Por José María Manrique.- Desde el 27 de diciembre de 1978 nuestra Constitución no remite ya a las leyes de Dios y en ese marco ateo hay que encuadrar la situación actual. Por cierto, cuando en la Comisión Conjunta Congreso-Senado para aprobar el borrador de la Constitución se debatió el tema de la conveniencia o inconveniencia de incluir una mención expresa a Dios, quien intervino para oponerse a la inclusión, según el profesor Sigfredo Hillers, “no fue Santiago Carrillo, ni la Pasionaria ni Felipe González, ni Alfonso Guerra, sino Torcuato Fernández-Miranda”.

La base política, metafísica y legal para la imposición del aborto en España es la Constitución de 1978, aunque Adolfo Suárez, para captar el voto católico negara, antes del referéndum, que el texto constitucional consagraría el aborto y el divorcio, prescindiría de la familia, y atentaría contra la unidad de España… (diario El País, 5-XII-1978).

El que fuera cardenal Primado de España, y arzobispo de Toledo, don Marcelo González Martín, lo denunció en un valiente artículo en la revista Razón Española, y en el Boletín Oficial del Arzobispado de Toledo de diciembre de 1978. Antes de ser sometida a referendum, Monseñor Guerra Campos y él redactaron un escrito, firmado también por otros obispos, en el que señalaban los graves defectos constitucionales: “la omisión real y no sólo nominal de toda referencia a Dios; la falta de referencia a los principios supremos de la ley natural o divina; la carencia de garantía suficiente sobre libertad de enseñanza; la desprotección frente a la pretensión de aquellos docentes que quieran proyectar sobre los alumnos su personal visión o falta de visión moral y religiosa, violando el derecho inviolable de los padres y los educadores; la no tutela de los valores morales de la familia , dejando abierta la puerta a la ley del divorcio; y en cuanto al aborto, la ausencia de la claridad y seguridad necesarias, ya que la fórmula todos tienen derecho a la vida, supone, para su recta intelección, una concepción del hombre que diversos sectores parlamentarios no comparten”.

De hecho, diversas sentencias del Tribunal Constitucional declararon conformes con la Carta Magna las leyes del aborto, aparentemente anticonstitucionales todas ellas por conculcar el derecho a la vida, primero de los teóricamente protegidos (Art. 15: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte …”).

ÇTambién el Obispo de Orense, Monseñor Temiño, dijo que si las leyes “se oponen claramente al bien común es deber de todos procurar que no se promulguen, y promulgadas no cumplirlas. No pueden obligar. Antes bien, obliga lo contrario. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” (El Periódico, 16-I-1983).

Pero no era es el sentir de la mayoría de los obispos, herederos de los Obispos Auxiliares impuestos por Pablo VI a espaldas del Concordato. El Cardenal Suquía, quien en algún momento afirmó estar muy contento con el texto constitucional, en una larga entrevista concedida a TVE en diciembre de 1988 con motivo del décimo aniversario de la Constitución, ante una leve “acusación” indirecta del entrevistador, replicó con vehemencia y rotundidad que más del 80 % de los obispos españoles y sus sacerdotes apoyaban la Constitución y que una prueba de ello era que algunas mesas electorales habían estado sacerdotes. Apenas hubo alguna lamentación tardía e ineficaz, como la del Obispo de Málaga, quien dijo que “todos los españoles tenemos nuestra parte de responsabilidad al no haber defendido con valentía y decisión en el momento oportuno la vida de los niños españoles no nacidos” (Comentario sociológico, julio-diciembre de 1985, 898).

Otro cardenal, Vicente Enrique y Tarancón, Arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal de 1971 a 1981, reconoció, en un libro-entrevista autobiográfico, que los obispos eran conscientes de que el cambio político traería, entre otros males, la aprobación del aborto, pero que no les quedaba otra opción que apoyar tal cambio por respeto al pluralismo político. Ningún obispo español de los que apoyaron el cambio le desmintió, e incluso Monseñor Iniesta, Obispo auxiliar de Madrid, dijo que, siendo enemigo profundo del aborto, no veía inconveniente en que se despenalizara; textualmente (diario El País, 1-V-1979) declaró: “creo que la sociedad que busca el marxismo es extremadamente coherente con mis planteamientos” … “la sociedad que yo desearía es una sociedad socialista en el más amplio sentido de la palabra” … (y) la “inclusión en un programa socialista de la legalización del divorcio, no me haría cambiar de opinión. Mi conciencia (añade) rechaza el aborto totalmente, pero mi conciencia no rechaza la posibilidad de que la ley deje de condenarlo como un hecho delictivo; (y) en cuanto a los anticonceptivos no sólo no los rechaza mi conciencia, sino que hay que abrirles el camino completamente”.

