Mercedes Alonso, alcaldesa de Elche y Federico Trillo.

Fernando Soler.- Pleno éxito de las denuncias, a través de Alerta Digital, del periodista Enrique de Diego y el presidente del Foro de Elche, Miguel Picher sobre las irregularidades y el clima de corrupción de la financiación en las agrupaciones locales del PP, con especial incidencia en Elche, donde la alcaldesa pepera, Mercedes Alonso, podría ser imputada a raíz de la denuncia de Manos Limpias.

Según publica el diario Información de Alicante, la cúpula popular toma medidas para acabar con el caos en el uso de los fondos de las agrupaciones municipales del partido en Alicante y «regulariza» las cartillas bancarias en las que se maneja el dinero Todas operarán con los datos fiscales de Madrid y se someterán a la auditoría del Tribunal de Cuentas

Génova se hará cargo de supervisar el uso de los fondos que, hasta ahora, manejaban sin control las agrupaciones locales del PP en Alicante. De acuerdo con la cúpula provincial que lidera José Císcar, Madrid asumirá la vigilancia directa de todas las cuentas que, de esta manera, operarán, a partir de ahora, con las codificaciones fiscales de la dirección nacional del PP lo que facilitará, además, que los movimientos de los colectivos municipales del partido en la provincia se sometan a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, algo que hasta ahora no ocurría. La decisión de regularizar esta situación «anómala», como admite la propia cúpula popular, pone fin a una larguísima etapande caos en el control del dinero que gestionaban las agrupaciones locales del PP e, incluso, de las donaciones que ingresaban los cargos públicos de cada población.

Enrique de Diego, el periodista que destapó en AD las irregularidades financieras del PP alicantino

Las agrupaciones locales del PP en la provincia manejaban sus fondos al margen de la organización. Cada una funcionaba por sus propios medios y, de esa manera, evitaban por completo la fiscalización del Tribunal de Cuentas. El desorden llegaba hasta el extremo de que los fondos de las agrupaciones locales del PP se depositaban en cartillas bancarias en las que aparecían como titulares personas particulares e, incluso, asociaciones sin ánimo de lucro. En esta situación se encontraban, entre otras, agrupaciones como Benidorm, El Campello, Denia, Elda o Elche, tal y como denunciaron Enrique de Diego y Miguel Picher.

Según indica el diario Información, durante años, la dirección nacional del PP se limitaba en toda España a controlar, bajo su propio Código Fiscal (CIF), los balances de las organizaciones territoriales y también de las direcciones provinciales.

En el caso de Alicante, además, también estaban incluidos los detalles de las cuentas de la dirección popular en la capital, que ha funcionado de forma intermitente durante las dos últimas décadas y que, en época de Julio de España, fue asumida directamente por la cúpula provincial. La contabilidad de Luis Bárcenas, filtrada en Internet a mediados de julio, confirmó, efectivamente, ese «modus operandi»: la dirección nacional del PP remitió al Tribunal de Cuentas una documentación en la que figuran los balances de la cúpula provincial pero ninguna referencia a las organizaciones municipales.

Con ese escenario y en medio de un panorama político marcado por las investigaciones de corrupción Gürtel, Brugal, Cooperación, Nóos… que azotan a los populares de norte a sur de la Comunidad Valenciana, la dirección provincial del PP no se podía permitir una «patata caliente» que, incluso, había llegado a generar, en el caso de las cuentas de los populares de Elche, gestionadas a través de una asociación sin ánimo de lucro, una denuncia en los juzgados por el sindicato Manos Limpias y que puede conducir a la imputación de la alcaldesa pepera, la desacreditada Mercedes Alonso.

Miguel Picher, presidente del partido Foro de Elche

La actual gerente nacional del PP concedió los poderes para poder actualizar todas la cuentas locales anómalas. Y, de esta manera, como apuntaron desde la cúpula del PP, se ha establecido un sistema en el que las agrupaciones populares de la provincia con actividad económica todas las de más de 10.000 habitantes y algunas en la franja hasta 5.000 habitantes estarán obligadas a disponer de dos cuentas: una de ingresos y otra de gastos. Como estarán controladas a través del CIF con el que opera la dirección nacional del PP, todas deberán rendir cuentas a la gerencia provincial que, a su vez, remitirá a Génova el informe correspondiente con los balances de los colectivos locales que, de esta manera y de forma obligatoria, se tendrán que incorporar a la contabilidad general.

Con este sistema, por ejemplo, no se podrá realizar ningún tipo de pago «Al Portador», lo que facilita información concreta sobre la identidad de las personas que reciben los abonos y, a su vez, también quedarán reflejadas todas las donaciones. Habrá una tercera cuenta para los pagos de las campañas electorales. Como explicaron desde la dirección provincial del PP, este nuevo sistema de gestión se ajusta al «espíritu» de la legislación sobre partidos políticos y, al tiempo, a la auditoría del Tribunal de Cuentas.