El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, ha presentado su dimisión del cargo, convirtiéndose en el primer presidente del Poder Judicial que abandona su cargo, han confirmado fuentes de este órgano.

La decisión es consecuencia de la polémica suscitada a raíz de conocerse que su presidente, Carlos Dívar, cargó a los presupuestos de este órgano parte del coste de una treintena de viajes que realizó en fines de semana por valor cercano a los 28.000 euros.

Como todos esperaban, Dívar comunicó su decisión a los 20 vocales nada más comenzar el Pleno, y de ese modo hacía pública la decisión “rotunda y contundente” que anunció el pasado sábado, cuando quedó paralizado el Pleno en el que iba a pedirse su cese.

A partir de la publicación de la dimisión de Dívar en el BOE, el CGPJ pasará a ser presidido en funciones por su hasta ahora vicepresidente, Fernando de Rosa, de tendencia conservadora. En el Tribunal Supremo el puesto de Dívar será igualmente en funciones para el presidente de Sala más antiguo, en este caso Juan Antonio Xiol Ríos, considerado progresista moderado.

DE INSTRUCTOR A PRESIDENTE

Carlos Dívar, que cumplirá 71 años el próximo mes de diciembre, comenzó su carrera jurídica ejerciendo como magistrado en distintas localidades como Castuera, Durango, Orgaz y San Sebastián. En 1980 fue nombrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, donde fue designado como presidente 21 años después, en 2001.

Dívar mantuvo este cargo hasta su nombramiento como presidente del Tribunal Supremo y del órgano de Gobierno de los jueces en septiembre de 2008, puesto para el que fue elegido por unanimidad por los veinte vocales del CGPJ.

Propuesto por el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su figura fue calificada en una declaración institucional avalada por los vocales como la “persona idónea para generar confianza y consenso en el órgano de gobierno de los jueces”.

Los vocales destacaron en aquel momento los méritos y cualidades que concurrían en su persona, especialmente su condición de jurista de Estado y su idoneidad para presidir el Tribunal Supremo y el órgano de gobierno del Poder Judicial para que éstos tuvieran “eficacia” y gozaran “del prestigio y de la credibilidad necesarios entre los ciudadanos”.

También resaltaron la capacidad de diálogo y la trayectoria profesional “impecable” de Dívar durante sus casi 40 años de ejercicio, caracterizados por su “independencia, prudencia, discreción y preparación técnica”, entre otros muchos elogios.

El hasta ahora presidente del Supremo sufrió en la Nochebuena de 2003 un intento de atentado de la banda terrorista ETA que planeó acabar con su vida durante su desplazamiento diario desde su domicilio hasta la Audiencia Nacional. La acción fracasó debido a que su comitiva empleó aquel día un trayecto diferente al habitual. Dívar atribuyó su salvación “a la intercesión de la Virgen de Fátima”.

DIMITE DESPUÉS DE QUE CASI 100.000 CIUDADANOS SE LA HAYAN RECLAMADO

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, ha presentado su dimisión después de que casi 100.000 personas hayan firmado una petición en la plataforma change.org en la que le solicitaban la adopción de esta medida.

El creador de la iniciativa, el periodista Máximo Pradera, defiende que la responsabilidad de Dívar “no es política, como se viene diciendo, sino deontológica”, según informaron los impulsores de la iniciativa en un comunicado, que reclamaban la dimisión para “salvaguardar la imagen y credibilidad de los integrantes del Poder Judicial”.

La propuesta, que fue apoyada por miles de firmes a los pocos días de lanzarse, surgió para “canalizar la indignación ciudadana frente a estos supuestos abusos de la máxima autoridad del Poder Judicial español”. Cuando Dívar compareció en la sede del CGPJ para asegurar que tenía la “conciencia tranquila”, la plataforma entregó un total de 14.000 firmas.

“Si los ciudadanos empezamos a reclamar a los servidores públicos que además del Código Penal, respeten los códigos deontológicos, habremos sentado las bases de la regeneración moral de la sociedad”, explica Pradera en la petición.