El 5 de marzo de 1982, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, presidido por Enrique Tierno Galván e integrado por socialistas y comunistas, aprobó una moción sobre conveniencia de la legalización del aborto. En el programa del Partido Socialista Obrero Español para las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 figuraba la despenaliza­ción del aborto.

El Congreso de los Diputados aprobó el 6 de octubre de 1983, con 186 votos favorables, 109 contrarios y 4 abstenciones, la ley despenalizadora del aborto en los términos planteados por el Partido Socialista. El 30 de noviembre de ese mismo año fue ratificada en el Senado con 110 votos favorables, 45 opuestos y 3 abstenciones. Recurrido el proyecto de ley por el partido Alianza Popular, obtuvo la aprobación del Tribunal Constitucional, en Sentencia 53/1985 de 11 de Abril de 1985. El 28 de mayo de 1985 la ley obtuvo el refrendo definitivo, tras algunas modificaciones en el Congreso, con 187 votos favorables, 109 negativos y 12 en blanco.

El disidente Obispo Guerra Campos afirmaba que “la Constitución salió adelante, al fin, gracias al patrocinio episcopal”. Como hemos comprobado anteriormente, muchos articulistas y clérigos se dejan en el tintero de las excomuniones a los Reyes o Jefes del Estado cuando hablan de las penas canónicas por el aborto. El que refrenda y, en el caso español, “manda cumplir y hacer cumplir” las leyes. La singularidad en el caso de los Jefes de Estado es muy importante porque, desde la excomunión a Enrique VIII, que originó el cisma de la iglesia inglesa, la Santa Sede, es decir, el Papa, se reserva su excomunión.

Veamos, de la mano del presbítero e historiador D. Ángel David Martín Rubio, qué dijo Mons. Guerra, la única voz del episcopado español que se opuso diametralmente al aborto, en contraposición con el resto de los obispos y el silencio de la Curia Romana:

… (Recordemos) la triste actuación de aquellos años en que se recordó la doctrina pero evitando la polémica y paralizando la movilización clara e inequívoca de los católicos. El entonces presidente de la Conferencia Episcopal, Díaz Merchán, pidió “que la discrepancia en esta materia no se extrapole a otras áreas de la convivencia” (ABC, Madrid, 27-I-1983) y El País informaba, sin ser desmentido: “El Gabinete ha obtenido garantías de que la fuerte oposición católica al aborto no significará la descalificación global de la Administración socialista” (31-I-1983). Poco después el mismo periódico recogía unas declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal en las que afirmaba que muchos cristianos han votado al PSOE pero ello no significa una aceptación íntegra de su programa ni del aborto, y agregaba: “No creo que el católico tenga forzosamente que recluirse en partidos de derechas, porque los partidos de derechas presentan también inconvenientes a la conciencia cristiana” (El País, 20-II-1983), afirmación esta última que no se entiende como una crítica a los postulados liberales y laicistas asumidos por la derecha democrática sino como un respaldo al apoyo recibido por los socialistas desde sectores oficialmente católicos. Para el Obispo auxiliar de Madrid José Manuel Estepa: “La Iglesia debe proclamar su punto de vista y llamar a la conciencia de los católicos. Nada más; no se trata de levantar ninguna lucha contra el Gobierno” (Ya, 28-I-1983) y, de dar crédito a las declaraciones recogidas por El País, el también Obispo Alberto Iniesta habría afirmado: “Estaríamos deseando encontrar argumentos científicos y objetivos que nos pudieran demostrar que allí (en el óvulo recién fecundado) no hay vida humana en grado alguno” (18-I-1983).

