EP.- La tasa a las bebidas azucaradas que prepara la Generalitat de Cataluña ha llegado a movilizar a la embajada de EE UU. El embajador norteamericano en Madrid, Alan D. Solomont, se reunió el pasado 8 de febrero con Artur Mas en Barcelona y le trasladó el malestar de sus empresas, principalmente Coca-Cola y Pepsi, con el impuesto, según fuentes próximas al encuentro. Solomont le ha hecho llegar a Mas que el impuesto sería discriminatorio ya que Pepsi y Coca-Cola tienen el 70% del mercado de bebidas azucaradas.

Además, avisó el embajador, el nuevo tributo puede ahuyentar la inversión de empresas de Estados Unidos en Cataluña. Ni la embajada —que niega que presionara— ni el entorno de Mas comentan el encuentro, al que no se dio publicidad alguna.

La Generalitat pretende recaudar unos 30 millones al año con el gravamen antiobesidad. La oposición de las firmas no es tanto por la cantidad a pagar, sino por no abrir la espita de asumir que los refrescos azucarados son responsables de la obesidad infantil.

Nueva York sí tiene medidas contra este tipo de refrescos

La patronal de las bebidas azucaradas, la Asociación de Bebidas refrescantes (Anfabra), ha lanzado una decidida campaña contra el impuesto, cuya cuantía está por determinar, pero que podría rondar los 7,5 céntimos de euro por litro y 2,5 céntimos por lata. Se trata de una propuesta de ERC recogida en el pacto de Gobierno con CiU, que se ha topado con la reacción de Coca-Cola y Pepsi, que han movilizado todos sus recursos, entre ellos pedir ayuda a Solomont. Este estuvo a principios de mes en Barcelona y allí tuvo un encuentro no oficial con Mas en el que le trasladó la queja de sus empresas. Mas no se mostró inflexible sobre el tema.

Jeff Galvin, secretario de prensa de la embajada de EE UU, no confirma la cita ni su contenido, aunque admite que cuando Solomont viaja a Barcelona intenta tener un encuentro con Mas. Galvin explica que EE UU defiende que “no haya cambios de régimen ni impuestos discriminatorios que puedan causar incertidumbre o ahuyentar la inversión”.

El 70% del mercado afectado está en manos de firmas estadounidenses

Ese es el sentido del mensaje que Solomont ha hecho llegar a Mas y a su consejero de Economía, Andreu Mas-Colell: que el impuesto sería discriminatorio por ir principalmente contra empresas estadounidenses, que darían una imagen negativa del Gobierno catalán y pondría en peligro las inversiones de sus empresas y de sus socios locales.

El impuesto no es una propuesta de Artur Mas, sino que procede de ERC, como el gravamen a las nucleares. Está incluido en el pacto de Gobierno junto a los tributos de residuos y patrimonio. La embajada hace suyo el discurso de la patronal del sector de que este impuesto no es efectivo, aunque en Estados Unidos haya localidades que han impuesto medidas similares.

Anfabra ha enviado un informe a Mas-Colell contra el gravamen. Entre otras cosas, señala que “daña gravemente la imagen de las bebidas refrescantes. Este es el daño más grave y más sensible para cualquier alimento”.

La Generalitat se negó a confirmar la existencia de la reunión. “No hacemos comentarios de la agenda del presidente”, explicó un portavoz, que no quiso comentar el mensaje del embajador.

En EEUU, Coca-Cola ha empezado a emitir anuncios defendiéndose de los ataques de que fomenta la obesidad. Nueva York, por ejemplo, ha prohibido la venta de refrescos XXL. La compañía, con sede en Atlanta, no quiere comenzar una batalla regulatoria en Europa.

Anfabra señala que Francia, Italia y Reino Unido abortaron planes similares. Pero el debate está abierto. La academia de Colegios Médicos en el Reino Unido ha pedido gravar la comida basura y las bebidas azucaradas para subir su precio un 20%.

El sector replica que la contribución de las bebidas sin alcohol en la ingesta de energía diaria de los españoles es del 3,6%, según un estudio del Gobierno. Añade que las bebidas light suponen el 30% del mercado en España y que en 15 años, “las calorias por cada 100 mililitros de bebida refrescante puestos en el mercado español se redujeron en más de un 22%”.

Baleares aprobó en febrero un impuesto a los envases de bebidas de entre 2 y 65 céntimos de euro por su impacto ambiental. Aunque Anfabra ha criticado la tasa, la reacción no ha sido tan dura.

No es la primera vez que trasciende la defensa de Solomont de inversiones de empresas de EE UU. En las renovables ha sido un firme defensor de los inversores en contra de los recortes del Gobierno del PSOE y del PP.