El juez que investiga el presunto desvío de fondos a través de la Fundació Catalunya i Territori, afín a UDC, ha citado a la formación democristiana como posible responsable civil a título lucrativo del desfalco.

Según han informado fuentes judiciales, el titular del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona ha dictado esa resolución a petición de la Fiscalía, que cree que UDC se benefició mediante servicios prestados del dinero desviado a través de la fundación afín.

El juez investiga esta causa por un presunto desvío de fondos a raíz de la querella que presentó la Fiscalía contra una trama financiera integrada por una treintena de empresas de poca actividad que orbitaba alrededor del grupo empresarial IMS y de la Fundació Catalunya i Territori.

Esa trama financiera, según cree el ministerio público, se habría hecho cargo del pago de varios servicios prestados a UDC mediante facturas falsas.

176.000 euros

Aunque en su auto el juez no detalla la cantidad desviada de que UDC podría ser responsable a título lucrativo, lo que se dirimirá durante en el proceso de instrucción del caso, el fiscal de Delitos Económicos Francisco Bañeres cifra en al menos 176.000 euros el beneficio supuestamente obtenido por la formación.

Esos 176.000 euros corresponderían a varias facturas que el grupo de sociedades IMS, vinculado a algunos de los imputados, y la Fundació Catalunya i Territori pagaron a la empresa Kontrast por servicios prestados a UDC.

La querella incluye también en el presunto desvío de fondos el uso por parte de UDC de cinco locales propiedad de la Fundació Catalunya i Territori, que posteriormente fueron vendidos a la formación democristiana a un precio que, en opinión del fiscal, resulta “a todas luces sensiblemente inferior al del mercado”.

En su auto, notificado hoy, el juez instructor rechaza archivar la causa para varios querellados por la trama de desvío de fondos de IMS que así lo solicitaban, entre ellos el presidente de la Fundació Catalunya i Territori Josep Boqué, exdirector general de Consumo en los pasados años 90.

También acepta el magistrado la petición de Francisco Bañeres de que se cite a declarar como testigo, para el próximo mes de junio, al administrador concursal de las sociedades del grupo IMS, que se encuentran en suspensión de pagos tras el presunto desvío de fondos.
Trama financiera

La Fiscalía considera en su querella que los exvocales de la Fundació Catalunya i Territori son los máximos responsables de la trama financiera, que orbitaba a través del grupo empresarial IMS, con el que mediante facturas falsas se habrían desviado de la entidad afín a UDC 1,78 millones de euros cuyo destino final se ignora.

Según Bañeres, los recursos de la Fundació procedían de donaciones de distintas entidades y personas, “cabe pensar que guiadas por impulsos altruistas con el fin de contribuir a impulsar el sentimiento de nación catalana y fomento de la cultura y lenguas catalanas”, como declara su propio ideario.

Sin embargo, añade el fiscal, “aterrizaron en una gran porción sin causa que lo justifique en manos de unas empresas de asesoramiento de dudosa viabilidad”.