Todo ello muy en la línea de aquellos Pastores: en 1981, el Cardenal Tarancón, Presidente de la CEE, declaraba: “Con un gobierno menos católico España estará mejor”. El 25 de septiembre de 1982 Mons. Carlos Amigo Vallejo, decía a la prensa “ser bueno para España que los católicos voten opciones de izquierda, como el PSOE”, y una semana antes Mons. Echarren se ufanó públicamente de “tener más amigos en el PSOE que en la derecha” (). No es de extrañar que pasado un año del triunfo del PSOE, el 4 de octubre de 1983, el Primado de Toledo, don Marcelo González Martín, se lamentara de que los españoles “portadores de una herencia católica” dieran sus votos “en proporción tan alta a partidos políticos … que … nos llevarán a la desaparición del sentido cristiano de la vida”.

Y no pensemos que aquellos obispos “no tenían carácter” y no estaban dispuestos a enfrentarse con el poder, o que se pararan en reservas morales a la hora de interpretar el Código de Derecho Canónigo. Por mis años puedo testificar que no es así, y que recuerdo con dolor el “Caso Añoveros” que demuestra lo contrario: Antonio Añoveros, obispo de Bilbao, emitió en febrero de 1974 (muy pocos meses después del asesinato del Presidente del Gobierno Carrero Blanco supuestamente a manos de ETA) una pastoral en la que, entre otras lindezas, decía: “El pueblo vasco, lo mismo que los demás pueblos del Estado español, tiene el derecho de conservar su propia identidad, cultivando y desarrollando su patrimonio espiritual, sin perjuicio de un saludable intercambio con los pueblos circunvecinos, dentro de una organización socio-política que reconozca su justa libertad; sin embargo, en las actuales circunstancias, el pueblo vasco tropieza con serios obstáculos para poder disfrutar de este derecho; el uso de la lengua vasca, tanto en la enseñanza en sus distintos niveles como en los medios de comunicación (prensa, radio y TV), está sometido a notorias restricciones; las diversas manifestaciones culturales se hallan también sometidas a un discriminado control”. El nuevo presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, que sólo unos días antes había dado un discurso en las Cortes de carácter aperturista (el llamado “Espíritu del 12 de Febrero”), se vio obligado a responder con contundencia ante la inaudita traición del obispo de Bilbao, decretando su inmediata detención y dando orden de que fuera expulsado de España. Pues bien, el Cardenal Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal, amenazó al Gobierno de Arias Navarro con la excomunión fulminante de todos los miembros de Consejo de Ministros (Franco incluido, y eso que la excomunión a los Jefes de Estado está reservada al Papa) en el caso de que se llevara a cabo dicha orden de expulsión, además de la ruptura del Concordato con la Santa Sede de 1953; el sacerdote Álvaro Baeza, filo-etarra por entonces, escribió que Tarancón tenía ya los decretos de excomunión firmados por el Papa cuando hablaba con Arias. “Me paseé varios días con la excomunión de Franco en el bolsillo“, recordaría luego el mismo Tarancón.

Es decir, Pablo VI, a lo que parece, excomulgó “in péctore” a Franco por defender a España de los ataques de separatistas y terroristas pero no hizo lo propio con el primer ministro italiano y el aborto (abriendo la puerta para que otras naciones “católicas” lo legalizaran igualmente sin ninguna pega).

Un ejemplo de lo que se podría haber hecho y no se hizo es la postura del Príncipe reinante en Liechtenstein, quien dijo a mediados de 2011 que no firmará la ley del aborto, consiguiendo con su postura que no saliera adelante la ley asesina.

Únicamente (continúa el P. Martín Rubio) el Obispo de Cuenca, Monseñor Guerra Campos, se destacó por la precisión de los argumentos teológicos, morales y canónicos, especialmente en sus dos cartas pastorales sobre el tema en las que señalaba la responsabilidad de las autoridades concentrada en los autores de la ley (“a saber: a) El presidente del Gobierno y su Consejo de Ministros; b) los parlamentarios que la voten; c) el Jefe del Estado que la sancione”) y las raíces de la legalización del crimen en una Constitución gravemente cuestionable desde el punto de vista moral (Pastoral del 13-VII-1985): “El gran problema es que, si la Constitución, en su concreta aplicación jurídica, permite dar muerte a algunos, resulta evidente que, no sólo los gobernantes, sino la misma ley fundamental deja sin protección a los más débiles e inocentes. (Y a propósito: ¿tienen algo que decirnos los gobernantes, más o menos respaldados por clérigos, que en su día engañaron al pueblo, solicitando su voto con la seguridad de que la Constitución no permitía el aborto? Y digan lo que digan, ¿va a impedir eso la matanza que se ha legalizado?)”. Terminaba recordando don José Guerra que ninguna autoridad de la Iglesia puede modificar la culpabilidad moral ni la malicia del escándalo: “A veces, se pretende eludir las responsabilidades más altas como si la intervención de los Poderes públicos se redujese a hacer de testigos, registradores o notarios de la «voluntad popular». Ellos verán. A Dios no se le engaña. Lo cierto es que, por ejemplo, el Jefe del Estado, al promulgar la ley a los españoles, no dice: «doy fe». Dice expresamente: «MANDO a todos los españoles que la guarden»”… “La regla general es clara. Los católicos que en cargo público, con leyes o actos de gobierno, promueven o facilitan —y, en todo caso, protegen jurídicamente— la comisión del crimen del aborto, no podrán escapar a la calificación moral de pecadores públicos. Como tales habrán de ser tratados —particularmente en el uso de los Sacramentos—, mientras no reparen según su potestad el gravísimo daño y escándalo producidos”.

