profesionales de alta cualificación, capaces de hacerse cargo de un modelo económico más competitivo, innovador y productivo. La extensión lo más amplia posible de la formación humanística y científico-técnica, también al mayor nivel posible, es un objetivo inexcusable de la democracia española. Pero lejos de progresar en esa dirección, la promoción política de un modelo educativo equivocado ha hecho retroceder la calidad de la educación, especialmente de la pública, lo que se ha traducido en un ascenso acumulado del fracaso escolar sin parangón en países de nuestro entorno.

La dispersión del modelo educativo en 17 variedades autonómicas diferentes agrava las consecuencias de esa política errónea, aumentando las diferencias entre comunidades autónomas, dificultando e incluso paralizando la libre circulación del personal docente y de los escolares y estudiantes. El problema no se resolverá sólo con más inversiones de dinero y expertos, o incrementando los equipamientos tecnológicos, sino rectificando los errores evidentes del paradigma educativo vigente y, en lo que se refiere a la política educativa, devolviendo al Estado las competencias en educación, universidad e investigación para garantizar que España tenga un modelo común integrable en futuros modelos europeos.

20. – La crisis política también deriva de una economía con vicios estructurales: excesiva dependencia de las administraciones públicas y el correspondiente clientelismo partidista que hace tan fácil la corrupción, y excesiva dimensión de los sectores basados en empleos poco productivos de escasa cualificación y mal remunerados.

La inflación de la burbuja inmobiliaria, con tantas implicaciones económicas negativas, ha estado directamente ligada a la corrupción política y a la mala administración del urbanismo, de la vivienda y de la gestión del territorio, el paisaje y el medio ambiente. La falta de políticas decididas y constantes de apoyo a la innovación en las empresas, con la correlativa mejora de la educación y de la investigación científica, ha preservado los peores rasgos del sistema económico español hasta el estallido mismo de la crisis económica mundial, agravada en España por su modelo económico atrasado. Sin duda, la mejora del sistema económico español depende no sólo de una política económica correcta, sino de que esta política vincule el cambio de modelo económico al objetivo general de la regeneración democrática, desterrando con reformas y medidas legales los vicios políticos que han afectado negativamente a la economía.

21. – Muchos españoles, ingenuos y adormecidos por la propaganda oficial, a través de la inmensa mayoría de los medios de comunicación colectiva, creen encontrar una diferencia sustancial entre la izquierda y la derecha liberal. Es decir, entre el PSOE y el PP.

En virtud de esa táctica, de esa propaganda, de ese adoctrinamiento, se hace olvidar a muchos españoles que ambos partidos, ambas corrientes políticas, persiguen en sus normas ideológicas un objetivo común: la reducción de los españoles a masa asilvestrada, en cobayas humanos solo aptos para el consumo, en comunidad formada por individuos anestesiados a quienes les fue coartada la libertad esencial de pensar por ellos mismos, en sombras espectrales aferradas a cualquier cosa que carezca de valor trascendental y, por consiguiente, imperecedero.

Esta es la realidad que se quiere disfrazar presentando a ambos partidos como organizaciones conciliadoras, enemigas de cualquier exceso, solo preocupadas por la justicia social y el bienestar de los españoles, en permanente consorcio con organizaciones internacionales del mismo pelaje y condición.

Frente a esta falacia tenemos que decir que ambas opciones políticas, además de sus orígenes y fines comúnes, obran con igual peligrosidad para el interés supremo de la nación española, para la supervivencia de sus señas espirituales de identidad y aún para la propia vigencia y desarrollo de cualquier ideal indisoluble a cada español por derecho natural.

Es la hora de aparcar siglas y sumar españoles a la gran empresa de reconstruir con esfuerzo lo que durante los años de partitocracia ha sido demolido, empezando por la propia voluntad de los españoles para saberse único dueño y mandatario de su destino.

