Pedro Ángel Hernández Mateo

Enrique de Diego.- Una de las consignas acuñadas por el PP y repetidas por sus desprestigiados lacayos como Antonio Martín Beaumont es que la corrupción del “caso PP” en Valencia era cuestión de tres trajes. En realidad es de mucho más y afecta a toda la estructura del PP en las tres provincias y en prácticamente todas las localidades. El propio Beaumont está implicado en ella y Esteban González Pons.

El hecho más oscuramente esclarecedor del nivel de corrupción alcanzado es que el grupo popular en las Cortes Valencianas contabiliza la friolera de once imputados. Uno de ellos, Pedro Ángel Hernández Mateo, ya ha sido condenado a tres años de cárcel. El dato alcanza el paroxismo si se tiene en cuenta la politización de la Justicia y el control del ascenso de los jueces que depende de los políticos autonómicos.

Sólo en el caso Emarsa, relativo a la depuradora de Pinedo, en Valencia, cargos del PP han depredado la cifra de 25 millones de euros. Según la declaración judicial de uno de los imputados, el robo se perpetraba a través de tres líneas: con tarjetas de crédito, cuyo límite era de 1.000 euros diarios, con desvío de fondos hacia empresas fantasma y metiendo directamente la mano en la caja y transportando el dinero en coche para el reparto entre los tres cabecillos a 300.000 euros por cabeza. Esta trama también hacía los consabidos regalos de objetos de lujo, como bolsos de Louis Wuitton para Rita Barberá. Además, el PP como tal está implicado, pues el partido recibía cantidades importantes de dinero para almuerzos de cargos y militantes.

La trama Gürtel implicó a Francisco Camps, Ricardo Costa, número dos del partido, Víctor Campos, número de la Generalitat, y Daniel Betoret. Era mucho más que tres trajes, como se empeñó el PP en difundir como imagen falsaria. Tiene constantes ramificaciones. Por ejemplo, Gürtel-Fitur, pues el stand de la Comunidad Valenciana era concedido a Orange Market, sin atender a los pasos legales, con sobreprecio de 3 millones de euros. La consejera de Turismo de entonces, Milagrosa Martínez está imputada. El fiscal anticorrupción pide para ella once años de cárcel. Canal 9, que acaba de sufrir un ERE salvaje, fue un predio donde el PP saqueó a modo. Pedro García, director general de Canal 9, se lucró con el viaje del Papa a Valencia. Sedesa, de la familia Cotino, es primada en obras públicas por la Generalitat y ayuntamientos del PP. Juan Cotino aparece como donante en la contabilidad B de los papeles de Bárcenas.

El caso más notorio de acusaciones de corrupción tempranera es el del cacique del PP de Castellón, Carlos Fabra, que ha justificado su enriquecimiento por la repetida suerte de que le ha tocado el gordo tres veces. Y el que no se lo crea, parafraseando a su hija Andrea Fabra, que se joda.

Me refería a Antonio Martín Beaumont, que era el socio de José Luis Ulibarri en Tele 7, la operación ideada por Esteban González Pons para montar una televisión afín al PP mediante la concesión de trece licencias que cubrían todo el territorio de la Comunidad Valenciana. El empresario de Ponferrada Ulibarri, buscado ex profeso, recibía a cambio la construcción de varios edificios públicos y otras sinecuras, que era lo que le interesaba. En la operación aparecía el CEU con Alfredo Dagnino, para camuflar la presencia Gürtel. Tele 7 casi no se puso en marcha, entrando en quiebra. El Tribunal Supremo ha considerado ilegal el concurso de TDT montado por González Pons.

El saqueo ha sido de tal nivel que el Partido Popular, con el silencio cómplice del PSOE y de los sindicatos, ha dejado a la Comunidad Valenciana sin instituciones financieras: ni la Caja de Ahorros del Mediterráneo, ni Bancaja, ni el Banco de Valencia existen hoy como instituciones levantinas. Siglo y medio de esfuerzos de la sociedad civil por democratizar el crédito ha sido dilapidado en sólo una década de sueldos multimillonarios, créditos a cero interés para los consejeros y finiquitos de escándalo.

Si se contempla la incipiente ruina de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la venta regalada de Terra Mítica o el agujero del remedo de Cine Cittá de la alicantina Ciudad de la Luz se percibe un panorama desolador, en el que el balance de la gestión es un desastre sin paliativos.

Volviendo al principio, está dicho todo con esa cifra escalofriante de once diputados autonómicos imputados por casos de corrupción. El presidente de relleno que es Alberto Fabra nada puede hacer para airear esta cloaca hedionda, salvo taparse las narices, que es lo que hace. Todas las promesas de transparencia se las ha llevado el viento a las veinticuatro horas de tomar posesión. Esos once imputados lo tienen preso, pues constituirían, en hipótesis, un grupo mixto que decidiría el gobierno de la Generalitat. Así que son los que mandan, aunque se dediquen en los plenos a cortarse las uñas o a estudiar francés.

En un Estado de Derecho, con independencia del Poder Judicial, el debate se situaría en la ilegalización del Partido Popular y sólo Valencia serviría para ser determinante.