Pueden verse también la Pastoral de Monseñor Guerra Campos sobre la Ley Asesina del Aborto aprobada en España en 1985, y un estudio general del papel del rey.

Como bien escribió Eusebio Nuño Romero en la página web del Centro Jurídico Tomás Moro, que no se haya ejercido, públicamente, el veto por el rey no significa que su derecho de veto no exista y no impide que quede claro que toda ley no tiene la ley validez hasta sanción real. Pero es que incluso dos “padres de la Constitución” así lo reconocieron: Miguel Herrero de Miñón lo hizo en su Estudio sobre el Rey y las Fuerzas Armadas, al referirse al llamado “poder de impedir del Rey por la negación de su firma” (Revista del departamento de derecho político de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, nº 7, 1980, pág. 47), y también Gregorio Peces-Barba (y otros, en La izquierda y la Constitución, Barcelona, Ed. Taula de Canvi, 1978, págs, 56-61) cuando escribió “(…) para evitar su uso (del veto) -jurídicamente lícito, aunque políticamente imposible- la Monarquía renuncie a ella y se convierta en una monarquía republicana donde tal facultad no exista”.

Así mismo, tomada de otro trabajo de A. D. Martín Rubi, se debe tener en cuenta la opinión de D. Eustaquio Galán Gutiérrez, Catedrático de Derecho de la Universidad Complutense (El Alcázar, 25-VII-1985): “Interpretar asimismo que el artículo 91 de esa supuesta Constitución impone al Rey la obligación de sancionar las leyes, es asimismo falso, pues para ello tenía que decir que el Rey sancionará obligatoriamente en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y no dice obligatoriamente ni usa otra locución semejante. De modo que ese artículo sólo le señala al Rey un plazo para sancionar, si quiere. Pero nada dice para el caso de que el Rey no quisiere sancionar, o sea, que respeta, clara aunque implícitamente, el derecho de veto real. Y para colmo de la confirmación de que el Rey tiene potestad legislativa, al artículo 90 se le escapa decir literalmente —y así es— que antes de la sanción de Rey, todavía no hay ley, sino solo proyecto de ley. Y esto constituye una prueba contundente de que la sanción real perfecciona la formación de la ley, de que es el acto culminante del proceso legislativo que convierte en ley lo que antes sólo es un proyecto de ley, y no, como sostiene Ya, un trámite irrelevante y automático”.

Por cierto, el diario Ya, “órgano” de la Conferencia Episcopal en aquellas fechas, no publicó un trabajo del Obispo de Cuenca sobre la citada ley; poco después, este y otros periódicos de la Conferencia serían mal vendidos, quedándose prácticamente sin voz la Conferencia Episcopal y yendo muchos a parar a manos socialistas.