22. – En resumen, la característica más negativa y preocupante de la democracia española es que se ha convertido en un oligopolio formado por los partidos políticos tradicionales, los grupos de comunicación asociados y ciertas entidades financieras. Una condición necesaria para la permanencia y reproducción indefinida de este sistema oligopólico es la exclusión de cualquier organización política emergente que ofrezca alternativas viables

2 – Un partido instrumental

23. – Un partido político democrático no puede convertirse en un fin en sí mismo sin perder su legitimidad, porque en la democracia los partidos políticos tienen una clara justificación: canalizar la participación de los ciudadanos en la vida pública y representar un determinado proyecto político en las instituciones democráticas, sea en labores de gobierno o de oposición.

El propósito de SOLUCIONA es lograr un cambio radical tanto en la concepción misma del estado como en los mecanismos que rigen la vida en común de todos los españoles. Justicia, Educación, Sanidad, Medio Ambiente, Pensiones, Defensa, Soberanía Nacional, etc. Son puntos algunos de los puntos fundamentales en nuestro ideario político que debe dar cabida a la gran mayoría de los ciudadanos españoles.

24. – En definitiva, consideramos que nuestro partido tiene una misión específica en la política española, la de promover un conjunto de profundas reformas institucionales de primera magnitud –reforma de la Constitución y de la Ley Electoral, medidas legales de regeneración de la democracia como sistema de listas abiertas en las elecciones, etc.-, y que el partido, lejos de ser un fin en sí mismo, no es otra cosa que un instrumento para llevar a su máxima consecución posible el programa que le ha dado carta de naturaleza.

3– Un programa progresista

25. – El antagonismo izquierda-derecha tradicional, instaurado con la Revolución Francesa, ha sido sustituido por otro mucho más amplio y complejo, el que separa a las políticas progresistas de las políticas reaccionarias o regresivas; ni una ni otra son patrimonio de la izquierda o de la derecha tradicionales. Hay numerosos ejemplos de izquierda reaccionaria y de derecha progresista, y viceversa. Fidel Castro es un dictador reaccionario de izquierdas porque desde el punto de vista de la democracia todas las dictaduras son reaccionarias, mientras que el derechista canciller Bismarck resultó ser un político progresista cuando fundó el germen de la seguridad social en la Alemania del II Reich.

26. – Consideramos que todas las políticas orientadas a ampliar y mejorar tanto la libertad individual como la igualdad de oportunidades son políticas para el progreso, porque éste sólo puede evaluarse en términos de más libertad y de más igualdad de las personas.

27. – El Estado debe servir para garantizar a los ciudadanos la igualdad absoluta en derechos y obligaciones. El Estado debe servir para proteger a los más débiles, fomentar la creatividad empresarial, la libertad personal, la educación igualitaria, la sanidad común. El Estado debe convertirse en una entidad fluida, activa, eficaz y reducida.

 5 – Una política laica con respeto a la tradición católica

28. – España se define como “Estado aconfesional”, no obstante sería absurdo negar las históricas relaciones que nuestra nación ha mantenido con la Iglesia Católica. Algunas veces buenas y otras malas. No vamos a entrar a procurar un “revisionismo histórico” para ello ya hay suficientes investigadores e historiadores dedicado a ello. Si se trata, en cambio, de fijar unas bases fluidas de entendimiento y concordia con la creencia mayoritaria de los ciudadanos españoles.

29. –. Existen confesiones religiosas que, esgrimiendo el principio de tolerancia o el multiculturalismo, reclaman un estatuto jurídico particular para lograr mantener algunas prácticas que chocan con nuestra legalidad, tales como el mantenimiento de la mujer en un estatus de inferioridad jurídica, la ablación genital, el matrimonio concertado forzoso o la poligamia, y el recurso a tribunales religiosos para dirimir cuestiones de derecho civil. Sin entrar en la justificación espiritual o tradicional de tales instituciones, consideramos que éstas no deben ser admitidas legalmente en el seno de una democracia porque atentan de entrada contra el precepto de la libertad e igualdad de los ciudadanos.

