La sala de lo contencioso del TSJA ha aceptado la impugnación de Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Empleo de la Junta  de Andalucía y uno de los principales encausados en el caso de los ERE fraudulentos, y ha dictaminado que debe cobrar su sueldo, aunque no le acepta su petición de que se le reintegre a su puesto de trabajo.

Guerrero recurrió una resolución de la Consejería de Hacienda, que le concedía el reingreso pero le declaraba en suspensión de funciones mientras existieran medidas cautelares y por tanto consideraba que no procedía pagarle su sueldo. El juzgado de lo contencioso de Sevilla lo desestimó pero ahora lo acepta la sección tercera de la Sala de lo contencioso del TSJA.

La sentencia invoca el Estatuto Básico del Empleado Público para aceptar el reingreso sin incorporación, pues entiende que “puede afectar a la prestación de los servicios públicos afectados, aunque precisa que el recurrente es “inocente hasta que no se demuestre lo contrario”, pues quiere incorporarse a la misma administración perjudicada por delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

Sin embargo, el tribunal entiende que al aceptar el reingreso al servicio de Guerrero, la Junta debe reconocer sus derechos económicos y se los reconoce desde que debía incorporarse a su puesto de trabajo, el 12 de enero de 2012. Percibirá e 75% de sueldo, trienios y pagas extras, así como la totalidad de la ayuda familiar.

Cocaína, alcohol y juergas

Francisco Javier Guerrero se gastó en cocaína y copas parte del dinero destinado a pagar los ERE. Así lo declaró voluntariamente su chófer ante la Policía el pasado 15 de diciembre. Esta revelación se enmarca en la investigación judicial que dirige la juez Mercedes Ayala por el fraude en las subvenciones concedidas por la Junta.

Guerrero admitió que el llamado “fondo de reptiles” era una partida dotada con 647 millones de euros que destinaba a falsas prejubilaciones y a ayudas y subvenciones a empresas de forma indiscriminada y sin control. La declaración del chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, reveló que parte del dinero también se empleaba en financiar las fiestas personales de quien fuera director de Trabajo.

Trujillo admitió que recibió dos subvenciones de 450.000 euros cada una para dos empresas de su propiedad, pero el chófer destinó parte del dinero a adquirir un terreno y un piso. Con el resto, Trujillo compró “material de telefonía, música, antigüedades y ropa” a solicitud de Guerrero, aunque la mayoría fue para “cocaína, copas e ir de fiesta”.

El chófer afirmó haber entablado “una relación de amistad” con Guerrero, que se forjó tomando copas en un local al que el exdirector de Trabajo era aficionado. Trujillo narró cómo su jefe le confió que tenía potestad para “conceder subvenciones indiscriminadamente y sin necesidad de justificar nada”, por lo que le animó a que creara unas empresas para poder concedérselas a él. Guerrero le explicó cuál era el procedimiento para preparar la documentación y obtener las ayudas, una documentación que su chófer le entregó en mano y que consistió en “un par de folios que teóricamente contenían un plan de viabilidad de un negocio”.

En su declaración voluntaria, el chófer también entregó a la Policía una pistola. Preguntado al respecto, Trujillo aseguró que se la había entregado un guardia civil hace cuatro o cinco años y que le dijo que estaba inutilizada, por lo que se comprometió a buscar el certificado de inutilización.