Además, hay que tener en cuenta que la Evangelium vitae (Ev. Vit.) Punto 74 dice: “La introducción de legislaciones injustas pone con frecuencia a los hombres moralmente rectos ante difíciles problemas de conciencia en materia de colaboración, debido a la obligatoria afirmación del propio derecho a no ser forzados a participar en acciones moralmente malas. A veces las opciones que se imponen son dolorosas y pueden exigir el sacrificio de posiciones profesionales consolidadas o la renuncia a perspectivas legítimas de avance en la carrera … Esta cooperación nunca puede justificarse invocando el respeto de la libertad de los demás, ni apoyarse en el hecho de que la ley civil la prevea y exija. En efecto, los actos que cada uno realiza personalmente tienen una responsabilidad moral, a la que nadie puede nunca substraerse y sobre la cual cada uno será juzgado por Dios mismo (cf. Rm 2, 6; 14, 12). El rechazo a participar en la ejecución de una injusticia no sólo es un deber moral, sino también un derecho humano fundamental”. “La responsabilidad (en el aborto) implica también a los legisladores que han promovido y aprobado leyes que amparan el aborto” (Ev. Vit. 59). Pues eso, decimos muchos católicos, ¡exíjase y aplíquese!.

Con ocasión de la aprobación de la nueva ley del aborto (2010) un nutrido grupo de teólogos hizo un trabajo en el se expusieron las razones por las que el Rey no debería firmarla, titulado “La Desobediencia es Obligatoria ante Una Ley Injusta”, que resume perfectamente los argumentos jurídicos y teológicos que sustentan la obligación moral y la posibilidad legal de no firmar tal ley.

Y, en relación con la capacidad del rey de aceptar o rechazar las proposiciones de los gobiernos políticos, hay una anécdota muy aleccionadora: cuando el Gobierno del socialista Felipe González se planteó la necesidad de regular los regalos que podían admitir las personas públicas, se lo comentaron al monarca y éste se negó en redondo: “¿Qué queréis, está uno aquí pringando todo el día y encima me pedís que rechace estos detalles..?”, espetó a los socialistas, según José García Abad en su libro “La soledad del Rey”.

De nada sirvieron las buenas, y solas, palabras de Juan Pablo II, en la Plaza de Lima de Madrid en 1982: “Hay otro aspecto, aún más grave y fundamental, que se refiere al amor conyugal como fuente de vida: hablo del respeto absoluto a la vida humana, que ninguna persona o institución, privada o pública, puede ignorar. Por ello, quien negara la defensa a la persona humana más inocente y débil, a la persona humana ya concebida aunque todavía no nacida, cometería una gravísima violación del orden moral. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Se minaría el mismo fundamento de la sociedad”. Es curioso que la visita de Juan Pablo II a España, que se había fijado inicialmente para una fecha anterior a las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 (que ganó el PSOE por primera vez y por mayoría absoluta), fuera postergada a otra poste­rior a las mismas, para que los españoles no escucharan las palabras que el Pontífice pudiera decir contra el aborto, maniobra en la que algo tendría que ver la Conferencia Episcopal.

Claro que, aquellas palabras de Juan Pablo II hay que verlas a la luz de lo siguiente, que copio literalmente del ya citado trabajo de Martín Rubio:

“Hay un testimonio especialmente estremecedor al respecto y que los autores del libro España anestesiada, publicado en 1988 por la Sociedad TFP-Covadonga, recogieron de un artículo escrito por el periodista Abel Hernández en Diario 16 del 6 de julio de 1985 con el título: “El Papa aprueba que el Rey firme la ley del aborto”. Allí se decía que Juan Pablo II comprendía el dilema del Rey y hasta le habría dicho “usted ha de separar su conciencia cristiana de su condición de Jefe de Estado”. Continuó el periodista diciendo que “la obligación constitucional del Rey es firmar las leyes aprobadas en el Parlamento. «No tenía otra disyuntiva que firmar o irse», según una destacada personalidad. Evidentemente al Papa le parece muy bien que el Rey Juan Carlos siga en su puesto. La misma actitud mantiene el Episcopado español según he podido comprobar directamente en la dirección de la Iglesia española”. Lo anterior fue confirmando, en la medida que un testimonio privado lo puede hacer, por el escritor Alfonso Ussía en un debate televisivo el 21 de enero de 2011 (Intereconomía TV; “Lágrimas en la lluvia” dirigido por Juan Manuel de Prada); Ussía dijo: “El Rey fue a ver al Papa diez días antes y el Papa le dijo: Cumpla usted con su obligación. Su deber es cumplir con la Constitución. El Rey fue personalmente a ver al Papa a pedirle un poco la venia”. Ante la trascendencia de la afirmación, el presentador del programa preguntó a Ussía si tenía “certeza” de eso: “Absoluta certeza. Absoluta certeza. Tuvieron una larga conversación, el Rey le expuso al Papa sus problemas de conciencia por la firma de esa ley y el Papa le dijo: Tiene usted que cumplir con sus obligaciones constitucionales”. La Casa del Rey desmintió inmediatamente que hubiera habido ninguna “ audiencia entre el Rey y el Papa no comunicada (…) todas las audiencias que hubo entre Su Majestad y el Papa Benedicto XVI, al igual que con el anterior Pontífice, fueron públicas y conocidas; no existe ninguna audiencia recóndita y no comunicada”; pero, con ello, “Zarzuela” miente y no miente, ya que la Casa Real comunica las audiencias oficiales pero no las privadas, y si hubo o no una de estas no lo sabremos nunca oficialmente; además, puede que, como en muchas ocasiones, “Zarzuela” hiciera una discreta consulta formal, vía Conferencia Episcopal y Nunciatura, a la Secretaria de Estado del Vaticano y allí, de alguna forma, dieran el “niil obstat” para la firma. Más adelante veremos lo que pasó con la ampliación del aborto con la ley de 2010, que puede arrojar luz sobre estos enfoques permisivos; y, con relación a las consultas, un ejemplo esclarecedor es que, con ocasión de la preparación del “golpe de estado del 23-F”, el Comandante Cortina, amigo y compañero de promoción del Rey y alto cargo en los servicios secretos, tuvo informadas a las jerarquías eclesiásticas, Nuncio incluido, de lo que tramaba.

