Nuevo hospital de San Pablo de Barcelona

Un desvío de 38,5 millones de euros por encima del coste previsto y falta de “publicidad y transparencia” en la adjudicación de las obras de construcción del nuevo Hospital de San Pablo son las principales irregularidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, en su informe de fiscalización de la Fundación Privada Hospital de la Santa Cruz y San Pablo relativo al año 2009 (aunque también analiza aspectos de años anteriores y posteriores) hecho público este jueves.

Esta denuncia es el colofón de un año, 2012, en el que la institución sanitaria -dirigida por un patronato del que forman parte la Generalidad, el Ayuntamiento de Barcelona y el Arzobispado de Barcelona- se ha visto envuelto en múltiples escándalos de presunta corrupción de algunos de sus directivos, que están bajo investigación judicial.

Otro informe cifra el desvío en 77 millones

Según la Sindicatura, ‘a 31 de diciembre de 2010, los dos adjudicatarios de las obras de ejecución del nuevo hospital habían facturado 217 millones de euros para la construcción de las cuatro fases, de los cuales 178,5 millones corresponden al volumen total contratado y 38,5 millones, a la liquidación de trabajos adicionales, gastos por revisiones de precios, liquidaciones de intereses y otros gastos generales e indemnizaciones, derivadas principalmente de la dilatación de los plazos de ejecución de las obras‘.

Sin embargo, estos datos no coinciden con los de un informe interno, revelado por El País en mayo pasado, que eleva el desvío de los costes totales de construcción de las nuevas instalaciones, incluido el equipamiento, desde los 216 millones inicialmente previstos hasta 293 millones de euros, esto es, 77 millones de euros de diferencia.

Dicho informe destacaba, entre otras cosas, ‘la inexistencia de planificación global’, graves ‘deficiencias en el proyecto’ original y ‘desvíos económicos importantes debidos a un elevado número de obra contradictoria‘, además de cuestionar el hecho de que algunas fases de la construcción se adjudicaron a dedo.

Sin “explicación suficiente del motivo de estos retrasos”

Las obras empezaron en el año 2000, gracias a un acuerdo con la Generalidad firmado en 1990, según el cual, la Administración autonómica se incorporaba al patronato de la Fundación a cambio de ‘aportar, como dotación patrimonial a favor de la Fundación, los fondos necesarios para la construcción, instalación y puesta en funcionamiento del nuevo hospital’.

El nuevo hospital, finalmente, fue inaugurado en 2009, lo que supuso ‘un retraso de al menos tres años respecto al plazo previsto‘, según denuncia la institución fiscalizadora. ‘La Sindicatura no ha podido obtener una explicación suficiente del motivo de estos retrasos’, añade.

Sobresueldos, pagos irregulares, adjudicaciones a dedo

En mayo pasado se conocieron múltiples irregularidades en la gestión del centro hospitalario. Destaca el hecho de que el Hospital de San Pablo pagó durante más de siete años el sueldo al ex gerente adjunto Ricard Gutiérrez Martí (entre 80.000 y 110.000 euros anuales) a pesar de que ya no trabajaba en el centro sanitario. Además, le indemnizó con otros 158.569,63 euros en mayo de 2011, cuando finalmente se formalizó su despido. Esto supone alrededor de un millón de euros por tres años de trabajo.

Gutiérrez Martí, cercano al PSC, es un peso pesado de la sanidad pública nacional. Es vicepresidente de la Organización Médica Colegial (OMC) en representación del Colegio de Médicos de Barcelona y director de una cátedra en gestión sanitaria de la Fundación Doctor Robert, dependiente de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). También ha ocupado cargos directivos en el Ministerio de Sanidad, el Ayuntamiento de Barcelona y la Cruz Roja.

Por otra parte, el representante del Arzobispado en el patronato, Joan Ros Petit, trimestralmente ha estado facturando al centro unos honorarios de cerca de 6.000 euros cuando los estatutos de la fundación establecen claramente que los patronos no pueden cobrar del hospital.

También José Cuervo, ex delegado de la Generalidad en Madrid durante el segundo tripartito y ex teniente de alcalde de Barcelona con el PSC, habría cobrado 49.900 euros anuales desde 2011 por un trabajo presuntamente ficticio simulado mediante un contrato de asesoría (la normativa del centro permite asignar este tipo de contratos a dedo cuando sean por un importe inferior a 50.000 euros) y que compatibilizó con su plaza de médico inspector en el hospital de Bellvitge. Cuervo rechazó las acusaciones. “No valoré bien las circunstancias, con los recortes, y que este acuerdo podía malinterpretarse. Lo que sí puedo decir es que hice el trabajo”, señaló al conocerse el caso.

Tras una denuncia de una médico del hospital, Carme Pérez (que se presentó en la lista de Ciudadanos en las pasadas elecciones), el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona inició una investigación por si la dirección hubiese podido incurrir en múltiples delitos de estafa y malversación de fondos por el pago de facturas, sueldos e indemnizaciones irregulares a altos cargos del centro sanitario y a patronos de la Fundación. El juez imputó al entonces presidente de la parte gestora del hospital, que fue intervenida por la Generalidad en marzo pasado, al detectarse un agujero financiero de entre 18 y 30 millones de euros. Actualmente, está inmerso en un proceso de dolorosos recortes laborales.

La Voz de Barcelona