Lidia Joya, la mujer despedida.

EM.- El Juzgado de lo Social número cuatro de Almería ha declarado improcedente el despido, cuando se encontraba embarazada, de Lidia Joya, una trabajadora de la Federación de Mujeres Progresistas en la provincia, que se produjo en febrero de 2012.

Según informa El Mundo, el fallo declara la extinción de la relación laboral entre las partes y la obligación de la demandada de abonar a la actora la suma de 15.925,15 euros en concepto de indemnización por despido, y de 17.727 euros por salarios de tramitación.

El Juzgado ha estimado totalmente la demanda interpuesta por la empleada frente a la ONG, que en la actualidad se encuentra en concurso de acreedores y en paradero desconocido, según el fallo del juzgado. Ante este hecho, ha notificado a la federación su decisión mediante su reciente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería.

Y es que a la vista oral, celebrada el pasado mes de noviembre, ni siquiera se presentó ningún representante legal de la Federación de Mujeres Progresistas, al igual que había sucedido a lo largo de todo el proceso por el despido durante el embarazo de Joya, que era delegada sindical de Comisiones Obreras.

Fue este sindicato el que interpuso en marzo de 2012 dos demandas contra la Federación de Mujeres Progresistas en Almería por el despido de Lidia Joya y Javier Soto, ambos trabajadores de un centro de menores pertenecientes a la entidad. Según CCOO, la ONG comunicó el despido disciplinario de ambos, que son pareja, tras comunicar Lidia que estaba embarazada y con una baja por motivo de embarazo. Además, los trabajadores fueron despedidos pese a que ella era delegada sindical y él ex delegado de CCOO.

La delegada de Mujeres Progresistas en Almería, Dolores Ruiz, explicó entonces que la trabajadora fue despedida tras la apertura de un expediente disciplinario y que presentó la baja cuando ya no trabajaba para la organización. Según su versión, se trató de un despido disciplinario por una serie de faltas graves cometidas a lo largo de un año, “aunque antes ya había una serie de hechos cuestionables”. Sin embargo, el sindicato mantuvo que los despidos se produjeron como consecuencia de la actividad sindical de Joya y Soto.

Como sucede en otras sedes andaluzas de Mujeres Progresistas, la de Almería, que fue comprada por la organización y que estaría valorada en unos 300.000 euros, permanece cerrada a cal y canto. Al igual que tuvo que cerrar el centro de menores de la organización, una vez que la Junta no renovó el convenio que mantenía con la entidad. En él trabajaban una decena de personas.

Hace unos meses, el mismo juzgado que ha dictado el despido improcedente de Lidia Joya ordenaba el embargo de la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía en la provincia por el impago de sus salarios a otra de las trabajadoras que fueron despedidas en el proceso de desintegración de esta ONG, que ha recibido miles de euros en subvenciones de la Junta de Andalucía, que se ha declarado quiebra y en concurso de acreedores una vez que se ha agotado la que era prácticamente su única vía de financiación, la propia Administración autonómica.