Y también de las siguientes tomadas de la encíclica Evangelium vitae (Punto 73) del mismo papa Juan Pablo II y posterior en diez años a la primera ley del aborto española: “Cuando no sea posible evitar o abrogar completamente una ley abortista, un parlamentario puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública; obrando de este modo no se presta una colaboración ilícita a una ley injusta: antes bien se realiza un intento legítimo y obligado de limitar sus aspectos inicuos”. Las mismas palabras las utilizó, por cierto, en diciembre de 2009 el Abad de Montserrat para justificar su apoyo al “católicosocialista” José Bono, quien activamente defendió la ampliación del aborto. Aunque el Papa habló de un caso de conciencia, una cuestión particular delimitada cuidadosa y restrictivamente, y cuya solución nunca será ley general, dió pie a que muchos “bonos” hayan arrimado el ascua a su sardina, porque era la aparente proclamación de la doctrina del “bien posible” que muchas veces es lo mismo que la aceptación del “mal menor”, es decir, la convivencia con el mal.

En todo caso, y no solo en el caso del impresentable e separatista Abad de Montserrat, para muchos las palabras del Papa han sido una defensa de la “teoría del mal menor” (o del “bien posible” como dice el Cardenal Rouco), que en la práctica es simplemente colaboración con “el mal” y escándalo grave, por lo que es tan difícil luchar contra ella.

Pues bien, como escribió Ángel Rizo: “allá por el año 1985, cuando se aprobaron las primeras leyes abortistas, un obispo auxiliar de Madrid, Mons. José Guerra Campos, advirtió de excomunión al rey, sobre bases teológicas intachables pero indiferentes para el nuevo Estado. No recuerdo a nadie relevante que le apoyara, de entre los cerca de 80 obispos activos y eméritos de la Iglesia de entonces. Pero sí que poco después de aprobada la ley, S. S. Juan Pablo II recibió a los Reyes de España en visita de eco público. El Papa recibió a los reyes españoles el 29 de septiembre de 1998, en visita privada; según el diario ABC de Sevilla, el Papa hizo gala de un magnífico humor antes y durante la entrevista,… y el Rey defendió la vigencia de la Constitución Española … una Constitución que ampara y desarrolla un marco amplísimo de libertades y derechos individuales (entre los que no está el de la vida de los no nacidos) y colectivos”.

Una de las excusas para la aprobación del aborto fue que, según sus promotores, había que dar un marco legal a los 300.000 abortos anuales que se practicaban de forma clandestina; sin embargo, al año siguiente de la despenalización se registraron tan solo 467 abortos legales. Y, como dice Francisco Torres, “Conviene la escasa importancia del denominado aborto ético (por violación), ya que las cifras, pese a su crecimiento, son incuestionables: 19 casos sobre setenta mil en el 2001; 14 casos de cincuenta mil en el 97; 5 casos de cincuenta mil en el 95; 9 de cuarenta y tres mil en el 92”.