30. – Más allá de la cuestión religiosa, que la expansión del Islam está volviendo a suscitar en muchas sociedades, el laicismo encuentra su fundamento en la separación de la ética privada y la ética pública. La primera es el conjunto de valores y hábitos morales de un sujeto, sean los de la mayoría o diferentes, y se corresponda o no con una confesión religiosa o tradición moral cualquiera.

La segunda es el conjunto de valores morales que hace suyos una comunidad política y que, en este sentido, se vinculan con la democracia, y por tanto con la política aunque ésta y la ética sigan siendo instancias diferentes. La ética pública proporciona sustento a la democracia de las sociedades complejas y abiertas, donde conviven personas y grupos con toda clase de creencias, porque permite hacer compatible la existencia de los diversos valores morales respectivos con una moralidad general inclusiva y básica, compatible con aquéllas. Así, la creencia en la igualdad esencial de las personas es un valor de la ética pública básica para la democracia, pues priva de legitimidad a la segregación y a la discriminación (que la democracia debe empeñarse en superar y eliminar), y tiene su traducción política en el principio constitucional de igualdad ante la ley.

31. – La ética pública no pretende dirimir ni resolver los conflictos morales privados, sino solamente remitirlos al ámbito de la conciencia si no chocan con la legalidad –y regulando, en su caso, la “objeción de conciencia”-, de modo que sea posible la convivencia de sujetos con diferentes e incluso divergentes éticas privadas. Es el caso de los problemas suscitados por la despenalización del aborto o de la eutanasia, que para los creyentes de varias religiones son graves pecados. La ética pública no resuelve si lo son o no, sino que establece que la calificación de pecado carece de relevancia pública porque deriva de una creencia privada.

En una nación como la nuestra con un grave problema de envejecimiento y despoblación ha de regularse de manera clara la cuestión del aborto en dos vías fundamentales: La primera es la defensa del derecho a la vida como principio irrenunciable. La segunda es clara también: proporcionar a las españolas embarazadas todo el apoyo del Estado. Tanto si quiere conservar a su hijo, una vez nacido o darlo en adopción.

32. – Los problemas morales no son el único ámbito de acción del laicismo. Las llamadas políticas identitarias, consagradas a legislar la preservación y promoción de determinados rasgos y elementos simbólicos de carácter colectivo –como lenguas vernáculas, tradiciones, instituciones particulares, etc.- deben entrar también en esta categoría de exclusión de la democracia por razones de laicidad.

La defensa y práctica de determinadas creencias simbólicas debe ser considerada, como ocurre en el caso de las religiosas, como un asunto privado sujeto al libre albedrío de los interesados, pero nunca institucionalizarse como obligación pública por ley.

Esto excluye, por ejemplo, que podamos considerar democráticas las leyes y campañas de “normalización lingüística” que persiguen preservar o extender el uso de una lengua vernácula mediante medidas coercitivas que limitan la capacidad de elección libre de los ciudadanos.

33. – Es objetivo de la democracia garantizar la libre práctica de cualquier creencia privada o colectiva, siempre que no entre en abierta contradicción con los principios democráticos –como lo hacen sostener la inferioridad jurídica de las mujeres respecto a los hombres o la existencia, según el nacionalismo, de supuestas obligaciones legales de los vivos para con los antepasados-, pero la garantía de este derecho no comporta reciprocidad legal en forma de obligación universal. Se puede sin duda creer en dogmas religiosos y obrar en consecuencia con toda libertad -dentro de los límites que permita la ley-, pero de ningún modo pretender que dicha creencia deba tener un carácter de obligatoriedad, ni que su enseñanza deba ser considerada un saber evaluable a efectos académicos y subvencionada con fondos públicos.

