El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido el abono de la paga extra a los funcionarios vascos tras admitir a trámite esta mañana el conflicto de competencias planteado por el Gobierno central, han informado fuentes del alto tribunal. De esta forma, queda paralizada la paga extra que iban a recibir los 67.000 funcionarios vascos.

La decisión ha sido adaptada por el pleno del tribunal de garantías constitucionales en la reunión que celebra hoy. El Constitucional deberá ratificar esta suspensión en un plazo no superior a los cinco meses, o, en su caso, levantar la suspensión del pago. Ha dado además traslado de la demanda al Gobierno Vasco para que en el plazo de veinte día presente sus alegaciones.

Aunque en un principio estaba previsto que hasta el día 20 no se ingresara la extra a los 67.000 funcionarios vascos, como ocurre todos los años, algunos de ellos que tienen domiciliadas sus nóminas en alguna entidad de ahorro han comprobado esta mañana que ya se les ha ingresado la nómina del mes de diciembre y la paga extraordinaria.

Además, fuentes sindicales han asegurado no tener dudas de que vayan a poder cobrar la nómina todos los trabajadores públicos del Gobierno Vasco puesto que algunos de ellos han pedido adelantos de nómina en el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, y se los han concedido. Funcionarios de la Ertzaintza que tienen sus nóminas domiciliadas en Ipar Kutxa también han indicado a Efe que hoy mismo tenían hecho ya el ingreso de la extra navideña.

La portavoz en funciones del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, ha afirmado hoy que el Ejecutivo autonómico “no podía hacer otra cosa” con la ley en la mano que pagar la extra de Navidad a sus funcionarios. Mendia ha insistido en que “la razón asiste a este Gobierno” (el vasco) porque tiene “razones fundadas en derecho y una absoluta seguridad jurídica en la decisión que ha tomado”.

Mendia ha criticado el conflicto de competencias presentado por el Gobierno de España que lo ha considerado “preventivo” ya que, ha explicado, “ni siquiera se ha requerido a este Gobierno documentación que acredite que existe un acto administrativo que pueda ser recurrido”.