Pero el aborto venía de atrás, por que ya desde e1 de marzo de 1979, fecha en que ganó las elecciones, la UCD se declaró partidaria del mismo en la práctica, nombrando al abortista Fernández Ordóñez ministro de justicia; otros partidos “de derechas” se inclinaban igualmente por él. Así la “derechona”, las izquierdas y la connivencia, o al menos la tibieza, de los “elipandos”, como algunos califican a Tarancón, Setién, Cirarda y otros, propiciaron su llegada en 1985 y quienes ni siquiera recordaron la excomunión latae sententiae que pesaría sobre los que “procuraran” el aborto en cualquier forma.

Y no solo venía de atrás, sino que “estaba atado y bien atado”, hasta el punto que el líder de Alianza Popular, Fraga Iribarne, se atrevió a decir en público que su partido no derogaría la ley del aborto (ABC de Sevilla del 7-V-1986), y nadie se dio por aludido ni entonces ni ahora. Por supuesto, su segundo, Aznar, estaba de acuerdo y siguió estándolo, y declaró públicamente prácticamente lo mismo hizo Fraga (ABC, del 13-X-89).

Prácticamente hasta casi ahora mismo, con relación a la ley del aborto de 1985 la Conferencia Episcopal Española (CEE) se ha limitado a condenar el aborto “en abstracto”, y a calificarlo de “crimen abominable” por boca del entonces Presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Suquía (en una conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI el 20 de marzo 1989) y poco más; ni una sola manifestación pública solicitando su derogación ha sido siquiera alentada por la CEE. Esta “política” de la Conferencia Episcopal, poco congruente con la doctrina de la Iglesia y la ley natural, está, desgraciadamente, bastante generalizada; por ejemplo, hace pocos años los obispos catalanes dijeron, y nadie les ha corregido, algo así como que el proyecto de estatuto independentista “es profundamente contrario al espíritu cristiano en su título primero, lo cual es negativo, pero como desde el punto de vista político consigue mayores cotas de autogobierno (sic) para Cataluña, lo que es positivo, pues que dejan libertad de voto a los cristianos para que éstos decidan cuál de ambos aspectos tiene más peso”; ¡pasmosa forma de ejercer la pastoral!, a pesar del riesgo cierto de rotura de España que conlleva, y las consecuencias de todo tipo que de esto se deriven, y del daño moral a la familia y a la vida que acarrea esa ley.

Si bien es cierto que la mayoría de la legislación abortista fue promovida y promulgada durante mayoría parlamentaria del PSOE (donde se encuentran también políticos que se declaran católicos), no menos cierto es que durante los pasados 8 años en que el Partido Popular estuvo en el Gobierno, (con mayoría parlamentaria durante los 4 años de su segundo mandato), no se derogó la legislación sobre tal “crimen abominable”. Públicamente José Mª Aznar, Presidente del PP, en campaña electoral, se declaró a favor de la legislación sobre el aborto en vigor (igual que muchos de los senadores de su partido). No solo eso, como veremos, el aborto quirúrgico se disparó bajo su mandato y se legalizó el químico … Huelga señalar que en el Partido Popular la mayoría de los parlamentarios se declaran católicos, incluso cuentan con miembros del “Opus Dei” (uno de los cuales fue Presidente de las Cortes y luego Ministro). Citando a Alfonso Guerra: “… la CEE no le pidió al Partido Popular la derogación de la Ley del Aborto”.

Además, el Tribunal Constitucional, durante el mandato del PP, declaró conforme a ley “toda actuación sobre el embrión o feto ¡VIVO!”, ampliando la jurisprudencia con su Sentencia 116/1999: … “los no nacidos no pueden considerarse en nuestro ordenamiento constitucional como titulares del derecho fundamental a la vida que garantiza el Art. 15 de la Constitución”. Recordemos que la independencia de la Justicia en España es, en gran medida, mera pantalla desde que los partidos políticos ponen los magistrados que les gustan en los principales tribunales.

Pues bien, a don José María Aznar le nombraron catedrático extraordinario (¡de ética!) de la Universidad Católica de Murcia, en noviembre de 2009, con la bendición del cardenal Cañizares; ¿qué ética cristiana puede enseñar?; eso sí, se le permitió decir que “no cambió la ley por respeto al consenso alcanzado en 1985”, y que “hice lo que pude” (ante el aborto). En enero del mismo año también se le concedió el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Cardenal Herrera-CEU, institución aparentemente tan respetable, y tan dependiente del Cardenal de Madrid, como la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP).