6 – SOLUCIONA: Un partido NACIONALISTA ESPAÑOL

34. – La concepción nacionalista de la nación ha contaminado el lenguaje político de la democracia española, especialmente el que emplea la izquierda tradicional. La idea de que la batalla política debe ser entre izquierda y derecha, integrando en la misma a los respectivos sectores del nacionalismo, ha servido para desvirtuar profundamente el sentido mismo de la democracia, cuyo objetivo no es vencer a la derecha, o viceversa, sino superar aquellas concepciones y prácticas reaccionarias en las que se ataca o disminuye la libertad e igualdad de los ciudadanos, cosas ambas más que abundantes en el nacionalismo. Es más, la premisa de que el nacionalismo encarna algunos valores progresistas –por ejemplo, el PNV por su resistencia antifranquista- que le convierten en socio natural contra “la derecha”, se ha convertido en idea favorita de una izquierda conservadora que identifica su control de las instituciones, y su imitación de muchas concepciones del nacionalismo, con el avance de la democracia contra sus enemigos de la derecha, que sería antidemocrática por naturaleza.

35. – Por su parte, el concepto de “nación española” de la derecha tradicional también comparte con el discurso de los nacionalistas catalanes, gallegos y vascos la pretensión de que la nación sea una entidad prepolítica que se remonta a la noche de los tiempos y descansa sobre bases mitológicas, étnicas o lingüísticas. En definitiva, se ha convertido en moneda de curso corriente la falacia de que referirse a la “nación española” significa lo mismo que hacerlo a las “naciones” vasca, catalana o gallega.

Esta equiparación ha sido recogida en la noción de “Estado plurinacional” o “nación de naciones” tan grata al zapaterismo. Sin embargo, desde una perspectiva democrática la única nación auténtica es la española.

36. – El concepto ilustrado de nación es consustancial a la democracia: la nación, o es democrática o no es nación. Por eso mismo es absurdo defender, al modo nacionalista, que las naciones preexisten y son anteriores a la instauración de la democracia.

37. – SOLUCIONA es un partido inequívocamente nacional en este sentido: renuncia expresamente a representar o promover entidades de tipo territorial, romántico o mitológico. La nación de SOLUCIONA no es otra que la nación española instaurada tras el periodo de la Reconquista Nacional lograda a través de la unificación de los diversos reinos que componían España.

.38. – En resumen, Soluciona lanza a la Sociedad un mensaje político basado en estos tres pilares esenciales e irrenunciables:

Primera, la defensa de la Unidad Nacional: En lo político la lucha contra el separatismo. En el ámbito constitucional y administrativo la derogación del título VIII de la Constitución. En el ámbito internacional: La consecución a largo plazo de un Estado fuerte capaz de exigir la recuperación de nuestros territorios perdidos hoy sometidos a soberanía extranjera como Gibraltar o el Sahara.

Segunda, la defensa de nuestra identidad como pueblo: Identidad cultural y espiritual, basando nuestra idea de pueblo en una concepción orgánica y natural, y no contractualista o liberal.

Tercera, la consecución de la armonía social por medio de la articulación territorial ordenada y racional. Es decir, Estado unitario con ligera descentralización local, provincial y regional basado en los principios de unidad y solidaridad entre las regiones. Asimismo, el apoyo a la familia, célula básica de la sociedad y la economía social, que consistiría en la recuperación de los derechos sociales que han sido enajenados por una clase política que ha vendido España al capital internacional.

 7 – El partido y la “democracia interna”

39. – El funcionamiento interno de los partidos no es una cuestión privada: tiene relevancia pública porque modela y condiciona la vida política. Al fin y al cabo, son los partidos los que presentan candidatos, deciden las leyes y normas electorales, y tras las elecciones desempeñan las tareas de gobierno y oposición, de modo que sus decisiones de carácter interno tienen, inevitablemente, gran repercusión pública. Incluso pueden, como ocurre a menudo, alterar mediante pactos poselectorales la voluntad popular expresada en las urnas.

40.– En conclusión, el funcionamiento de los partidos es parte fundamental del sistema democrático, no un asunto externo al mismo. Por eso mismo conviene adoptar un modelo organizativo lo más semejante posible a las normas que se proponen para el sistema democrático, pero con una importante salvedad: un partido político no es una democracia dentro de la democracia, ni un Estado dentro del Estado, sino un instrumento al servicio de la política que representa un proyecto particular, “de parte”, no “de totalidad”, aunque se dirija al conjunto de los ciudadanos.