Pero el mayor escándalo, sin paliativos, han sido las declaraciones de la Conferencia Episcopal después de que el Senado aprobara por la nueva “Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo”, por boca de su secretario, Monseñor Martínez Camino (25-II-2010), en las que prácticamente dijo que : “El Rey podrá comulgar aunque firme la Ley del Aborto”.

Desde luego, difícilmente se puede llegar a mayor grado de relajación doctrinal y escándalo. Únicamente, ya firmada la ley por el rey, Monseñor Reig Plá, obispo de Alcalá de Henares y presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida, aseguró que con esta ley se produce un mayor deterioro para la vida humana respecto a la anterior ley, reiteró que los parlamentarios que votaron a favor están en situación objetiva de pecado y aseguró que con su sanción el Rey incurrió en “cooperación material con el mal”. No hay duda que ante este panorama no es nada extraño que el aborto haya sido asumido mayoritariamente por la manipulada sociedad española [36], hasta el punto de que la mitad de los alumnos de Religión apoyan una regulación permisiva del aborto.

La senda legislativa de la degradación de España:

“Mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica”. JUAN CARLOS REY.
Todo lo que manda el Rey, que va contra lo que Dios manda, no tiene valor de Ley, ni es Rey quien así demanda (Lope de Vega, en “La Estrella de Sevilla”).“Rex eris, si feceris ius ; si non feceris ius, non eris rex” (Máxima visigótica del siglo V; similar a la de San Isidoro de Sevilla: “Rex eris si recta facis, si autem non facis, non eris”, y a la fórmula del juramento que se tomaba al Rey en la Cortes de Aragón: Rey serás si ficieres derecho, e si non ficieres derecho non serás rey)

Ley Orgánica 9/1985, de 5 de Julio, “de reforma del artículo 417 bis del Código Penal” (B.O.E. de 12 de julio, ref. 14138)
“Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica. Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 5 de julio de 1985. JUAN CARLOS R.

Luego se desarrolló por el R.D. 2409/1986, sobre “Centros Sanitarios acreditados y dictámenes preceptivos para la interrupción voluntaria del embarazo” (B.O.E. del 23 de noviembre de 1986 nº 281), y se conoció como “despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo”.

Ley 42/88 de 28 de diciembre de 1988, “de Donación y Utilización de Embriones y Fetos Humanos”.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 212/1996, de 22 de enero, publicada en el BOE 39, de 14 de febrero y la Sentencia del Tribunal Constitucional, hecha pública el 23 de diciembre de 1996, declaran constitucional la Ley 42/88; es aprobada “toda actuación sobre el embrión o feto vivo …”.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 116/1999, de 17 de junio de 1999, estableció que: “los no nacidos no pueden considerarse en nuestro ordenamiento constitucional como titulares del derecho fundamental a la vida que garantiza el art. 15 de la Constitución”.

La Píldora RU-486 fue aprobada el 7 de febrero de 2000 y la Píldora del Día Después (PDD: Norlevo, de laboratorios Alcalá Farma, y Postinor, de Schering, hoy Bayer), el 23 de marzo 2001, por la Agencia Española del Medicamento, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo. Luego se han dado sin receta médica.

LEY 45/2003, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, “sobre Técnicas de Reproducción Asistida” (B.O.E. de 22 noviembre 2003, núm. 280); es conocida como “Ley Pastor”.

LEY 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio (B.O.E. de 2 julio 2005, núm. 157).

LEY 14/2006, de 26 de mayo, “sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida” (BOE número 126 de 27 de mayo de 2006).Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, “de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (B.O.E. de 4 de marzo de 2010, Núm. 55).

EL AUTOR

*José María Manrique es coronel de Artillería y colaborador de AD, diplomado de Estado Mayor, autor de varios libros sobre temas de historia militar española moderna: ‘Las armas de la guerra civil’, ‘La guerra 1936-39 en Sigüenza’, ‘Sáhara Español, una historia de traiciones’, ‘Sangriento combate en Edchera’, ‘CETME’, ‘Las Armas de Destrucción Masiva y la Protección Civil en España’, entre otros muchos.